El TSJC ordena aplicar la sentencia que anulaba parte del decreto del catalán en las escuelas

La Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB) comunicó que ha iniciado la revisión de los proyectos lingüísticos en distintos centros educativos y ofrece respaldo jurídico a docentes sancionados por utilizar el castellano en sus clases, argumentando que, tras la aplicación de la sentencia, no existen fundamentos legales para penalizar el uso de esta lengua. Tal como reportó Europa Press, la entidad sostiene que “cualquier intento de hacerlo carecería de base legal, al apoyarse en normas que han sido anuladas por el Tribunal”.

Según detalló Europa Press, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) dispuso la ejecución provisional de la sentencia que anuló, de forma total o parcial, varios artículos del Decreto 91/2024 sobre el régimen lingüístico en el sistema educativo catalán. Esta resolución, a la que accedió el citado medio, se emitió mientras se aguarda la revisión de los recursos de casación que estudia el Tribunal Supremo. El decreto, promulgado por el Govern en mayo de 2024, pretendía dotar de seguridad jurídica a los centros educativos en sus proyectos lingüísticos y reforzar el uso habitual del catalán como lengua vehicular. No obstante, el TSJC lo consideró contrario a los artículos 3, 14 y 27 de la Constitución, lo que motivó su anulación parcial.

El fallo del TSJC, dictado en septiembre del año pasado, invalidó completamente los apartados 2c, 2d y 2e relacionados con las finalidades del decreto, así como los artículos 4.1, 4.2, 4.3 y 4.5 que regulan el uso de las lenguas. También quedó anulado el artículo 6, a excepción del apartado relativo a la rotulación, y el 7.2 vinculado al uso del castellano. Al mismo tiempo, el tribunal declaró la nulidad de la disposición 9.3b referente a lenguas extranjeras y de los apartados 10.1 y 10.2 sobre medidas de acogida y atención lingüística para el alumnado recién incorporado.

Además, el artículo 8a que establece finalidades en el proyecto lingüístico y diversas secciones relacionadas con el contenido y mecanismos de revisión —como los apartados 19.1e, 19.1f, 19.2a, 19.2b, 19.2d, 24.2a, 24.2b y 24.2f— quedaron igualmente invalidados, según consignó Europa Press. La medida también afectó a los artículos 33 sobre el funcionamiento de centros educativos y 34.1 acerca de los centros privados financiados con recursos privados.

La ejecución provisional de esta sentencia implica, según el medio, que los preceptos anulados ya no podrán aplicarse en los centros escolares hasta que el Tribunal Supremo dicte una resolución definitiva sobre los recursos pendientes. Esta circunstancia afecta a todos los proyectos lingüísticos desarrollados actualmente en los centros educativos catalanes.

La AEB indicó haber solicitado al departamento de Educación el cumplimiento inmediato de la ejecución provisional dictada por el TSJC, y expresó que la revisión abarca la adecuación de los proyectos lingüísticos a la nueva situación legal. También informó que presta asistencia legal a docentes que han hecho uso del castellano en el aula y que han recibido sanciones o expedientes por este motivo, asegurando que tales sanciones resultan inválidas a la luz de la anulación de los artículos que las sostenían.

En relación a las consecuencias prácticas de esta decisión, la AEB subrayó que ni profesores ni alumnos pueden ser sancionados por utilizar el castellano en el ámbito educativo. El comunicado de la organización remarcó que cualquier procedimiento punitivo carece de base jurídica, ya que las disposiciones que lo permitían han sido declaradas nulas de pleno derecho por el tribunal autonómico.

De acuerdo con Europa Press, la decisión del TSJC representa un cambio en el marco normativo aplicable en los centros escolares de Cataluña, al menos hasta que el Tribunal Supremo se pronuncie en última instancia sobre el régimen lingüístico en la educación. Mientras tanto, colegios tanto públicos como privados deberán ajustar sus normas y proyectos lingüísticos para excluir los artículos suspendidos, conforme a la orden de ejecución provisional.

El Decreto 91/2024, ahora parcialmente sin efecto, había sido aprobado como respuesta a demandas de la comunidad educativa y organismos lingüísticos que pedían fijar el catalán como idioma principal en la enseñanza, tras años de debate sobre el equilibrio entre las dos lenguas oficiales en Cataluña. Sin embargo, la intervención judicial ha dejado en suspenso varios de sus apartados considerados incompatibles con la Carta Magna, conforme ha publicado Europa Press.

Frente a esta situación, la Asamblea por una Escuela Bilingüe reiteró su llamado al respeto de la resolución judicial y reiteró que ofrece asesoramiento legal a quienes enfrenten dificultades por utilizar el castellano en aulas catalanas, según informó el propio colectivo y difundió Europa Press.