Amplían la acción penal contra el jefe de Costas de Cantabria por no mantener la pasarela

Santander, 21 may (EFE).- La instructora de la causa por la muerte de seis jóvenes, tras romperse una pasarela en la senda costera de Santander, ha ampliado la acción penal contra el jefe de la Demarcación de Costas en Cantabria, que será también investigado como responsable de la administración que debió inspeccionar y mantener la infraestructura.

La jueza abrió diligencias, tras el siniestro, como investigado contra el jefe de la Demarcaciones de Costas, José Antonio Osorio, en calidad de director facultativo de la obra de construcción de la senda costera, en los años 2014 y 2015.

Ahora, amplía esa investigación, al considerarle responsable de la administración que debió tener un plan de inspección y mantenimiento de la senda, según señala la titular de la Plaza número 1 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Santander en un auto, cuyo contenido ha dado a conocer en una nota de prensa el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria.

La rotura de la pasarela sobre la playa de El Bocal, una de las cuatro de esa senda costera, provocó la muerte de tres jóvenes del País Vasco, una de Guadalajara, otra de Almería y una chica cántabra, así como heridas graves a otra amiga de los fallecidos, una joven de Álava.

La instructora de la causa por ese siniestro indica que cuando se abrió al público la senda costera, la administración - de la que era responsable Osorio- debió poner en marcha un plan de inspección, conservación y mantenimiento de las infraestructuras, "y no consta que lo hiciera".

Explica que adopta esta decisión tras tomar declaración, la semana pasada, a varios peritos, que expusieron su informe sobre el proyecto de la pasarela, cómo se hizo o sobre el tipo de materiales que se utilizaron.

Esos informes, según señala, apuntan a indicios racionales de que el proyecto técnico de ejecución de la pasarela, ubicada en El Bocal, "carecía de un adecuado plan de inspección, conservación y mantenimiento de la infraestructura una vez concluida y puesta en servicio”.

La jueza añade que con lo que ha instruido hasta ahora, hay indicios de que, tras resolverse el contrato de la senda costera, en abril de 2015, y el acta de comprobación de las obras finalizadas en mayo del mismo año, “no consta que seguidamente la administración responsable implantase mecanismo alguno de control, inspección o mantenimiento de las infraestructuras ya ejecutadas, entre ellas la pasarela siniestrada abierta al público en general sin ningún tipo de restricción”.

"La eventual ausencia de todo sistema de inspección y mantenimiento de la pasarela pudiera guardar relación causal con el deterioro estructural posteriormente producido, extremo que deberá ser esclarecido en fase instructora”, señala en el auto, que puede ser recurrido.

Además del jefe de la Demarcación de Costas, están investigados en esta causa otros dos funcionarios de ese departamento, una policía local que recogió una llamada de aviso sobre el estado de esa pasarela y la técnico del 112 que le trasladó esa llamada, así como el ingeniero que firmó el proyecto de la infraestructura que colapsó. EFE