El Senado añade cambios en la ley de multirreincidencia de Junts y la devuelve al Congreso para su aprobación definitiva

La reforma de la ley de multirreincidencia impulsada por Junts incluye nuevas enmiendas referidas al endurecimiento de los controles sobre extranjería y la cooperación internacional, así como al agravamiento de penas relacionadas con delitos concretos como el suministro de combustible a embarcaciones ilegales y el fraude eléctrico asociado a cultivos de marihuana, según detalló el medio original. El Senado, tras el debate de los diferentes grupos parlamentarios, aprobó la norma después de incorporar modificaciones de PP, Vox y PSOE, lo que implica su retorno al Congreso para una aprobación final.

De acuerdo con la información publicada por el medio, el Pleno del Senado validó la reforma penal sobre multirreincidencia este miércoles. Este proceso legislativo se caracterizó por la inclusión de cambios que impactan tanto en el enfoque penal de los delitos reiterativos como en el tratamiento a extranjeros reincidentes. Los grupos parlamentarios debatieron sobre cuestiones asociadas no solo a la seguridad y a la eficacia de las penas, sino también a los efectos que estas reformas pueden tener sobre los derechos y sobre la convivencia en la sociedad española.

El medio informó que Vox defendió durante la sesión la introducción de medidas que apuntan a la expulsión automática de extranjeros reincidentes tras una condena, la eliminación de la posibilidad de alegar arraigo social para evitar la expulsión y que estos cumplan condenas en sus países de origen. Además, solicitó que la expulsión implicara la pérdida de acceso a ayudas públicas. Todas estas propuestas, pese a ser defendidas por la formación, fueron rechazadas en el Pleno.

Por su parte, el PSOE rebatió las enmiendas debatidas, especialmente las impulsadas por PP y Vox, señalando que representan una “agenda ultra” y advirtiendo sobre el riesgo de asociar migración con delincuencia. Según recogió el medio, los socialistas alertaron de que algunas de estas propuestas incurren en la criminalización de la migración y podrían vulnerar derechos fundamentales. El partido también señaló que abordar la multirreincidencia requiere un enfoque que contemple no solo la sanción penal sino también las variables sociales, evitando centrar la reforma en el origen de las personas implicadas.

El Partido Popular manifestó que la actual situación permite que algunos individuos puedan reincidir en delitos menores sin enfrentar consecuencias proporcionales. En este sentido, defendieron las modificaciones orientadas a mejorar los controles de extranjería, particularmente en lo que respecta a la denegación o revocación de autorizaciones de residencia para quienes acumulen antecedentes penales. Asociaron el endurecimiento legal con la necesidad de garantizar la seguridad pública y sostuvieron que la reiteración delictiva debe conllevar consecuencias reales para evitar la sensación de impunidad.

El medio recogió también el punto de vista de formaciones como Esquerra Republicana, EH Bildu e Izquierda Confederal, quienes cuestionaron tanto el planteamiento general de la reforma como su eficacia para reducir la delincuencia. Sus portavoces enfatizaron la necesidad de abordar este fenómeno desde una óptica preventiva y social, sosteniendo que muchos delitos vinculados a la reincidencia se relacionan con factores de exclusión y vulnerabilidad. Según su diagnóstico, políticas punitivas aisladas no aportan soluciones sostenibles y podrían derivar en consecuencias “tan crueles como inútiles”.

Coalición Canaria indicó su desacuerdo con la negativa del Senado a tramitar su propuesta de ampliar el alcance de la Policía Canaria en función judicial, debido a que los servicios jurídicos del Senado la consideraron incompatible con el marco legal vigente.

Según detalló el medio, el trámite en comisión dentro del Senado permitió al PP, que dispone de mayoría absoluta en ese órgano, incluir modificaciones dirigidas a fortalecer los controles de extranjería. Entre ellas, la reforma de la Ley Orgánica 4/2000 dispone que para obtener o renovar la residencia se requerirán antecedentes penales limpios tanto en España como en los países anteriores de residencia, además de la inexistencia de procedimientos penales activos. También otorga a la administración la posibilidad de recabar informes policiales para valorar amenazas al orden público y permite que los procedimientos de expulsión no se interrumpan por solicitudes de residencia.

En lo que respecta a Vox, finalmente se aceptó una enmienda para promover la cooperación internacional. Dicha enmienda establece los mecanismos para que los extranjeros reincidentes, una vez expulsados, cumplan sus penas en su país de origen.

El texto modificado también refleja acuerdos alcanzados durante la tramitación en el Congreso previa al paso por el Senado. Según consignó el medio, PP, PNV y Junts acordaron aumentar las penas para el delito conocido como “petaqueo”, vinculado al abastecimiento de combustible a lanchas rápidas utilizadas en actividades ilícitas, estableciendo penas de prisión de uno a cinco años. Asimismo, el PSOE incorporó un agravante específico para casos de defraudación de fluido eléctrico en los cultivos “indoor” de marihuana, lo que implica un endurecimiento de las sanciones en esos supuestos.

La votación en el Senado rechazó todas las enmiendas que permanecían pendientes tras la Comisión de Justicia; este rechazo incluyó tanto propuestas encaminadas a aumentar la severidad de las penas como aquellas enfocadas en matices de protección de derechos y en acciones preventivas. Al introducir estos cambios en la Cámara Alta, la tramitación parlamentaria exige que la norma regrese al Congreso de los Diputados, donde las nuevas modificaciones deberán ser ratificadas o descartadas durante una votación definitiva.

El medio original señaló que este trámite ha provocado un debate intenso sobre las distintas estrategias de combate a la multirreincidencia y sobre el equilibrio entre el derecho a la seguridad y la preservación de garantías fundamentales. Cada partido justificó su posición aludiendo a la necesidad de proteger tanto la convivencia social como los principios del Estado de derecho, en un contexto que enfrenta enfoques opuestos sobre justicia, migración y reforma penal.