El Constitucional admite a trámite el choque del Senado contra el Gobierno por no presentar los Presupuestos

El Senado ha puesto en cuestión la decisión del Gobierno de prorrogar los Presupuestos Generales del Estado durante los ejercicios 2024, 2025 y 2026, después de que la Cámara Alta, bajo control del Partido Popular, considerara que esa práctica contradice lo establecido por la Constitución. Según informó el Tribunal Constitucional, este órgano ha admitido a trámite el conflicto de atribuciones presentado por el Senado contra el Ejecutivo, lo cual abre un procedimiento judicial que examinará si el Gobierno ha vulnerado su deber legal de presentar los presupuestos correspondientes para cada ejercicio anual.

De acuerdo con la información difundida por el propio tribunal, el conflicto se centra tanto en la ausencia de nuevos Presupuestos Generales del Estado como en la preferencia gubernamental por aplicar prórrogas presupuestarias para los citados años. El medio ha detallado que la mayoría de representantes del Partido Popular en el Senado promovió formalmente este enfrentamiento institucional, argumentando que la Cámara Alta “no debe admitir ni tolerar el incumplimiento” de la obligación constitucional que pesa sobre el Gobierno respecto a la elaboración y presentación de los presupuestos anuales.

El Tribunal Constitucional, según publicó la prensa generalista, ha comunicado que evaluará los argumentos de las dos partes y el alcance de la obligación constitucional comprometida. Este órgano de garantías subrayó que el procedimiento inicia a raíz de que el Senado activó el mecanismo previsto para los denominados conflictos de atribuciones entre órganos constitucionales del Estado. Este tipo de recurso autoriza a las cámaras legislativas a reclamar formalmente por lo que consideren una invasión de competencias o incumplimientos relevantes cometidos por el Ejecutivo.

El Senado, en el texto remitido al Constitucional, sostiene que el Gobierno ha fallado en presentar ante las Cortes Generales un proyecto de Presupuestos Generales del Estado para los años 2024, 2025 y 2026 y denuncia el uso reiterado de prórrogas presupuestarias para esos periodos. Según detalló el Tribunal Constitucional, estas prórrogas se han aplicado sin que se realicen votaciones sobre nuevos escenarios presupuestarios en el Congreso de los Diputados y el Senado, procedimiento contemplado en la normativa.

La iniciativa impulsada desde la Cámara Alta se apoya en el precepto constitucional que obliga expresamente al Gobierno a remitir cada año un proyecto de presupuestos a las Cortes Generales. De acuerdo con lo que estipula la Constitución española, la aprobación de los presupuestos permite dar visibilidad y control a la planificación anual del gasto público, función que queda limítrofe ante la extensión indefinida de cuentas previas. El medio recuerda que, en este contexto, el Partido Popular decidió forzar el debate institucional apelando a que la Cámara no debe consentir lo que califica como un incumplimiento en la rendición de cuentas del Ejecutivo.

La admisión a trámite anunciada por el Tribunal Constitucional no implica de momento un pronunciamiento sobre el fondo del conflicto, pero supone la apertura de un proceso en el que ambas partes deberán exponer sus argumentos jurídicos sobre el alcance de la obligación de presupuestar y sobre la legalidad o la adecuación de las prórrogas aplicadas por el Gobierno en los últimos tres años. Según consignó la corte, este paso es habitual en los conflictos entre órganos constitucionales con competencias propias, de acuerdo a lo regulado en la normativa vigente para la resolución de disputas de este tipo.

Según publicó el Tribunal Constitucional, en la fase siguiente del procedimiento, tanto el Gobierno como el Senado tendrán que aportar documentación, justificar sus posiciones y responder a los requerimientos del tribunal. El conflicto de atribuciones resulta uno de los mecanismos contemplados en el ordenamiento español para resolver desacuerdos institucionales cuando una de las partes estima que otra vulnera competencias o incumple mandatos explícitos de la Carta Magna.

El escenario generado por la prórroga de los presupuestos y la apertura de un procedimiento judicial de este calibre se produce en un momento de control del Partido Popular en la Cámara Alta. La clave del procedimiento formal radica en determinar si la reiteración de prórrogas puede considerarse una opción legítima dentro del margen parlamentario del Gobierno o si, por el contrario, la Constitución impone una renovación anual que no puede alterarse sin causa justificada.

El Tribunal Constitucional, según reportó el propio organismo, comunicó que el proceso ofrecerá garantías para que ambas partes expongan sus argumentos y añadió que la decisión final se fundará en la interpretación del alcance literal y material del artículo constitucional concernido. El resultado del procedimiento podría condicionar la elaboración y adopción de futuros presupuestos en los próximos años, según refieren fuentes institucionales recogidas por los medios.