Madrid, 19 mar (EFE).- El Gobierno sigue negociando este jueves con los socios parlamentarios las medidas que incluirá en el plan de respuesta al impacto económico de la guerra contra Irán, que mañana se aprueba en Consejo de Ministros extraordinario con la duda de si habrá alguna protección para los inquilinos de vivienda de alquiler como reclama Sumar.
La vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha insistido esta mañana en 'Los Desayunos' de RTVE y EFE que el decreto ley incluirá únicamente "aquello que tenga consenso" con los grupos, a lo que ha añadido que hay acuerdo respecto a la bajada de los impuestos de la factura energética.
La vicepresidenta no ha detallado ninguna de las medidas, aunque ha recordado que algunas de ellas serán estructurales y relacionadas con el sector energético, y otras serán iniciativas "urgentes" para "aliviar la presión" del encarecimiento de la energía sobre las familias y el tejido productivo.
Respecto a si incluirá políticas de vivienda, se ha limitado a apuntar que "va a llevar todo el conjunto de iniciativas que cuente con el consenso de todos los grupos parlamentarios que habitualmente apoyan al Gobierno".
"Estamos hablando tanto con los agentes sociales como con los grupos parlamentarios para asegurar su tramitación" porque cada medida "requiere mucho trabajo y cuadrar muchas piezas", ha dicho Montero, que espera que el PP vote a favor, aunque cree que no se puede confiar plenamente en su apoyo.
Además, ha recordado que la Comisión Europea no ha flexibilizado los objetivos de déficit en este conflicto, por lo que las medidas tienen que ser compatibles con el cumplimiento de las reglas fiscales, aunque ha confiado en que si la guerra se alarga la Comisión "cambie la posición".
Por parte de Sumar, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha asegurado que están "como martillo pilón" para que el ala socialista del Gobierno incluya medidas relacionadas con la vivienda, si bien reconocía que suponen un gran "escollo".
"El PSOE, por el momento, no quiere incorporar las medidas de prórroga automática de los alquileres", que son "absolutamente imprescindibles" para los 600.000 contratos de alquiler que vencen este año y que afectan a 1,6 millones de personas, si bien Urtasun ha evitado aclarar si Sumar votaría a favor si al final sale un decreto que no incluye las medidas de vivienda.
En el mismo sentido, el ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, ha recordado que, cuando empezó la guerra de Ucrania, ya salió adelante en el Congreso una prórroga de alquileres, por lo que no ve válido el argumento deslizado por el ala socialista del Gobierno de que no quieren arriesgarse a incorporar una medida que podría no contar con el apoyo del PNV y Junts.
Fuentes de Sumar han asegurado a EFE que la negociación "sigue abierta", pese a que los socialistas insisten en no tomar medidas fuera de los ámbitos de la agricultura, la energía y el transporte y en que las relacionadas con la protección de inquilinos se podrían pactar "en otro espacio".
La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha lanzado un "mensaje de tranquilidad" a la ciudadanía porque el Gobierno de España "está para protegerle en su derecho a una vivienda digna".
Y el secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha advertido al Gobierno de que "no se puede quedar corto" a la hora de poner sobre la mesa medidas de protección social, por lo que ha pedido medidas para abaratar el uso de los transportes públicos y que protejan las rentas de las familias si los precios continúan incrementándose. EFE
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