Madrid, 19 jun (EFE).- El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 incorporará una regulación específica para eliminar los alimentos ultraprocesados y bebidas con azúcares añadidos de los desayunos y meriendas de los centros educativos, tras la normativa aprobada para garantizar una alimentación saludable en los comedores escolares.
El real decreto aprobado en 2025 que asegura cinco comidas saludables a la semana en los centros educativos no incluía desayunos y meriendas, que tendrán que ser variados, completos y equilibrados con esta nueva regulación.
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La nueva norma limitará los alimentos y bebidas con un alto contenido en ácidos grasos saturados, ácidos grasos trans, sal y azúcares, y excluirá los alimentos popularmente conocidos como ultraprocesados, caracterizados por un peor perfil nutricional como bollería, galletas, snacks salados, precocinados, postres y bebidas azucaradas o edulcoradas.
Con esta nueva normativa, cuando se ofrezcan desayunos en centros docentes, ya sea directamente en el centro o a través de empresas que presten ese servicio, se deberá incluir al menos tres grupos de alimentos de entre frutas frescas, cereales integrales, productos lácteos sin azúcares, grasas saludables como aceite de oliva y alimentos proteicos, incluida la proteína vegetal.
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En cuanto a las meriendas, se priorizará la fruta fresca preferentemente entera y de temporada, pequeños bocadillos elaborados con pan integral, leche y productos lácteos sin azúcar añadido y bajo contenido en sal.
Asimismo, se incluirán medidas para la reducción del uso de envases y vajillas de plástico, tanto en el proceso de elaboración, como en el envasado y servicio, fomentando la utilización de materiales más sostenibles.
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El ministerio completa así la normativa para asegurar una alimentación saludable en los centros educativos, tras el anuncio de la extensión de las pautas de comedores escolares al primer ciclo de Educación Infantil (0 a 3 años).
Todas ellas se incluirán en el real decreto para garantizar una alimentación saludable en hospitales y residencias, además de otros centros públicos y centros privados para personas dependientes o con necesidades especiales, sobre el que el Ministerio de Consumo lleva tiempo trabajando en colaboración con Sanidad. EFE
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