Barcelona, 13 jul (EFE).- El Govern catalán ha presentado este lunes el anteproyecto de ley de simplificación de trámites en el ámbito urbanístico y ambiental, una reforma de la administración que busca que empresas y ciudadanos obtengan licencias de obras y autorizaciones ambientales en un plazo de un mes, y planeamientos urbanísticos derivados en seis u ocho meses.
La nueva normativa, que modifica 15 textos legales vigentes –10 con rango de ley y 5 reglamentos– no busca desregular ni alterar los requisitos técnicos o ambientales, sino solo incidir en aspectos procedimentales y establecer un régimen de corresponsabilidad con el sector privado para acelerar la actividad económica y la reindustrialización.
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Así lo ha explicado el Govern en un acto en la fábrica de Ebro, situada en los antiguos terrenos de Nissan en la Zona Franca, justo cuando inicia el trámite formal de información pública y participación ciudadana del texto, que se alargará hasta septiembre.
El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha defendido que con este anteproyecto lo que están haciendo "es política de la buena, política útil", así como aplicar "un cambio de mentalidad".
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Con este anteproyecto, que forma parte del proceso de reforma de la administración, el Ejecutivo catalán instaura así vías alternativas y voluntarias, e introduce por primera vez un régimen de "corresponsabilidad" entre el sector público y el privado, que podrá emitir informes vinculantes.
La propuesta ha sido elaborada por el Ejecutivo tras reunirse con diversas entidades y asociaciones del sector del urbanismo, los colegios profesionales, el mundo económico y local, y la previsión es que el Govern apruebe la norma a finales de año para iniciar su trámite parlamentario.
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El Gobierno catalán introduce un nuevo procedimiento voluntario en el que permitirá a los promotores, por ejemplo, presentar proyectos acompañados de un certificado de cumplimiento técnico emitido por una Entidad Colaboradora de Certificación en el Ámbito Urbanístico (ECAU).
Estas nuevas entidades recibirán la autorización de la administración para validar proyectos y serán responsables de las certificaciones emitidas, sustituyendo los informes técnicos municipales.
Así, el plazo de concesión de licencias pasará de los actuales 9 y hasta 12 meses de media a solo un mes.
En materia urbanística, y también para agilizar trámites, el texto introduce nuevas actuaciones con el objetivo de reducir a entre seis y ocho meses la tramitación de los instrumentos de planeamiento derivado en vez de los 24 meses de media actuales.
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Las medidas suponen el refuerzo del silencio administrativo positivo en la emisión de informes sectoriales, la simplificación de la tramitación de los instrumentos de planeamiento y un conjunto de medidas de agilización y simplificación, como la incorporación en el texto refundido de la ley de urbanismo el procedimiento urbanístico y ambiental aplicables, ya que actualmente se encuentra "disperso en diversas normas". EFE
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