Finaliza con acuerdo el Consejo de Ministros: aprueba un decreto sobre vivienda y otro de medidas energéticas

La decisión de crear dos reales decretos independientes surgió tras la insistencia de Sumar, que solicitó incluir un mecanismo de control para evitar beneficios empresariales injustificados vinculados al impacto económico de la guerra de Irán. Según detalló Europa Press, después de más de dos horas de dilación en la convocatoria, el Consejo de Ministros extraordinario concluyó autorizando ambas regulaciones, permitiendo que las demandas sobre vivienda y las medidas energéticas avanzaran de forma diferenciada.

El medio Europa Press consignó que la sesión del gabinete, celebrada este viernes, terminó con acuerdo entre PSOE y Sumar. El Gobierno logró desbloquear dos conjuntos normativos: uno centrado en la vivienda, con énfasis en las propuestas defendidas por el sector de Yolanda Díaz, y otro orientado a mitigar el alza de los precios energéticos. La presión de Sumar incidió en el desarrollo de la discusión, condicionando el inicio formal del encuentro ministerial hasta que se concretara la separación de las dos normativas.

De acuerdo con fuentes de la coalición mencionadas por Europa Press, el primer decreto incorpora una reducción del 10% en el impuesto sobre los carburantes, una rebaja en los gravámenes aplicados a la electricidad, así como la ampliación del bono social eléctrico, que busca facilitar el acceso a la energía para consumidores vulnerables. Este paquete se orienta a enfrentar la crisis asociada al encarecimiento de la energía, agravada por las tensiones internacionales.

Por otro lado, el segundo real decreto responde a las exigencias planteadas por Sumar en materia de vivienda. Este compendia iniciativas especiales centradas en la regulación del alquiler, con el objetivo de frenar el incremento de los precios y facilitar el acceso a un hogar a sectores afectados por la coyuntura económica. Además, como reveló Europa Press, incluye la instauración de un sistema de control destinado a evitar que empresas del sector inmobiliario o energético obtengan márgenes considerados como excesivos, en el contexto de la guerra en Irán.

Las fuentes oficiales citadas por Europa Press subrayaron que la aprobación diferenciada de los decretos refleja no solo el nivel de presión ejercido durante las negociaciones, sino también la voluntad de ambos partidos de gobierno para resolver distintos ejes de la crisis mediante vías paralelas. El acuerdo alcanzado se produce tras varias jornadas de conversaciones que evidenciaron divergencias, sobre todo respecto a la protección de la vivienda y el control sobre los beneficios empresariales.

El pacto contempla además la adopción de nuevas ayudas para los consumidores afectados por la subida de precios, ampliando los recursos disponibles para mitigar el impacto económico derivado tanto de la crisis energética como inmobiliaria. Este compromiso busca añadir flexibilidad al Ejecutivo para responder ante conflictos internacionales y sus repercusiones en los hogares y empresas del país.

Europa Press reportó que el procedimiento seguido en esta ocasión se apartó de la habitual aprobación conjunta de las medidas, optando por dos decretos focalizados con el fin de satisfacer las prioridades planteadas por las respectivas formaciones. Las consecuencias prácticas de esta resolución incluyen una división clara entre las políticas públicas vinculadas a la energía y las referentes al ámbito de la vivienda, atendiendo a la naturaleza específica de cada crisis.

A lo largo de la jornada, ambas vicepresidencias resaltaron la importancia del acuerdo. Sumar, a través del entorno de Yolanda Díaz, remarcó ante Europa Press la necesidad de contar con garantías legales y económicas ante escenarios de incremento especulativo motivado por acontecimientos internacionales, mientras que el PSOE defendió la colaboración y la eficacia del Ejecutivo para implementar soluciones inmediatas ante la presión inflacionaria.

Las modificaciones fiscales, contempladas en el primer real decreto, tienen como intención aliviar la presión económica directa en los consumidores mediante una rebaja sostenida tanto en carburantes como en electricidad, y mediante la expansión de los apoyos ya existentes para asegurar el acceso a estos servicios esenciales. La regulación sobre vivienda, descrita en el segundo decreto, se focaliza en fortalecer la capacidad estatal para intervenir ante aumentos desproporcionados del alquiler y permitir un mayor nivel de supervisión sobre los efectos de la inestabilidad internacional en el mercado residencial.

Según relató Europa Press, el Gobierno espera que la entrada en vigor de estas medidas se traduzca en un impacto directo sobre los precios soportados por la ciudadanía y en una mayor protección frente a los efectos colaterales derivados de la situación en Oriente Medio. Las fuentes consultadas dentro de la coalición reiteraron que ambas disposiciones normativas están diseñadas para poder ajustarse en función del desarrollo de la crisis y la reacción de los actores empresariales involucrados.