El Congreso vota los decretos de vivienda, que previsiblemente no saldrán adelante

Madrid, 2 oct (EFE).- El pleno del Congreso votará en la mañana de este viernes los dos decretos ley de vivienda aprobados esta semana por el Consejo de Ministros, que previsiblemente serán tumbados con el rechazo de Junts -que no reveló su intención de voto hasta el jueves por la noche-, PP, UPN y Vox.

Los dos decretos ley de vivienda aprobados esta semana no serán convalidados en principio si finalmente Junts vota en contra este viernes, como así decidió anoche su ejecutiva por unanimidad si no se retiraban antes de su votación.

Junts pidió anoche al Gobierno la retirada de ambos RDL, cuestión a la que el Ejecutivo central se ha negado, así como la redacción y aprobación de un nuevo decreto de vivienda que cumpla con sus condiciones.

El Gobierno había apurado hasta última hora las negociaciones para sacar adelante todas las medidas y había conseguido el apoyo de Sumar, Podemos y ERC para los dos decretos.

Además, el PNV, que en abril se abstuvo, aseguró su apoyo únicamente al primer decreto, que es el que contiene el grueso de las medidas, al tiempo que lo va a criticar este viernes por considerarlo un "parche puntual con muchas carencias".

Coalición Canaria también ha anunciado su intención de apoyar únicamente el decreto que incluye el grueso de las medidas.

La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, defenderá ante el pleno del Congreso el primero de los dos decretos -el que contiene el grueso de las medidas y más posibilidades de salir adelante-, mientras que el segundo —el de renovación automática de los contratos de alquiler— lo defenderá el titular de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, de Sumar.

Rodríguez señalará previsiblemente en el Congreso que se trata de un decreto "amplio" y "transversal", fruto de la negociación que su ministerio ha mantenido desde hace meses con los grupos parlamentarios de la mayoría de investidura y en el que hay medidas que todos ellos han defendido en algún momento o que le han hecho llegar.

Entre ellas destacan medidas de protección ante los desahucios hasta el 31 de diciembre de 2030, limitaciones a la compra especulativa de vivienda hasta el 31 de diciembre de 2028, la regulación del alquiler de temporada y habitaciones, la imposición de un 10 % de IVA a los pisos turísticos, deducciones fiscales a los inquilinos y bonificaciones a los pequeños propietarios.

También la bajada del IVA al 4 % a la vivienda protegida, préstamos ICO a interés 0 % para la entrada de una hipoteca, la prórroga por dos años de los contratos de alquiler que venzan antes del 31 de diciembre de 2028 y topes en la actualización anual de las rentas hasta el 31 de diciembre de 2027 (0 % si la renta supera el máximo del índice de referencia y 2 % si no lo supera).

Asimismo, el decreto incluye la prohibición de compra de vivienda para los "fondos buitre" hasta el 31 de diciembre de 2028 por un precio inferior al 70 % del valor de tasación de mercado.

Por su parte, el decreto que defenderá Bustinduy consta de un único artículo que establece la renovación automática de los contratos de alquiler, lo que supone la obligación para los arrendadores de acreditar una causa justificada para no renovar el contrato y, si no lo hace, que tenga que indemnizar al arrendatario.

Esta medida, reclamada por la Confederación de Sindicatos de Inquilinas desde hace una semana, a raíz del desahucio en Madrid de Maricarmen, de 87 años, también será rechazada previsiblemente por la mayoría parlamentaria que suman el PP, Vox, PNV, Junts, Coalición Canaria y UPN.EFE