Covite denuncia terceros grados "fraudulentos" a los presos de ETA Juan Antonio Olarra y Xabier Zabalo

El colectivo de víctimas del terrorismo del País Vasco, Covite, ha denunciado la concesión de dos nuevos terceros grados "fraudulentos" a los presos de ETA Juan Antonio Olarra Guridi y Xabier Zabalo Beitia. Además, ha pedido "la dimisión" de la consejera de Justicia y Derechos Humanos del Gobierno vasco, María Jesús San José.

En un comunicado, la presidenta de Covite, Consuelo Ordóñez, ha criticado que "el Gobierno vasco vuelve a conceder beneficios penitenciarios a presos de ETA sin exigirles un arrepentimiento real, público, verificable y acompañado de hechos objetivos de desvinculación de la izquierda abertzale".

A juicio de Ordóñez, estas dos nuevas concesiones constituyen "un nuevo episodio de la amnistía encubierta que el Ejecutivo autonómico vasco viene aplicando a los presos de ETA".

El Colectivo ha denunciado, una vez más, que "el Gobierno vasco está utilizando los terceros grados y los artículos 100.2 del Reglamento Penitenciario como instrumentos para acelerar la semilibertad de los presos de ETA sin exigirles un arrepentimiento sincero ni una ruptura pública, clara e inequívoca con el entramado político y social que sostuvo, justificó y todavía hoy legitima el terrorismo de ETA".

"Lo que estamos viendo es una política deliberada de vaciar las cárceles de presos de ETA y hacerlo, además, siguiendo las instrucciones de Sortu, sin pedirles un verdadero arrepentimiento y sin respetar el derecho a la justicia de las víctimas", ha incidido.

Tras responsabilizar de esta política penitenciaria es a San José, que "debe dimitir", la presidenta de Covite ha tildado de "especialmente grave" el caso de Juan Antonio Olarra Guridi, "miembro de ETA condenado por delitos de extrema gravedad, entre ellos asesinatos, atentados, estragos, lesiones, tenencia de explosivos e integración en banda armada, con una pena de cumplimiento de 30 años de prisión y fecha de fin de la condena prevista para 2036".

Según ha indicado, además, Olarra Guridi "ya disfrutaba desde julio de 2025 de un artículo 100.2, una vía excepcional de flexibilización penitenciaria que el Gobierno vasco ha convertido en la práctica en una antesala del tercer grado para presos de ETA que no cumplen con la legalidad para acceder al tercer grado".

Ordóñez ha destacado también que este preso de ETA "sigue siendo reivindicado públicamente por el entorno de la izquierda abertzale", siendo presentado como "un referente por ese entorno". Por otro lado, también ha considerado "significativo" que el Gobierno Vasco concede ahora un nuevo tercer grado a Xabier Zabalo Beitia, "después de que ya se le hubiera concedido anteriormente y esa progresión fuera revocada".

La presidenta de Covite ha recordado que Zabalo "fue condenado a 25 años de prisión por delitos terroristas, entre ellos estragos, lesiones, tenencia de armas con fines terroristas y depósito de explosivos con finalidad terrorista". "Tras la revocación de su anterior tercer grado, Sare Sortu y el entorno político de la izquierda abertzale promovieron una manifestación en su localidad para protestar por aquella decisión judicial", ha señalado.

"DESAUTORIZACIÓN JUDICIAL"

Ordóñez enmarca estas dos nuevas concesiones en "un contexto de creciente desautorización judicial de la política penitenciaria del Gobierno vasco".

Así, ha indicado que, "en las últimas semanas, el Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria ha dejado sin efecto los artículos 100.2 concedidos a los etarras Soledad Iparraguirre, Anboto, y Juan Ramón Carasatorre Aldaz", en unos autos que, para Covite, "confirman que el Ejecutivo vasco está forzando la legalidad penitenciaria para facilitar regímenes de semilibertad a presos de ETA sin cumplir de verdad los requisitos legales".

Asimismo, ha afirmado que, "en el caso de Carasatorre, el juez llegó a constatar que ni siquiera existía el preceptivo plan específico de ejecución tratamental, requisito esencial para aplicar el artículo 100.2".

Para Covite, "aquello fue una actuación administrativa extremadamente grave que puso de manifiesto hasta qué punto el Gobierno vasco está dispuesto a utilizar vías excepcionales como atajos hacia la semilibertad". Asimismo, ha señalado que esta misma semana "el Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria desestimó el recurso presentado por Carasatorre por la revocación de su 100.2, lo que supuso otro varapalo judicial a la política penitenciaria del Gobierno vasco".

Ordóñez ha advertido de que "esta política se sostiene sobre el fraude de las cartas privadas de supuesto arrepentimiento" y ha recordado que "los recientes autos del juez José Luis Castro han confirmado el carácter instrumental de estos escritos, redactados en algunos casos inmediatamente antes de la concesión de privilegios penitenciarios".