El mensaje emitido por el presidente del Gobierno español en la red social 'X' presentó una crítica concreta: “Mismo crimen, distinta pena”, escribió Pedro Sánchez al referirse a la ley aprobada en la Knesset, que establece la pena de muerte por ahorcamiento y en secreto por delitos de terrorismo, pero únicamente para personas palestinas. Sánchez consideró que esta norma supone un avance hacia el “apartheid”, concepto históricamente asociado al régimen de segregación racial vigente en Sudáfrica y Namibia entre los años 1948 y 1991. Según informó Europa Press, el jefe del Ejecutivo resaltó la gravedad del hecho e hizo un llamamiento a la comunidad internacional para que no permanezca en silencio ante esta situación.
La normativa, ratificada el lunes en el Parlamento israelí, causó rechazo tanto en el Gobierno español como en organismos internacionales y entidades de derechos humanos. El texto limita el alcance de la pena capital únicamente a personas palestinas, al tiempo que excluye expresamente a cualquier ciudadano israelí, incluso si incurre en las mismas conductas infractionadas. Europa Press destacó que Sánchez calificó esta disposición como una medida “asimétrica” que no puede equipararse con una administración equitativa de justicia.
En la misma línea, la portavoz del Gobierno, Elma Saiz, expresó su condena hacia la ley israelí en una comparecencia tras el Consejo de Ministros. Durante la rueda de prensa, Saiz afirmó que la legislación aprobada por el Parlamento de Israel “menoscaba el derecho internacional” y aseguró que el Ejecutivo español mantendrá una postura de firme condena “en coherencia con estas decisiones que muestran una deriva radical”, según recogió Europa Press.
Diversos actores y entidades de derechos humanos respondieron al anuncio con manifestaciones de rechazo y demandas de derogación. Según detalló Europa Press, el Centro Palestino de Derechos Humanos utilizó sus redes sociales para expresar su “condena en los términos más enérgicos” y advirtió que la norma “ataca a los palestinos y afianza la política de larga data de Israel de ejecuciones extrajudiciales bajo el pretexto de la ley, en clara violación del Derecho Internacional Humanitario y de los Derechos Humanos”.
La Oficina de Derechos Humanos de la ONU en Palestina indicó que la entrada en vigor de dicha ley refuerza “aún más la violación por parte de Israel de la prohibición de la segregación racial y el apartheid”, ya que la aplicación se reserva “exclusivamente a los palestinos de Cisjordania ocupada e Israel, quienes a menudo son condenados tras juicios injustos”, según consignó Europa Press.
El endurecimiento de la política criminal israelí se produce en un contexto de tensiones continuas entre el Gobierno de Israel y la población palestina en los territorios ocupados. Organizaciones internacionales han insistido en que la aplicación de la pena de muerte dirigida exclusivamente a una comunidad constituye un retroceso en materia de derechos fundamentales, incrementando la preocupación sobre mecanismos de discriminación institucionalizada. Europa Press recogió opiniones de expertos y representantes de organizaciones no gubernamentales que subrayan la incompatibilidad de este tipo de legislaciones con los tratados internacionales ratificados por Israel.
El debate internacional generado tras la ratificación de la norma incluyó peticiones de intervención y revisión por parte de diferentes países y organismos multilaterales. Según publicó Europa Press, múltiples voces alertaron que la ley representa una ruptura con el principio de igualdad ante la ley, y profundiza la desconfianza en el sistema judicial y político israelí entre los sectores palestinos y la comunidad internacional.
Diversos analistas consultados por el medio español subrayaron que la decisión alimenta el clima de división y puede tener efectos en la estabilidad en la región, al aplicarse de manera selectiva y secreta una sanción extrema como la pena capital. En tanto, Europa Press también destacó la insistencia del Gobierno español en la necesidad de mantener la defensa de los derechos humanos y el respeto del derecho internacional humanitario frente a legislaciones de este tipo.
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