Otra testigo protegida del caso de trata en Burgos asegura que el miedo a la deportación impidió que huyera

La segunda testigo protegida del juicio por trata de seres humanos que se celebra en la Audiencia Provincial de Burgos ha ratificado este martes el clima de "miedo y control" absoluto al que, presuntamente, eran sometidas las mujeres en un piso de la capital. Según su testimonio, el temor a que la principal acusada y cabecilla de la trama la "denunciara ante la Policía para que fuera deportada" fue el principal freno que le impidió abandonar la vivienda donde era prostituida.

La mujer ha explicado ante el tribunal que llegó a España en 2018 huyendo de una situación de "violencia y precariedad" en su país de origen, con la carga familiar de mantener a sus padres. Tras contactar con una persona que le ofreció un empleo para alcanzar una "vida mejor", acabó instalada en un piso de la calle Luis Alberdi bajo unas condiciones que distaban de las prometidas.

Aunque inicialmente se le aseguró libertad de movimiento y el 50 por ciento de los beneficios, la testigo ha declarado que la realidad fue "muy distinta". Al igual que su compañera en la jornada anterior, ha relatado que apenas dormían para atender a clientes "a la hora que fuera" y que eran obligadas a realizar prácticas sexuales no deseadas. Bajo la dirección de la principal encausada, Z.T., "no existía la posibilidad de negarse" debido a una "presión verbal" constante basada en insultos y exigencias económicas.

CONTROL 24 HORAS Y AMENAZAS

La testigo ha hecho hincapié en la "falta de autonomía" de las víctimas, sosteniendo que carecían de llaves de la vivienda y solo podían salir con permisos de corta duración. En este sentido, ha señalado la figura de J.F., quien supuestamente ejercía labores de control acompañándolas siempre en sus salidas a compras o locutorios.

Asimismo, ha recordado que el control llegaba al plano intimidatorio, con insultos como "perra" o "puta" y amenazas directas hacia sus familias. Según su relato, la jefa del clan alardeaba de tener "amigos en la Policía" que facilitarían su expulsión del país. En cuanto a la habitabilidad, ha descrito que convivían hasta seis mujeres en tres habitaciones y que, en ocasiones, debía recurrir a Cáritas para alimentarse al tener que costearse su propia manutención pese a lo pactado.

LA DEFENSA INCIDE EN LA LIBERTAD

Por su parte, las defensas de los acusados han centrado su interrogatorio en intentar demostrar que la mujer era "libre de irse en cualquier momento". Los letrados han cuestionado por qué la testigo tardó tres años y medio en interponer la denuncia, sugiriendo que el motivo fue un "tema personal" y no la situación de coacción.

Del mismo modo, han intentado desvirtuar el papel de J.F. como controlador, argumentando que residía en la casa de forma gratuita por necesidad y que mantenía una relación de amistad previa con la testigo. La mujer, que actualmente cuenta con residencia por arraigo laboral, ha concluido que solo pudo salir del piso cuando logró mudarse a una habitación tras conocer a alguien que la ayudó a dejar atrás un periodo que ha calificado de "degradante".

CASI 1.900 OPERACIONES DE PROMOCIÓN

En la sesión de este martes también han comparecido los agentes de la Policía Nacional encargados de la instrucción, quienes han coincidido en que las detenciones se basaron en los indicios recabados tras la denuncia de una primera víctima. Esta denuncia permitió corroborar el "férreo control" que la acusada ejercía sobre las mujeres y el uso de terminales telefónicos para captar clientes.

Los investigadores han detallado que el dispositivo policial vinculó diversos teléfonos y correos electrónicos con la principal encausada y su pareja. Según el análisis pericial, se detectaron "un total de 1.870 operaciones" entre 2016 y 2020 destinadas a la promoción en portales web, con un importe total que ascendió a 11.000 euros.

La Policía ha identificado un total de seis inmuebles vinculados a la trama cuyos contratos de arrendamiento figuraban a nombre de los implicados.