El Govern pide explicaciones por la traducción en el juicio por la mutilación a Roger Español

La Conselleria de Justicia y Calidad Democrática ha hecho un requerimiento a la empresa encargada del servicio de traducción al catalán prestado en los tribunales después de que los abogados del juicio a cuatro policías nacionales por la mutilación de un ojo a Roger Español el 1-O tuviesen que renunciar al catalán por la falta de solvencia de los traductores asignados.

En un comunicado recogido por Europa Press, desde el departamento subrayan que se han dirigido a la empresa para que aclare los incumplimientos que se hayan producido, con el objetivo de garantizar que el servicio se ajuste a las condiciones contratadas.

El comunicado llega después de que Irídia, Òmnium y la Assemblea Nacional Catalana, que ejercen como acusación particular y popular en esta causa, así como las entidades impulsoras de la campaña 'Justícia per Roger' tacharan de "intolerable la vulneración de derechos lingüísticos" sufrida durante el juicio.

En un comunicado recogido por Europa Press, las entidades lamentan que los abogados tuviesen que "autotraducirse al castellano" durante la segunda sesión del juicio, hasta el punto de no poder preguntar en catalán a algunos de los testigos porque la persona encargada de la traducción no podía desarrollar la tarea con solvencia.

Esto, recuerdan, vulnera la Carta de los derechos lingüísticos de la ciudadanía ante la Justicia, así como la Ley Orgánica del Poder Judicial.

"FALTA DE TRANSPARENCIA"

Por otro lado, las entidades han denunciado una "falta de transparencia pública" en un juicio que, por su trascendencia, entienden que no solo interpela a Roger Español sino al millar de ciudadanos que el 1 de octubre de 2017 resultaron heridos.

Aseguran que personas interesadas en seguir físicamente este juicio como público se han encontrado con "trabas" por los límites de aforo impuestos.

A esto se suma, según las acusaciones, la imposibilidad tanto para la ciudadanía como para los medios de comunicación de poder seguir la totalidad del juicio de forma telemática, lo que entienden como una falta de transparencia.

Este hecho afecta, "de manera muy relevante, a la labor que están realizando diversos observadores internacionales de derechos humanos", critican las entidades, que reclaman que el juicio se celebre bajo la máxima transparencia y que se solvente de forma urgente la opacidad y la vulneración de derechos lingüísticos.