Piden 22 años de prisión a un joven de 18 años de Cantabria acusado de agredir sexualmente a su novia de 13

El escrito de acusación de la Fiscalía recoge que la joven víctima sufre afectaciones psicológicas y se encuentra en una situación de vulnerabilidad social, con consecuencias derivadas de varios factores siendo uno de ellos los hechos denunciados. Bajo este contexto, la Fiscalía de Cantabria solicita una condena de 22 años de prisión para un joven de 18 años residente en dicha comunidad autónoma, a quien acusa de haber cometido dos delitos de agresión sexual contra una menor de trece años con la que mantenía una relación amorosa. La solicitud incluye, además de la pena de cárcel, una indemnización económica, órdenes de alejamiento y otras medidas restrictivas. El juicio se celebrará este martes 24 de junio a las 11:00 horas, en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Cantabria, según consignó Europa Press.

De acuerdo con el relato de los hechos publicado por Europa Press, ambos implicados mantenían una relación de noviazgo y el acusado conocía la edad de la menor. No existía entre ellos un historial de contacto sexual previo. Según la Fiscalía, el primer episodio tuvo lugar en la pista de un colegio, donde se encontraban junto a otros amigos y después de haber consumido alcohol. El acusado propuso a la menor trasladarse a la parte trasera del recinto escolar. Allí, pidió a la chica que se sentara encima de él y, seguidamente, le levantó el vestido, apartó su ropa interior y la penetró sin usar protección y en ausencia de consentimiento por parte de la menor, quien quedó en estado de estupor y regresó a su casa sin comunicar a nadie lo ocurrido, según detalla el Ministerio Público.

Días más tarde, reportó Europa Press citando el escrito fiscal, el acusado llamó a la joven asegurando encontrarse bajo los efectos del alcohol y le pidió que le acompañara a casa. La menor accedió; durante el trayecto, cuando la joven intentó abrazarle, el acusado le bajó de manera repentina el pantalón y la ropa interior, la sujetó contra una pared y la penetró vaginalmente, siempre, según la acusación, sin consentimiento de la víctima. El acto se interrumpió brevemente cuando la chica consiguió vestirse y escapó apresuradamente. Posteriormente, la joven comunicó lo ocurrido a su madre y presentaron la correspondiente denuncia ante las autoridades.

El Ministerio Público añade en su escrito que la joven agredida padece secuelas psicológicas, además de una situación de vulnerabilidad social resultado de múltiples factores, contando entre ellos los hechos denunciados. Basado en estos elementos, la Fiscalía considera que se configuraron dos delitos de agresión sexual a menor de edad. La petición del Fiscal incluye no solo la condena penal de 22 años de prisión, sino también una orden de alejamiento e incomunicación con la víctima durante trece años, la inhabilitación durante diecisiete años para el ejercicio de cualquier empleo, cargo o actividad que implique contacto regular con personas menores de edad, y la privación, por ocho años, de la patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento respecto de menores. Además, se contempla la aplicación de diez años de libertad vigilada tras el cumplimiento de la pena privativa de libertad, de acuerdo al escrito de la Fiscalía difundido por Europa Press.

Dentro de las reparaciones solicitadas en el marco de la responsabilidad civil, la Fiscalía reclama que el acusado indemnice con 15.000 euros a la menor, monto correspondiente a los daños morales y a las secuelas derivadas de los hechos, según remarca el documento fiscal al que ha tenido acceso Europa Press.

Adyacente a este caso, la agenda judicial del mismo día acoge otra audiencia reseñada por Europa Press, que involucra a ocho personas acusadas de delitos vinculados al tráfico de drogas, receptación y blanqueo de capitales. Esta vista preliminar se celebrará el martes a las 10:00 horas en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Cantabria. Según el citado medio, la Fiscalía detalla que los acusados habrían formado una organización dedicada tanto al tráfico de sustancias estupefacientes como a la adquisición y venta de vehículos de alta gama robados, ocultando su origen ilícito mediante distintas manipulaciones y transferencia entre territorios de España e Italia.

El Ministerio Público describe que el grupo traficaba con cocaína y hachís, y disponía, además, de una plantación de marihuana ubicada en una localidad de Segovia. Según la exposición fiscal recogida por Europa Press, los acusados constituían sociedades para la compra y legalización de vehículos robados y simulaban actividades de inversión para blanquear los beneficios obtenidos de la venta de drogas y automóviles.

En los registros realizados a las viviendas de los investigados en Castro Urdiales, Barakaldo (Vizcaya) y Mozoncillo (Segovia), se incautaron distintas cantidades de estupefacientes, instrumental para la manipulación de droga y múltiples placas de matrícula. Asimismo, uno de los procesados guardaba dos armas sin la autorización correspondiente, informó Europa Press.

La calificación jurídica abarca delitos de tráfico de drogas, receptación, blanqueo de capitales, falsedad documental, tenencia ilícita de armas y pertenencia a grupo criminal. La Fiscalía reclama para el principal acusado trece años de prisión y una multa de 30.000 euros, mientras que el resto enfrenta penas de entre tres y once años de cárcel y multas que oscilan entre 8.000 y 28.000 euros, dependiendo de su grado de implicación y las cantidades intervenidas. Para la hermana del principal imputado, la solicitud incluye cinco años de prisión y 30.000 euros de multa por actividades relacionadas con el blanqueo de capitales. Otros dos acusados enfrentan tres años de prisión cada uno por el delito de receptación. Todos los detalles proceden del informe fiscal citado por Europa Press.