El Defensor del Pueblo pide más medios para superar "los problemas" iniciales de la ley de eficiencia judicial

En el último año, diversas quejas ciudadanas se han centrado en la actuación de los abogados de oficio, argumentando carencias que afectan a la calidad del servicio ofrecido en el turno de oficio. Según consignó el informe anual de 2025 presentado por el Defensor del Pueblo, la institución señala la necesidad de un refuerzo en recursos para solventar los problemas derivados de la reciente reforma de la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia, que entró en vigor el año anterior.

De acuerdo con el informe publicado por el Defensor del Pueblo, encabezado por Ángel Gabilondo, la implementación de la Ley de Eficiencia Judicial representa una transformación significativa en la organización de la justicia en España. El documento recalca que la reforma se ha aplicado en un periodo corto, lo cual ha derivado en atrasos y dificultades iniciales que afectan la gestión del sistema judicial. La falta de tiempo suficiente para evaluar el impacto real de esta ley impide, por ahora, conocer el alcance de los cambios orientados a racionalizar y optimizar la eficiencia procesal y organizativa.

El medio reportó que las quejas ciudadanas destacan problemas ligados, en especial, a la insuficiencia de personal en las jurisdicciones civil, social y de violencia contra la mujer. La institución que encabeza Gabilondo subraya que la nueva normativa ha ocasionado numerosos reclamos debido a que las necesidades de cobertura de plazas no se han atendido en distintas zonas del país.

En su informe, el Defensor del Pueblo solicita aumentar el número de jueces, fiscales y personal de la Administración de Justicia en todo el territorio español. Según Gabilondo, si no se incrementan estos recursos humanos, la sobrecarga laboral de los magistrados persistirá sin cambios sustanciales. A su entender, la puesta en marcha generalizada de los tribunales de instancia tampoco parece una solución inmediata para agilizar procesos y reducir los periodos de espera judiciales, ya que esta medida no ha supuesto una alteración en la distribución de los asuntos asignados previamente a los juzgados existentes.

Tal como detalla el informe, la causa principal de los problemas en la justicia pública sigue siendo el retraso en los procedimientos judiciales, una situación que se repite desde hace años. El Defensor del Pueblo atribuye estas demoras a factores estructurales como la falta de medios personales y materiales en los juzgados, el déficit en la cobertura de vacantes en la oficina judicial y el crecimiento sostenido del volumen de litigios, lo que genera una carga de trabajo excesiva en los órganos judiciales.

Según reportó el informe, los retrasos se vuelven especialmente graves en asuntos donde la variable tiempo es determinante, como los procedimientos relativos a derechos de visita, guarda y custodia de menores, o intervenciones sobre tutela de personas mayores o con discapacidad. La oficina del Defensor del Pueblo insiste en la necesidad de dotar adecuadamente estas secciones para que puedan responder de manera eficaz a los requerimientos y a la sensibilidad de estos casos.

Además, el documento pone de relieve que la escasez estructural de recursos en el resto de la administración judicial y el aumento del número de litigios repercuten en la actividad pericial, generando aún más demoras en la toma de decisiones y en los dictámenes clave para la resolución de los procesos.

La cuestión de la estabilidad del personal se revela como un factor relevante en el análisis realizado por el Defensor del Pueblo. Se registran situaciones perjudiciales para quienes acuden a la justicia cuando, por enfermedad o baja prolongada, el juez o magistrado encargado no puede presidir una vista o emitir una sentencia. El informe advierte que si tampoco está disponible el sustituto correspondiente, el procedimiento se suspende y obliga a posponer las citaciones. La institución recomienda que estas vistas suspendidas sean agendadas en el menor plazo posible para evitar nuevos retrasos.

El informe anual aborda también el caso particular de los juzgados centrales de instrucción, donde según indica el Defensor del Pueblo, el personal no cuenta con la estabilidad requerida. Al tratarse de órganos responsables de investigar delitos de relevancia, como terrorismo, narcotráfico a gran escala o delitos económicos de impacto nacional, el informe remarca la necesidad de contar con equipos especializados y estables que permitan abordar la complejidad técnica y la gravedad de estos procedimientos de investigación.

De acuerdo con el informe mencionado, un aspecto crítico expuesto por la ciudadanía tiene que ver con la actuación de los abogados de oficio. La institución llama a fortalecer los medios dedicados al turno de oficio, argumentando que una dotación adecuada es indispensable para que este servicio esencial pueda garantizar estándares satisfactorios de calidad para todos los usuarios del sistema judicial.

El documento firmado por Ángel Gabilondo subraya que la profundidad de la reforma acometida por la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia no ha venido acompañada del tiempo necesario para adaptar los recursos materiales y humanos, lo que ha provocado dilaciones en la tramitación de los procedimientos y dificultades para lograr los objetivos propuestos de racionalización y eficacia. Distintas partes del territorio han manifestado preocupaciones específicas, especialmente en las áreas más sobrecargadas o especializadas, donde la brecha de medios y la falta de personal cualificado inciden en la experiencia judicial de los ciudadanos.

El Defensor del Pueblo concluye que la situación actual de la justicia pública exige respuestas inmediatas y sostenidas en el incremento de dotación de personal, en la cobertura ágil de vacantes, y en la provisión de recursos para asegurar una administración judicial eficiente y capaz de responder a las demandas sociales con la celeridad que requieren los procedimientos judiciales. La institución considera vital que cualquier reforma que incida en el funcionamiento del sistema vaya acompañada de las inversiones y el apoyo necesario para materializar los propósitos de una Justicia ágil, cercana y efectiva, conforme a los derechos y necesidades de la sociedad.