Madrid, 11 sep (EFE).- Dos empresarios vinculados al comisionista Víctor de Aldama, Juan Carlos Cueto e Íñigo Rotaeche, han declarado este viernes como investigados en la Audiencia Nacional y han negado que tuvieran conocimiento o que pagaran comisiones a cambio de que la empresa Soluciones de Gestión lograra contratos públicos para suministrar mascarillas en la pandemia.
Ambos han acudido a declarar este viernes de forma voluntaria ante el magistrado de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, quien asumió la parte del caso Koldo que no fue juzgada y sentenciada en el Tribunal Supremo, donde el exministro de Transportes José Luis Ábalos fue condenado a 24 años de años de prisión y el empresario Víctor de Aldama a cuatro años y medio, aunque en su caso se suspendió la ejecución de la pena por haber colaborado.
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Dentro de esa colaboración, Víctor de Aldama confesó el pago de comisiones y la sentencia consideró probado que recibió 6,6 millones de euros en este concepto pagadas por Soluciones de Gestión a cambio de obtener contratos para suministrar mascarillas por parte de Puertos del Estado y de Adif, por valor de 20 y 12,5 millones de euros, respectivamente.
Sin embargo, Íñigo Rotaeche, administrador único de Soluciones de Gestión y Juan Carlos Cueto, que según los investigadores controlaba realmente esta empresa, han coincidido en negar el pago de estas comisiones, ante preguntas de la Fiscalía y de sus defensas, según han indicado a EFE fuentes jurídicas.
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Ambos pidieron acudir a declarar voluntariamente y en el caso de Cueto es la segunda vez que declara ante el juez, mientras que Íñigo Rotaeche lo ha hecho por primera vez.
Según sus relatos, estos empresarios únicamente aceptaron una propuesta de negocio que partió de Víctor de Aldama e hicieron las correspondientes ofertas, que después resultaron adjudicatarias, sin conocer el pago de comisiones.
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Además, en declaraciones coincidentes, han atribuido a un error de otro investigado -José Ángel Escorial- el hecho de que hubiera contratos entre Soluciones de Gestión y el Grupo Cueto para posibilitar el suministro de las mascarillas fechados el 16 de marzo de 2020, antes de la orden ministerial que puso en marcha la adjudicación, del 20 de marzo.
Para mostrar el error, Cueto pidió aportar un informe pericial respecto a las fechas reales, algo que le fue denegado en esta fase procesal.
Además, según estos empresarios la oferta que elaboraron para Puertos de Gestión se entregó en mano, en el exterior del Ministerio de Transportes por parte de Cueto y de Víctor de Aldama el 19 de marzo de 2020, apuntan fuentes jurídicas.
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Por otra parte, Cueto ha negado que fuera la persona que realmente ejercía el control de Soluciones de Gestión, como consideran los investigadores, y ha apuntado que su empresa solo trabajaba para prestar logística y tenía la misma sede porque era un espacio de trabajo compartido.
Con estas declaraciones, el juez Ismael Moreno ultima las pesquisas de esta parte del caso Koldo, al tiempo que tiene abiertas otras dos piezas separadas, la que investiga posibles mordidas en obra pública, donde está investigado el exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, y la que analiza el sistema de pagos en metálico del PSOE, que está declarada secreta. EFE
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