Los bomberos apuntan a que el incendio en la nave okupada de Torrejón (Madrid) donde murió Esther pudo ser provocado

El hallazgo de al menos tres focos de fuego distribuidos en diversas plantas del inmueble donde ocurrió el incendio en Torrejón de Ardoz constituye un elemento clave para la investigación, al sugerir la posibilidad de que el origen de las llamas no fuera accidental. Según informó Europa Press, los especialistas que participaron en la extinción de este siniestro, ocurrido el 20 de agosto de 2022, resaltaron la magnitud del fuego y la virulencia con la que se propagó en la nave ocupada ilegalmente, enfatizando la existencia de estos múltiples puntos de inicio como un factor que refuerza la hipótesis de una acción premeditada.

Durante la reanudación del juicio en la Audiencia Provincial de Madrid, intervinieron tanto efectivos de Bomberos de la Comunidad de Madrid como agentes de la Policía Científica. De acuerdo con Europa Press, ambos colectivos describieron el escenario encontrado al arribar al lugar: un incendio de grandes dimensiones que llevaba aproximadamente media hora activo y que se manifestaba con una intensidad que dificultaba su control. Los bomberos señalaron que la elevada combustibilidad resultó inesperada considerando los materiales presentes en la nave, principalmente ropa, por lo que se planteó la posibilidad de la utilización de líquidos inflamables, aunque los equipos no lograron descubrir sustancias acelerantes de manera directa.

El jefe de los bomberos que encabezó el operativo explicó ante el tribunal que el fuego, al presentar tales características, escapaba a lo que cabría esperar de un incidente iniciado únicamente por la ropa existente en el interior. “El volumen de ropa difícilmente por sí solo podría originar una combustión tan intensa”, indicó, citado por Europa Press, argumentando que la carga de fuego se asemejaba más a la provocada por materiales altamente combustibles. Pese a ello, los servicios de emergencia no hallaron madera ni otros elementos que justificaran este comportamiento, por lo que los peritos no descartaron la implicación de algún tipo de líquido inflamable.

Otro de los bomberos insistió en la relevancia de la detección de tres focos en distintas alturas de la nave, un aspecto que, según sus palabras, no se corresponde con una propagación espontánea. “Tantos focos y con esa virulencia, de forma natural no es posible”, afirmó según recogió Europa Press, apuntando directamente a la posibilidad de que el incendio fuera provocado de manera deliberada.

Por su parte, el agente de la Policía Científica encargado de la inspección tras el siniestro señaló que los fallecidos fueron localizados en la planta superior del inmueble, en una zona apartada. La joven, según describió el policía ante el tribunal, estaba agazapada bajo una mesa, lo que sugiere un intento de refugiarse para protegerse de las llamas. Los trabajos de inspección forense incluyeron un reportaje fotográfico detallado y la revisión de los cuerpos, donde se descartaron signos de violencia adicionales a la asfixia por inhalación de gases tóxicos generados por la combustión, reportó Europa Press.

Según la reconstrucción ofrecida por la Policía Científica y citada por Europa Press, las víctimas probablemente se encontraban dormidas en el momento en que se desató el incendio y no habrían tenido posibilidades de escapar al verse bloqueadas por las escaleras ya envueltas en llamas. El agente responsable elaboró inicialmente un acta considerando el fuego como fortuito al no contar con información suficiente que apuntara a una causa intencionada en ese momento.

El proceso judicial busca determinar si el incendio fue efectivamente provocado, aspecto clave para sustentar los cargos de asesinato que pesan sobre tres acusados. Entre ellos figura la pareja de una de las víctimas, caso que ha sido calificado como crimen machista. La madre de Esther, una de las personas fallecidas, aportó su testimonio acerca de los supuestos malos tratos sufridos por su hija y las amenazas reiteradas que habría recibido por parte de su pareja, según detalló Europa Press.

La acusación formal contempla que, en caso de demostrarse la intencionalidad, el principal sospechoso afronta cargos agravados por parentesco y discriminación de género. La Fiscalía ha solicitado penas de prisión de 60 y 55 años para los implicados, sumando los hechos de asesinato y el delito de incendio. La Comunidad de Madrid, personada como acusación popular, ha solicitado la prisión permanente revisable para los tres procesados, argumentando que se trata de una acción letal premeditada y con una motivación de violencia de género.

Europa Press precisó que el Ministerio Público sostiene que el fuego se originó intencionadamente durante la madrugada del 20 de agosto de 2022, con el objetivo de acabar con la vida de la mujer y su actual pareja, quienes residían en la nave junto con el principal acusado desde al menos dos años antes de los hechos. Los fiscales afirman que la víctima había iniciado una nueva relación sentimental pese a las amenazas previas y el comportamiento violento del acusado, que supuestamente había manifestado en reiteradas ocasiones su intención de matarla.

La virulencia del incendio tuvo consecuencias inmediatas, según detalló Europa Press, como el acordonamiento de la zona afectada y la evacuación de una nave colindante, además de la retirada de varios vehículos estacionados en las cercanías. Los daños en el inmueble se han valorado en 18.200 euros, suma que los propietarios, incluida la empresa Nero Quality Consulting, S.L., han reclamado judicialmente. Algunos vehículos que sufrieron desperfectos durante el operativo de extinción han sido cubiertos por las aseguradoras correspondientes, por lo cual sus dueños no han presentado demandas adicionales.

El acusado principal permanece en prisión provisional desde septiembre de 2022, medida que ha sido prorrogada por el Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Torrejón de Ardoz en 2024, tal como mencionó Europa Press. Además de las responsabilidades penales, la Fiscalía solicitó indemnizaciones de 100.000 euros a los progenitores de cada víctima y de 30.000 euros para cada hermano, así como compensaciones económicas por los daños materiales ocasionados en la propiedad industrial.

El desarrollo del juicio continúa centrando la atención pública en la determinación del origen del incendio, las circunstancias que rodearon las muertes de Esther y su compañero, y la eventual responsabilidad penal de los acusados, factores fundamentales para la eventual imposición de las sanciones solicitadas.