Un error de procedimiento obliga a suspender un juicio por abuso sexual a 8 niños de una escuela infantil en Barcelona

El tribunal encargado del caso detectó que en la resolución judicial que permitía el inicio del proceso faltaba la inclusión de una de las dos empresas a las que se les atribuye responsabilidad civil subsidiaria, lo que llevó a suspender la vista oral señalada contra un exmonitor acusado de delitos graves cometidos en una escuela infantil de Sant Andreu, Barcelona. El presidente del tribunal explicó que la omisión requería devolver la causa al Juzgado de Instrucción, permitiendo así que la segunda sociedad implicada fuera notificada y pudiera presentar su defensa, según consignó el medio. De acuerdo con la información publicada, esta medida busca evitar situaciones de indefensión jurídica.

Según detalló el medio, la audiencia del caso debía celebrarse este martes en la sección 9 de la Audiencia Provincial de Barcelona. El tribunal consideró la corrección procesal indispensable antes de seguir adelante, dada la gravedad de los delitos imputados y el alcance de la responsabilidad civil. El presidente de la sala lamentó la situación, señalando que el calendario de la sección novena acumula vistas dos años en adelante y que, debido a que este juicio se desarrollará en varias sesiones, resultará complicado reubicarlo en fechas cercanas. No obstante, el tribunal intentará encontrar una solución temporal que minimice la demora, tal como afirmó el responsable del órgano judicial.

El acusado ejercía como monitor en el comedor escolar y la acusación de la Fiscalía, según reportó el medio, señala que entre abril y julio de 2021 habría involucrado a niños de 4 y 5 años en juegos de contenido sexual. El relato del Ministerio Público sostiene que el acusado promovía que los menores se tocaban entre ellos mientras él observaba, mostrando una actitud considerada "despótica, despreciativa y amenazante, castigándolos con frecuencia" para obtener obediencia. Además, la Fiscalía expone que en estas actividades el acusado sujetaba a los menores contra su cuerpo y, simulando hacerles cosquillas, les tocaba las partes íntimas sobre la ropa. Estas acciones se habrían repetido también en momentos en que los menores acudían al baño, según el escrito de acusación citado por la fuente.

La Fiscalía atribuye al procesado la comisión de ocho delitos continuados de abuso sexual a menores de 16 años. Por cada uno solicita una condena de seis años de prisión, con un total acumulado de 48 años de privación de libertad. Además, la solicitud fiscal incluye 10 años de libertad vigilada y la imposibilidad de ejercer profesiones —remuneradas o no— en las que haya trato directo y constante con menores. El órgano acusador también solicita una orden de alejamiento que le impida aproximarse a menos de 1.000 metros de las víctimas por un periodo de cuatro años una vez cumplida la pena de prisión.

En el ámbito de las responsabilidades civiles, el Ministerio Público pide asimismo que el acusado indemnice a cada uno de los menores con 12.000 euros. Según informó el medio, esa petición responde tanto a la reparación del daño moral como al dolor causado. La omisión de una de las sociedades responsables en el auto que abría el juicio oral motivó la suspensión y devolución del expediente al juzgado para subsanar el error. Solo una vez corregido el procedimiento podrá celebrarse el juicio, momento en el que las partes podrán presentar sus argumentos de fondo.

El procedimiento, reportó el medio, se encuentra interrumpido hasta que la segunda entidad señalada como responsable reciba la notificación formal y pueda formular su contestación, garantizando así el derecho a la defensa y evitando que el proceso judicial se desarrolle al margen de los derechos procesales de las partes implicadas. La reanudación del proceso dependerá de los tiempos administrativos y de la reorganización de la agenda en la sección novena de la Audiencia Provincial.

Los hechos investigados ocurrieron durante la primavera y el verano de 2021 en una escuela infantil del distrito de Sant Andreu. Toda la problemática legal gira, según publicó el medio, en torno a la denuncia de familiares y la indagación de los hechos en el ámbito escolar, en la que se determinó la necesidad de ampliar la responsabilidad civil a dos sociedades vinculadas a la gestión del centro educativo. El tribunal, al constatar la falta de adecuación formal en el auto inicial, subrayó la importancia de corregir la actuación para salvaguardar el derecho de todas las partes involucradas en el procedimiento.

Este caso, según la información consignada, no solo tiene implicaciones judiciales, sino que también afecta a la comunidad educativa y a las familias de los menores implicados, cuyo interés superior prevalece en todas las actuaciones judiciales relacionadas. El desarrollo y la resolución de este proceso quedarán pendientes hasta que se solvente el defecto de procedimiento denunciado y se restablezcan todas las garantías procesales requeridas.