
El informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil introdujo nuevos elementos en la investigación parlamentaria sobre contratos adjudicados durante la pandemia, al señalar la "intervención" de Isabel Pardo de Vera, exlíder de Adif, en el proceso de adjudicación a la empresa que se ubica en el centro de la supuesta trama de mascarillas. Este antecedente motivó que la portavoz del Partido Popular en el Senado, Alicia García, informara de la citación por tercera vez de Pardo de Vera ante la Cámara Alta para que responda por los detalles de su participación. Según detalló la agencia Europa Press, la comparecencia se inscribe en la comisión que examina la relación de altos cargos y exfuncionarios con los contratos asignados durante la gestión de compras de material sanitario vinculados al exministro José Luis Ábalos y su antiguo asesor Koldo García.
La portavoz popular, durante una rueda de prensa en el Senado, explicó —de acuerdo con la información publicada por Europa Press— que las recientes conclusiones de la investigación judicial otorgan relevancia directa a Pardo de Vera en la adjudicación de contratos bajo sospecha. Alicia García calificó el contenido del informe presentado por la UCO como dotado de elementos "gravísimos" y situó a la antigua presidenta de Adif como pieza central dentro de un supuesto sistema de alteración de contratos y percepciones ilícitas de comisiones en la adquisición de mascarillas en plena crisis sanitaria. La comparecencia de Pardo de Vera constituye la tercera ocasión en que la Cámara Alta solicita su testimonio oficial sobre este asunto.
El medio Europa Press reportó que el foco central de la investigación contempla además la comparecencia de otros actores vinculados a las contrataciones, entre ellos el empresario Julio Martínez Martínez, quien, según consignó la misma fuente, mantiene vínculos con el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero como consultor relacionado con Plus Ultra. La intervención de Martínez Martínez ante la comisión quedó agendada para el 9 de marzo, aportando así nuevos testimonios a la pesquisa parlamentaria que busca esclarecer los alcances de la presunta trama.
El Partido Popular ha insistido en la necesidad de que aquellas personas mencionadas en los informes policiales y judiciales aclaren su actuación ante el Senado, acentuando que la transparencia resulta fundamental en el esclarecimiento de las contrataciones realizadas bajo el estado de alarma, cuando las adquisiciones de material sanitario se multiplicaron. Europa Press puso en contexto que la investigación se originó tras la aparición de irregularidades en la contratación de suministros, entre ellos mascarillas, bajo la gestión del por entonces ministro José Luis Ábalos, cuyo exasesor Koldo García figura como uno de los principales investigados.
En relación con los contratos atribuidos a la empresa señalada por la UCO, el informe remitido a la comisión recoge la secuencia de comunicaciones y procedimientos internos que involucran a altos funcionarios, entre los que figura Pardo de Vera, en la toma de decisiones para la adjudicación de lotes significativos de material de protección. Europa Press añadió que la comisión busca precisar el grado de conocimiento y responsabilidad de cada dirigente sobre la legalidad y oportunidad de los contratos cuestionados.
Entre los ejes principales de las indagatorias figuran las condiciones en que se celebraron las adjudicaciones, los procedimientos empleados para seleccionar a los proveedores y la posible existencia de intermediarios que hayan percibido retribuciones indebidas. Europa Press especificó que la comparecencia de Pardo de Vera incluye la eventual explicación de su participación en reuniones, firmas de resoluciones y las instrucciones dadas por superiores jerárquicos, así como su colaboración o respuesta ante las alertas sobre la idoneidad de los proveedores.
El desarrollo de la comisión en el Senado ha incluido la revisión de documentos, correos electrónicos y órdenes internas que conforman el mosaico probatorio presentado hasta ahora por la UCO. Conforme ha ido detallando Europa Press, la investigación avanza en la identificación de flujos financieros irregulares y en establecer si algún funcionario se benefició personalmente de las adjudicaciones ahora bajo sospecha.
Por su parte, el orden de comparecencias delineado por la Cámara Alta incorpora tanto a exresponsables políticos como a representantes empresariales, en la búsqueda de reconstruir el contexto operativo en el que se produjeron las contrataciones con sospechas de manipulación o trato de favor. El medio Europa Press subraya que los trabajos de la comisión tienen por objetivo la depuración de responsabilidades y la implementación de mecanismos de control para futuros procesos de compras públicas en situaciones de emergencia.
La relación entre altos cargos de empresas públicas y consultores vinculados al sector político quedó en el centro del debate, especialmente tras la citación de Martínez Martínez. Europa Press contextualizó que la vinculación de este empresario con el entorno del expresidente Zapatero añadió un nuevo ángulo político a las indagaciones, recordando la amplitud de los vínculos de negocios entre firmas proveedoras y antiguos responsables del Gobierno.
La nueva citación de Isabel Pardo de Vera, según insistió la portavoz García y publicó Europa Press, busca contribuir aclaraciones determinantes para el avance de las pesquisas. El iter de comparecencias se continuará ampliando conforme la comisión adapte su calendario a la evolución de la investigación judicial y a la aparición de nuevos datos en los informes policiales, en un contexto donde se entrecruzan responsabilidades de funcionarios, criterios de adjudicación y eventuales beneficios económicos derivados de contratos adjudicados en el contexto de la crisis sanitaria.
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