Madrid, 7 sep (EFE).- La consejera de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado, ha explicado que ha iniciado la vía para llevar a la justicia la disputa con el Gobierno central sobre quién debe asumir algunas de las competencias del nuevo proceso de triaje establecido por el pacto europeo.
En concreto, Canarias considera que es el Estado el que debe hacerse cargo de este triaje en el caso de los menores migrantes no acompañados y nombrar a quien debe desempeñar la nueva figura de representante de estos menores, mientras que el Gobierno central cree que debe ser Canarias quien se encargue de esta labor.
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Sobre este y otros asuntos pendientes han tratado la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, y la consejera en una reunión bilateral programada este lunes tras la suspensión de la última Conferencia Sectorial de Inmigración, porque las comunidades del PP plantaron al Ejecutivo.
Sin embargo, la consejera ha dicho, en declaraciones a los medios tras la reunión, tener la "sensación" de que siempre que acude a Madrid a hablar con el Estado se va "de la misma manera" y que "si no es por la justicia", este no actúa: "Eso no es un Estado de derecho, no es un Estado de colaboración", ha lamentado.
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Ante la falta de acuerdo en esta reunión, la consejera ha explicado que el Ejecutivo canario va a esperar la respuesta de un primer requerimiento al delegado del Gobierno presentado el pasado viernes y lo siguiente será hacerle otro al Ejecutivo central para, después, elevar todo al Tribunal Supremo, como ya ocurrió con la cuestión de los menores solicitantes de asilo, ha recordado Delgado.
Durante el encuentro, la consejera ha señalado que el Gobierno se ha ofrecido a financiar a Canarias para que asuma estas competencias dentro del pacto europeo, pero el Ejecutivo de las islas se ha negado porque, a su juicio, "no es una cuestión de dinero".
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Canarias insiste en que el Pacto Europeo de Migración y Asilo establece que el triaje es competencia de la administración con competencias en el control fronterizo, porque lo que pretende es defender el territorio naciona,l por lo que, "evidentemente", es competencia del Estado.
Por su parte, la ministra Saiz ha anunciado que el Gobierno va a sufragar los costes asociados a "todo lo que tiene que ver con el triaje" en Canarias, igual que en el caso de Melilla y Ceuta, hasta que la Justicia determine las especificidades de este nuevo proceso.
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Preguntada por las discrepancias sobre este asunto con Canarias, Saiz se ha remitido a un futuro pronunciamiento de la Justicia y ha asegurado que el Gobierno siempre actúa "acompañando de manera coherente" a la comunidad y "respetando la legalidad" y la seguridad jurídica.
En la reunión también se han abordado otro asuntos, como el estado del sistema de acogida de migrantes del Ministerio en Canarias, el cual cuenta con 5.000 plazas, de las cuales solo están ocupadas 1.000 porque se están trasladando a las personas a la Península, lo que ha valorado la consejera positivamente.
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Y un balance sobre el proceso de regularización extraordinaria en las islas, sobre la que Saiz ha dado algunos datos: en torno a 37.000 solicitudes de países como Colombia, Venezuela, Marruecos y Perú y 14.500 nuevas altas en la Seguridad Social procedentes de esta medida, sobre todo en sectores como la construcción, la hostelería o los servicios. EFE
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