El Juzgado de Instrucción 32 de Barcelona ha solicitado al Consejo de Ministros que proceda a la desclasificación de documentos, informaciones y datos declarados secretos o reservados que puedan estar relacionados con el presunto espionaje con Pegasus a los exdiputados de la CUP David Fernández, Carles Riera y Albert Botran, según la interlocutoria a la que ha tenido acceso Europa Press.
Así lo ha solicitado ante la posibilidad de que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) se ampare en la ley de secretos oficiales para evitar informar a sobre el presunto espionaje a personas del entorno independentista y antes de tomar declaración a su directora, Esperanza Casteleiro.
La querella fue presentada por Fernández, Riera y Botran contra la mercantil Osy Technologies como propietaria de las empresas NSO Group y Cyber Technologies, quienes serían responsables de la confección y comercialización del programa Pegasus, orientado al espionaje.
En otra interlocutoria, el juez instructor considera que existen indicios de que NSO asistió "directamente" a los usuarios de Pegasus con servidores bajo su control, por lo que ha emitido una orden europea de investigación para que las autoridades de Luxemburgo identifiquen las cuentas bancarias vinculadas a estas empresas.
Una vez identificadas, pide que se solicite a las entidades bancarias la copia del extracto de todos los movimientos realizados entre 2016 y 2022 a efectos de identificar "posibles pagadores españoles" del 'spyware' Pegasus.
Sostiene que los tres exdiputados de la CUP recibieron diversos SMS en sus teléfonos a través de los cuales supuestamente se produjo una infección con el 'software' Pegasus, un programa que sirve para monitorizar las comunicaciones, un hecho que podría ser constitutivo de un delito de descubrimiento o revelación de secretos.
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