La Policía tramitó 26 expedientes por acoso sexual en los últimos tres años mediante su protocolo interno de denuncias

El año 2025 registró trece denuncias por presunto acoso sexual en la Policía Nacional, de las cuales solo dos fueron estimadas, mientras que en 2023 y 2024 se presentaron veinte y dieciocho denuncias, respectivamente. De acuerdo con los datos proporcionados por el Ministerio del Interior y publicados por Europa Press tras la información difundida por El País, la tramitación de estos expedientes responde al protocolo interno de la Dirección General de la Policía Nacional para situaciones de acoso sexual, acoso por razón de sexo, género, orientación o identidad sexual. Con estos nuevos registros, la cifra total de expedientes tramitados en los últimos tres años asciende a veintiséis, lo que representa cerca de la mitad de los cincuenta y un casos registrados entre 2023 y 2025. Este balance se produce en un contexto de revisión institucional tras conocerse la denuncia por agresión sexual contra el exdirector adjunto operativo de la Policía Nacional, José Ángel González.

Según reportó Europa Press, el Ministerio del Interior anunció una “revisión extraordinaria” de los protocolos internos por los que se tramitan estas denuncias. El titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska, explicó en su comparecencia ante la comisión correspondiente del Congreso de los Diputados que la Secretaría de Estado de Seguridad será el órgano encargado de supervisar esta auditoría. El propósito es esclarecer por qué la agente que denunció al exnúmero dos de la Policía optó por acudir directamente a la vía judicial en lugar de activar los mecanismos internos diseñados para estos casos. De acuerdo con Marlaska, “es evidente que algo falla si la víctima no utilizó estos protocolos por la razón que fuera. Y por lo tanto, vamos a revisar los aspectos del sistema que sean necesarios con la intención de determinar por qué una policía agredida renunció a denunciar de inmediato el ataque que sufrió”.

El medio Europa Press consignó que, a pesar de la existencia de estos protocolos internos desde 2022 y su actualización en 2025, sigue habiendo casos en los que las víctimas optan por vías externas de denuncia. Marlaska aseguró durante su intervención que estos procedimientos han demostrado eficacia en otros incidentes dentro de las Fuerzas de Seguridad, aunque ante la gravedad concreta atribuida al exdirector adjunto, se considera obligada una intervención adicional que garantice la capacidad de respuesta del sistema institucional.

Los datos recogidos por Europa Press, a los que tuvo acceso tras la publicación de El País, detallan el desarrollo y evolución de los mecanismos internos contra el acoso sexual, así como la gestión de los expedientes en los últimos tres años. En 2023, se presentaron veinte denuncias por acoso sexual, de las cuales once fueron estimadas. En 2024, las denuncias sumaron dieciocho y se tramitaron trece de ellas, mientras que en 2025 se contabilizaron trece denuncias con únicamente dos resultados positivos para las víctimas, lo que genera interrogantes acerca de la eficacia real y de la confianza que los agentes depositan en estos mecanismos.

La Dirección General de la Policía también implementó en 2021 un protocolo específico para casos de violencia de género, que difiere del de acoso sexual y se activa exclusivamente cuando existen atestados policiales o procedimientos judiciales en curso. Según informaron fuentes policiales citadas por Europa Press, en el año 2025 se tramitaron ciento veintiún expedientes bajo este segundo protocolo. Cada caso puede implicar distintos roles para los miembros de la institución, ya que pueden figurar como presuntos autores, como víctimas, o incluso en situaciones donde ambos —autor y víctima— pertenecen al cuerpo policial.

La comparecencia del ministro del Interior se produce tras las solicitudes de los portavoces de Partido Popular, Vox, Esquerra Republicana de Catalunya y Unión del Pueblo Navarro, quienes exigieron explicaciones tras la denuncia contra el hasta la semana anterior responsable máximo en el escalafón uniformado de la Policía Nacional. Tanto Marlaska como la Secretaría de Estado de Seguridad, liderada actualmente por Aina Calvo —quien anteriormente desempeñó el cargo de secretaria de Estado de Igualdad—, se encuentran al mando de la iniciativa de examinar en profundidad los protocolos existentes, con la finalidad de generalizar un análisis que abarque no solo el acoso sexual, sino también el acoso por razones de sexo, identidad y orientación sexual.

El ministro subrayó ante la comisión que los protocolos han sido sujetos a revisiones y actualizaciones periódicas, pero que ante el caso reciente resulta pertinente una intervención extraordinaria por parte del órgano de seguridad estatal. Marlaska manifestó que “queremos saber con precisión qué ha ocurrido en este caso y detectar posibles carencias en nuestros protocolos de actuación ante situaciones de acoso sexual, acoso por razón de sexo, género, orientación o identidad sexual y corregirlas de inmediato para que hechos tan graves no vuelvan a producirse”.

Tal como detalló Europa Press, la revisión extraordinaria busca identificar causas que lleven a las víctimas de presunto acoso o agresión sexual a rehuir el procedimiento administrativo interno y optar directamente por el proceso judicial. Las investigaciones internas implementadas hasta ahora incluyen procedimientos para recabar los testimonios de los afectados, proteger su identidad y preservar las pruebas, con el objetivo de adoptar medidas cautelares y oficinas de apoyo, además de canales confidenciales de denuncia.

El Ministerio del Interior considera que, aunque los datos muestran una activación reiterada de los protocolos en años anteriores, el reciente caso revela una posible desconexión entre las expectativas de protección que los agentes tienen y la respuesta que realmente encuentran en el sistema. Por esa razón, la Secretaría de Estado de Seguridad llevará a cabo una revisión específica y detallada, ampliando el análisis a todos los protocolos relacionados con las violencias y discriminaciones en el seno de la institución policial.