El PSOE y sus socios recalcan a UPN que prohibir que exetarras den clases a menores va en contra de la reinserción

Algunos portavoces de partidos que integran la coalición del Gobierno han recordado que la legislación vigente ya impide a las personas condenadas por terrorismo acceder a empleos públicos en determinadas circunstancias y que imponer inhabilitaciones adicionales supondría una restricción contraria al principio de reinserción. Según publicó el medio, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y sus socios han considerado que la última propuesta de Unión del Pueblo Navarro (UPN) —que busca modificar la normativa para evitar que excondenados por terrorismo puedan acceder a subvenciones públicas o ejercer trabajos con menores— vulnera derechos constitucionales y dificulta la integración de estas personas tras el cumplimiento de su condena.

De acuerdo con lo informado por la publicación, la proposición de ley de UPN se debatió este martes en el Pleno del Congreso y pretende modificar tanto el Estatuto Básico del Empleado Público como la Ley General de Subvenciones, impidiendo así que quienes hayan sido condenados por terrorismo —incluyendo delitos cometidos por miembros de ETA y de organizaciones yihadistas— puedan desempeñar puestos de formación para jóvenes o beneficiarse de subvenciones después de cumplir sus penas. UPN, representado por el diputado Alberto Catalán, defendió la iniciativa haciendo referencia al caso de una persona condenada por pertenencia a ETA contratada como docente en el Instituto Valle del Ebro, en Tudela. Catalán argumentó que quienes han cumplido penas por terrorismo "no son ejemplo de nada" y planteó al resto de componentes del hemiciclo elegir entre la protección de los menores o el "amparo" a terroristas. “Si no tiene ninguna lógica que un violador trabaje con menores, tampoco que lo haga un terrorista”, expresó el diputado.

La iniciativa de UPN sólo ha sumado el apoyo del Partido Popular (PP) y Vox, según detalló el medio, ya que el resto de las formaciones políticas, excluyendo al Partido Nacionalista Vasco (PNV) que no participó, manifestaron su rechazo. Los opositores a la propuesta hicieron hincapié en que la organización ETA se ha disuelto y que la propuesta persigue objetivos punitivos más que de protección. Sostenían que el texto reaviva medidas propias de "venganza" e impide el ejercicio de derechos fundamentales como la reinserción. Durante el debate, varios representantes enfatizaron que la Constitución española insiste en la proporcionalidad de las sanciones y en la función social de la reintegración tras el cumplimiento de una pena, fundamentos que, según su opinión, quedarían desvirtuados si la propuesta prosperara.

El diputado Carlos García Adanero, del PP, sostuvo en la sesión que se trata de una cuestión de sentido común y afirmó que "nadie con dos dedos de frente puede defender que un terrorista dé clase" a menores, criticando al PSOE por, según él, priorizar acuerdos políticos con miembros del entorno de la extinta ETA y Bildu, lo que ha equiparado el sufrimiento de víctimas y victimarios. Por su parte, el representante de Vox, Carlos Flores, insistió en la necesidad de pruebas de integridad para quienes se acerquen a menores, calificando el terrorismo como un mal absoluto y argumentando que la sociedad española requiere y espera este tipo de medidas. Flores valoró la intención y redacción de la propuesta impulsada por UPN, subrayando que sus destinatarios son claros y que la operatividad de la norma sería sencilla.

Desde el grupo socialista, la diputada Adriana Maldonado respondió que la campaña de UPN y sus socios no busca priorizar el bienestar de la ciudadanía, sino reforzar la confrontación con cuestiones ya resueltas mediante la legislación actual. Maldonado utilizó como ejemplo el antecedente del propio diputado de Vox, Carlos Flores, condenado por violencia de género: apuntó que, de aplicarse la lógica de la propuesta, él tampoco podría acceder a funciones educativas, destacando la importancia de no utilizar enfoques discriminatorios. Maldonado expresó que su partido rechaza la reincorporación de un exetarra como profesor en un instituto público, pero defendió el principio de justicia y la reinserción, señalando que la sociedad debe avanzar hacia la convivencia real.

Durante el debate, la diputada de Sumar, Engracia Ribera, consideró que la iniciativa parlamentaria de UPN es desproporcionada y arbitraria, y portaba una camiseta con el mensaje “Cállese señoro”, lo que motivó denuncias de Vox. Ribera argumentó que la inhabilitación perpetua se vincula a prácticas de regímenes autoritarios y que la convivencia no puede asegurarse con medidas de venganza o endurecimiento penal. Pilar Vallugera, de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), consideró que la propuesta carece de pertinencia en un contexto donde ETA se ha disuelto y la sociedad enfrenta otros desafíos. Al mismo tiempo, Josep Payés, de Junts, remarcó el posicionamiento de su fuerza política en contra de cualquier planteo que perpetúe la discriminación ideológica o la inhabilitación social a excondenados, interpretando la medida como una forma inaceptable de venganza y estigmatización en un Estado de derecho.

Bildu, representado por la diputada navarra Bel Pozueta, sentenció que UPN lleva de nuevo el "comodín de ETA" al debate público, lo que en su opinión solo fomenta la crispación social y deja de lado los principios de integración y convivencia. Pozueta sostuvo que la propuesta extendía el clima de confrontación y odio social, dificultando el derecho a la reinserción, y lamentó que se apelara a polémicas del pasado para avivar tensiones.

Tal como detalló el medio, la proposición de UPN ya fue rechazada en el Parlamento de Navarra antes de ser presentada en el Congreso, y las intervenciones de los grupos en la cámara apuntan a que no prosperará en su tramitación. A lo largo de la sesión se insistió en que la normativa española ya prevé mecanismos de inhabilitación penal para impedir el acceso a la función pública, por lo que establecer prohibiciones adicionales tras cumplir las penas supondría un retroceso en términos de reintegración y proporcionalidad. Los diversos grupos que integran la mayoría parlamentaria advirtieron que el proyecto de UPN busca perpetuar la exclusión de los excondenados, en lugar de apostar por su integración real en la sociedad, mientras que sus defensores insisten en la necesidad de priorizar la protección a los menores ante cualquier otra consideración.