Málaga, 9 abr (EFE).- El Juzgado de Instrucción número 1 de Torremolinos ha confirmado el archivo de las diligencias previas incoadas a raíz de la muerte de un hombre durante una detención policial llevada a cabo en un locutorio de teléfonos de este municipio malagueño en la que se emplearon pistolas táser.
La decisión de archivo no es definitiva, ya que ha sido recurrida en apelación ante la Audiencia de Málaga, han informado este jueves a EFE fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).
El auto de archivo ratifica la decisión adoptada por la magistrada de instrucción el pasado 10 de febrero, cuando acordó el sobreseimiento provisional de las actuaciones.
La decisión fue recurrida por la familia del fallecido y hasta el momento el Juzgado ha estado a la espera de recibir el informe definitivo de autopsia del Instituto de Medicina Legal (IML) encargado al efecto.
A su vez, la representación legal de los familiares también presentó una autopsia alternativa que consta en el procedimiento, han añadido las citadas fuentes.
La confirmación del archivo se basa en que el informe definitivo elaborado por los forenses del IML considera que la muerte del hombre, el pasado 7 de diciembre, se produjo por una causa no natural, que provocó una parada cardiorrespiratoria motivada por una reacción adversa al consumo de sustancias tóxicas.
Esta reacción adversa derivó en la causa fundamental del fallecimiento: un delirio agitado sobre la base de un corazón patológico debido al consumo de sustancias.
El auto de archivo considera que la autopsia realizada por el IML aporta conclusiones más concluyentes, frente al resultado de la autopsia presentada por la parte, que no es concluyente, está basada en hipótesis y es menos completa dado que no analiza algunos restos y fluidos de la víctima, han precisado las fuentes.
El procedimiento será remitido en fechas próximas a la Audiencia de Málaga, donde serán los magistrados de una de las secciones penales los que decidirán si el archivo es definitivo o, por el contrario, ordenan continuar con la investigación judicial para determinar la existencia de responsabilidades penales. EFE
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