Alicante, 22 abr (EFE).- El alcalde de Alicante, Luis Barcala, del PP, ha considerado lógicas las citaciones como investigados de la exconcejal de Urbanismo Rocío Gómez y otros técnicos municipales por la jueza que investiga las irregularidades en las viviendas públicas de la Playa de San Juan mientras que el PSPV-PSOE, personado en la causa, advierte de que la Justicia pone el foco en su entorno más cercano.
Tras conocer que la magistrada ha citado a Gómez y a varios altos funcionarios del ayuntamiento, Barcala ha expresado el "máximo respeto a las decisiones judiciales" y ha ofrecido colaboración a la causa.
"Entendemos perfectamente esta resolución" ya que trata de que preste declaración todo aquel que ha estado relacionado con la adjudicación irregular de las viviendas de la promoción de Les Naus por parte de una magistrada que será quien "tiene que dilucidar" lo que ha ocurrido.
Ha proseguido que no ofrecerá "ninguna valoración porque la juez está actuando, y esa actuación es la que tendrá o no consecuencias, y en base a la cual se tomarán decisiones".
El alcalde alicantino, que ha hecho estas declaraciones en un acto sobre el impacto del cambio climático en el turismo, ha recordado que próximamente comparecerá en las dos comisiones de investigación abiertas sobre este escándalo, una municipal y otra en Les Corts Valencianes, y que "por respeto" se reservará sus manifestaciones para ambas.
En un comunicado la portavoz municipal socialista, Ana Barceló, ha afirmado que las citaciones judiciales conocidas este miércoles en relación a Les Naus ponen el foco en cargos políticos del entorno del alcalde y que han formado parte de la estructura municipal.
“Las citaciones a declarar como investigados en la causa acreditan que el escándalo en Les Naus no ha sido una exageración de la oposición ni una polémica artificial sino un pelotazo con vivienda pública de una gravedad extraordinaria”, ha resaltado antes de pedir responsabilidades políticas al alcalde.
El portavoz local de EU-Podem, Manolo Copé, ha considerado que la magistrada deja claro que existen indicios serios de irregularidades y ha sostenido que "Alicante merece saber qué se hizo con su patrimonio público, quién tomó las decisiones y en beneficio" de qué personas. EFE
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