La Audiencia juzgará al administrador de las fincas de una familia kuwaití por estafarles 300.000 euros

El acusado desempeñó labores de administrador de varias propiedades en España pertenecientes a una familia originaria de Kuwait, en quienes recaía su confianza debido a una relación previa de sus padres con los propietarios. Tal como informó Europa Press, el hombre habría realizado diversas operaciones irregulares mediante el alquiler de fincas, manipulaciones documentales y la emisión de facturas por servicios inexistentes, alcanzando un presunto perjuicio económico de 303.000 euros. El Ministerio Público solicita seis años de prisión, una multa de unos 38.000 euros y una compensación económica igual al monto supuestamente defraudado. La causa será ventilada por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Baleares, que aún no ha fijado fecha para el inicio del juicio, aunque las partes se reunieron en una vista preliminar para resolver incidencias y presentar pruebas.

Según publicó Europa Press, el investigado tenía bajo su supervisión varias propiedades rurales en Mallorca, entre ellas 'Capocorb', 'Betlem', 'Ses Planes' y 'Son Jaumell', así como la finca 'La Naveta' situada en la Comunidad de Madrid. Sus funciones incluían la vigilancia de los recintos, el control del personal laboral y la organización de tareas de limpieza y mantenimiento para que todo estuviera en perfectas condiciones ante las visitas de los dueños.

De acuerdo con el relato incluido en el escrito de la Fiscalía y citado por Europa Press, en septiembre de 2017 el acusado alquiló sin autorización las fincas mallorquinas de 'Betlem' y 'Capocorb' a terceros por un período de cinco años y una suma anual de 20.000 euros, apropiándose de aproximadamente 50.000 euros generados de ese negocio. Además, en ese mismo mes, procedió al arrendamiento de la finca 'Ses Planes' también por cinco años, con un pago de 9.000 euros anuales a dos hermanos, quienes gestionaron la explotación de la finca, al menos, durante tres años. Aunque no se quedó con los importes de este arrendamiento, sí habría recibido a modo de compensación la realización de trabajos en otras fincas, cuyos costos posteriormente facturó a las empresas de la familia kuwaití.

El Ministerio Público, según recogió Europa Press, señaló que en mayo de 2019 el administrador falsificó dos autorizaciones de la propietaria con el objetivo de obtener permisos ante el Consell de Mallorca y la Agencia de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid para permitir actividades cinegéticas en los campos. En 2020, el supuesto encausado firmó un contrato de aprovechamiento de caza por un año, exigió y recibió 12.000 euros en efectivo de un interesado en explotar cinegéticamente la finca.

En 2021, también según Europa Press, el investigado vendió numerosos pinos de una de las fincas a una empresa por 8.000 euros, de los cuales presuntamente se apropió indebidamente de 1.500 euros. Respecto a otro mecanismo para obtener beneficios, la Fiscalía sostiene que en 2018 el imputado creó su propia empresa como administrador único y sugirió a la familia kuwaití que la firma se encargara del mantenimiento de las propiedades, ofreciendo la elaboración de presupuestos anuales detallados y facturación posterior por los trabajos realizados.

Europa Press consignó que entre los años 2020 y 2022 el acusado habría emitido, al menos, cuatro facturas a nombre de su empresa por servicios que nunca se ejecutaron o que se realizaron de forma parcial. Estos cobros irregulares sumarían aproximadamente 290.000 euros, engrosando así el total del perjuicio calculado por el Ministerio Público hasta los 303.000 euros.

El fiscal imputó al acusado un delito de falsedad en documento mercantil, reclamando por ello, además de la prisión y la multa económica, una indemnización a favor de la familia kuwaití. La relación de confianza entre las partes, heredada de la familia del procesado y aprovechada desde su posición privilegiada en la gestión de las fincas, constituye un elemento clave en la acusación formulada.

Las fincas implicadas en los hechos son de considerable valor tanto patrimonial como económico, y su utilización mediante arrendamientos no autorizados, así como la venta de recursos naturales y la manipulación de documentos oficiales, componen el conjunto de acciones que el fiscal ha incluido como agravantes en la causa. Según detalló Europa Press, las partes presentaron pruebas documentales y testimoniales durante una vista previa sin que el tribunal señalara aún la fecha definitiva para el juicio oral.

Entre las pruebas propuestas, figuraron contratos de arrendamiento, presupuestos, facturas emitidas por la empresa del acusado y permisos administrativos obtenidos supuestamente con documentación falsa. El medio Europa Press subrayó que los trabajos facturados por los que se reclama la indemnización no habrían sido realizados o solo se ejecutaron en parte, sumándose este hecho a los arrendamientos sin permiso y la sustracción de fondos generados por las explotaciones de la familia kuwaití en España.

El procedimiento judicial abierto en Baleares reúne diversas vertientes penales y mercantiles, involucrando a terceros que arrendaron las propiedades y a empresas adjuntas que participaron en la explotación de los recursos de las fincas. Europa Press explicó que los responsables de la acusación particular han solicitado al tribunal la máxima severidad posible ante el alcance del perjuicio económico causado y los métodos supuestamente fraudulentos empleados.

Por el momento, la Audiencia Provincial no ha determinado la fecha en la que se juzgarán estos hechos, pero las partes han completado la fase de presentación de pruebas y han resuelto las cuestiones previas a la apertura del juicio, quedando a la espera de que la sala fije el calendario definitivo para la vista oral.