Podemos replica a Feijóo que el rey emérito tiene que volver a España pero para ir a la "cárcel"

Durante la entrevista concedida a TVE, la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, sostuvo que los documentos desclasificados recientemente sobre el golpe de Estado del 23F no aportan claridad sobre el papel desempeñado por Juan Carlos I, sino que, en su valoración, dejan “muchas más sombras” e incluso “lagunas” que, en su opinión, podrían apuntar en sentido contrario a lo que se ha dicho sobre la actuación del rey emérito. La dirigente realizó esta evaluación en respuesta a las declaraciones previas del presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, quien se manifestó a favor del regreso de Juan Carlos I a España después de la publicación de esos documentos. Según detalló Europa Press, Belarra insistió en que, más allá de la discusión sobre el 23F, la cuestión central está relacionada con las supuestas irregularidades económicas del antiguo monarca.

De acuerdo con la publicación de Europa Press, Belarra respondió a Feijóo señalando que, si el rey emérito debe regresar a España, debería ser para responder ante la justicia y cumplir una eventual condena. Afirmó que Juan Carlos I “tiene que volver a España, pero para ir a la cárcel” y lo calificó de “delincuente fiscal”, reiterando su señalamiento de que el exjefe del Estado es “heredero político” del dictador Francisco Franco. Estas afirmaciones se producen en un contexto marcado por la difusión de documentos oficiales sobre el intento de golpe de Estado de 1981 y el debate público en torno a la figura del rey emérito.

Además, la dirigente de Podemos profundizó en las acusaciones dirigidas a Juan Carlos I. Según consignó Europa Press, Belarra acusó al monarca retirado de cometer delitos económicos y sostuvo que debería “devolver hasta el último euro que le ha robado a los españoles a costa de representar al país”, señalando además que estas conductas habrían causado un daño a la imagen de España. En su declaración, expresó el convencimiento de que existen motivos suficientes para que el rey emérito sea juzgado por presuntas irregularidades fiscales fuera del ámbito de sus funciones como jefe del Estado, pese a la protección que le otorga la Constitución.

La inviolabilidad que la Carta Magna concede al monarca fue otro aspecto tratado por Belarra, según publicó Europa Press, quien lamentó que este principio constitucional impida que Juan Carlos I se siente en el banquillo por las acusaciones que pesan sobre él. Subrayó su postura de que, aunque la inviolabilidad abarca los actos oficiales, existen hechos que —a su juicio— quedan fuera del ejercicio institucional y por los que el antiguo monarca podría ser procesado. Reiteró que no existen motivos jurídicos determinantes para evitar ese procedimiento, salvo la protección constitucional aplicable.

Por otro lado, y siempre siguiendo Europa Press, la coordinadora general de Sumar, Lara Hernández, intervino en la polémica. Hernández señaló que, en su opinión, Feijóo tiene dificultades para identificar a los “verdaderos delincuentes”, destacando que la salida de Juan Carlos I de España no estuvo vinculada a los hechos del 23F, sino a las investigaciones sobre presuntas irregularidades fiscales que comenzaron a publicarse y que situaron al emérito en el centro de la controversia pública.

Las declaraciones de Belarra y Hernández se suman al debate generado tras el respaldo de Feijóo a la vuelta del rey emérito al país. Según recogió Europa Press, la discusión pública en torno a la figura del antiguo jefe de Estado se ha mantenido vigente desde su salida de España, ocurrida tras la aparición de informaciones sobre posibles delitos económicos y fiscales. Los documentos desclasificados sobre el 23F han vuelto a situar la cuestión en la agenda política y mediática, con interpretaciones opuestas sobre el papel de Juan Carlos I durante aquella crisis institucional.

El planteamiento de Podemos incluye la exigencia de un proceso judicial para el rey emérito, lo que implica una lectura crítica tanto del pasado reciente como de las actuales regulaciones constitucionales sobre la inmunidad del jefe del Estado. Europa Press reportó que la postura del partido encabezado por Belarra insiste en la necesidad de revisar la posición legal de la monarquía en casos de actuaciones privadas supuestamente delictivas, especialmente en lo referente a delitos económicos contra el erario público.

La intervención de Belarra en TVE y las reacciones posteriores ponen de relieve la polarización existente respecto al legado de Juan Carlos I y la evaluación de su conducta tanto en el ámbito institucional como privado. Podemos insiste en la apertura de procedimientos judiciales y en la recuperación de recursos que, según sus dirigentes, fueron sustraídos al Estado. Al mismo tiempo, Sumar enfatiza la existencia de causas pendientes que motivaron la salida del país del monarca y pone en cuestión los argumentos esgrimidos por el líder del PP.

Según resumió Europa Press, la publicación de los documentos del 23F ha incrementado la presión sobre el debate relativo a la monarquía y la transición democrática en España, reavivando las tensiones políticas que se expresan tanto en el Parlamento como en los medios de comunicación. El cruce de declaraciones entre líderes de distintas formaciones refleja la persistencia de este asunto en la agenda pública, especialmente ante propuestas de modificación legislativa o investigaciones retrospectivas sobre actuaciones de cargos institucionales.