La Audiencia de Cantabria acuerda investigar a la joven que denunció sumisión química y violación durante una convención

El hombre que resultó exonerado tras la revisión judicial ha anunciado su intención de solicitar al menos cuatro años de cárcel para la joven denunciante de Zaragoza y un amigo de ella, además de una indemnización de 250.000 euros para cada uno, como compensación por los perjuicios ocasionados a su reputación. Según informó Europa Press, este reclamado resarcimiento irá dirigido tanto a la denunciante como al testigo que corroboró su versión, tras la imputación por un delito catalogado por la defensa como “tan brutal”. El caso ha provocado una nueva investigación, ahora contra la joven y su acompañante, después de que la Audiencia Provincial de Cantabria ordenase el inicio de diligencias.

Tal como publicó Europa Press, la Audiencia de Cantabria acordó que se indague a la joven que había asegurado haber sido víctima de sumisión química y violación en junio de 2024 en Santander, lugar al que asistió por motivos laborales mientras trabajaba para una franquicia de la inmobiliaria Tecnocasa. El proceso judicial resultó en el sobreseimiento libre y archivo de la causa que la propia joven inició contra uno de sus compañeros, decisión confirmada por el tribunal tras analizar la falta de pruebas y los informes periciales.

El medio Europa Press detalló que la Sección Primera del tribunal cántabro decidió, además de archivar el caso principal, avanzar con una investigación sobre un presunto delito contra la Administración de Justicia que involucra tanto a la denunciante como al testigo que la acompañó durante el proceso. Esta resolución tiene antecedentes: ya a finales de 2024, la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Santander había ordenado cerrar el caso y remitir una copia de las actuaciones a las autoridades para que se considerase la posible acusación de denuncia falsa.

Las diligencias iniciales se activaron después de que la joven presentara la denuncia en Zaragoza, alegando que entre la noche del 14 de junio y la mañana siguiente, en una fiesta organizada dentro del marco de la convención, sólo había consumido una bebida. Según su versión, experimentó una laguna mental de siete horas que culminó en un despertar sin ropa en la habitación del hotel, con dolor y marcas en las muñecas. A su regreso a Zaragoza, los análisis clínicos señalaron consumo de cocaína y benzodiacepinas, lo que motivó la activación del protocolo de violencia sexual en el hospital y la intervención judicial.

La investigación llevada a cabo por la Unidad de Atención a la Familia y la Mujer (UFAM) de Zaragoza se centró en reconstruir lo sucedido mediante la toma de declaraciones y el recabo de pruebas, en colaboración con el juzgado cántabro. Los informes forenses tanto del Instituto de Medicina Legal de Cantabria como de la UFAM resultaron clave: reportaron la ausencia de signos propios de sumisión química. Entre otras pruebas, se valoraron grabaciones de cámaras de seguridad del hotel, que mostraban a la joven y al denunciado accediendo a pie y recordando datos como el número de la habitación.

Los especialistas descartaron tanto indicadores farmacológicos que apuntasen a anulación de la voluntad como muestras de amnesia. Según los informes publicados por Europa Press, el comportamiento de la joven resultó compatible con la normalidad en los momentos previos al supuesto ataque, según las grabaciones revisadas. Estas conclusiones llevaron a la jueza a concluir que no existía base suficiente para mantener la causa ni desde un punto de vista indiciario.

A la decisión se sumó la Fiscalía de Cantabria, que estableció no haber persistencia en la versión de la denunciante, ni datos objetivos que respaldaran sus afirmaciones. De acuerdo con Europa Press, el ente fiscal alegó que la denuncia podría responder a motivos vinculados a su cese laboral tras haber sido despedida de la franquicia relacionada con Tecnocasa.

Por otra parte, la Audiencia de Zaragoza sentenció previamente a la misma joven por un delito leve de amenazas relacionado con su ambiente laboral. Fue hallada responsable de intimidar a su superior, amenazándole con interponer una denuncia falsa por agresión sexual luego de su despido.

El tribunal cántabro ordenó así la apertura de nuevas actuaciones contra la joven y el amigo que actuó como testigo en su favor. El sobreseimiento libre de la causa principal confirma que, según la instancia judicial, no existen elementos que sustenten los hechos narrados por la denunciante, y por tanto se descarta la existencia de infracción penal imputable al acusado.

La investigación que ahora se abre se centra en la posible comisión de un delito contra la Administración de Justicia, que podría acarrear consecuencias penales para la joven y su acompañante. El letrado Fernando Pamos de la Hoz, defensor del hombre señalado en la denuncia original, impulsó el archivo después de que testigos e informes forenses ratificaran la inexistencia de sumisión química, lo que fue expuesto y recogido en la resolución judicial difundida por Europa Press.

En el auto judicial, al que tuvieron acceso varios medios, se subraya que no hay indicio alguno que permita sostener la denuncia de la supuesta víctima, por lo que la Audiencia de Cantabria respaldó la petición de su colega de Santander para remitir el expediente a las instancias correspondientes y considerar la responsabilidad penal de la denunciante y el testigo.

La apertura de la investigación por denuncia falsa podrá suponer nuevas comparecencias ante la autoridad judicial tanto para la joven como para el amigo que declaró en la causa inicial. La petición de penas y resarcimientos por parte del exonerado se integra en esta nueva fase procesal, con solicitudes que incluyen hasta cuatro años de prisión y una indemnización significativa por los daños de imagen ocasionados.

Todos estos hechos, recogidos y reportados por Europa Press, surgen de un proceso judicial que ha atravesado varias instancias, informes forenses contradictorios con la denuncia inicial, y el análisis pormenorizado de las pruebas y testimonios reunidos por la instrucción en Santander y Zaragoza.