El CGPJ archiva el expediente disciplinario abierto al juez Eloy Velasco por sus críticas a Irene Montero

Uno de los debates que marcaron la decisión del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sobre la conducta del magistrado Eloy Velasco fue la división interna entre vocales, tal como informó el medio original. Tres miembros del CGPJ, Ricardo Bodas, José María Fernández Seijo y Lucía Avilés, comunicaron su intención de expresar un voto particular tras la resolución, mientras que la mayoría de la Comisión Disciplinaria optó por cerrar el expediente abierto contra Velasco, argumentando que sus declaraciones no constituyeron una infracción grave en el contexto donde fueron emitidas.

Según publicó el medio original, la Comisión Disciplinaria del CGPJ decidió archivar el procedimiento abierto al juez de la Audiencia Nacional, quien había sido investigado por posible desconsideración a raíz de comentarios realizados el 13 de noviembre de 2024 en un foro de debate. En aquellas palabras, Velasco criticó la ley del “solo sí es sí” y apuntó directamente a Irene Montero, eurodiputada de Podemos y exministra de Igualdad. El magistrado afirmó en su intervención: “De repente se creyeron que estaban enseñándonos el mundo. Nos intentaron explicar qué es consentir, a un jurista que llevamos desde el derecho romano sabiendo lo que es consentimiento. Y el expreso y el consentimiento tácito y los actos consecuentes. Y mil cosas más que nunca aprenderá Irene Montero desde su cajero de Mercadona ni nos podrá dar clases a los demás”.

El medio original detalló que la queja presentada contra el magistrado partió de un particular, quien solicitó la apertura del expediente disciplinario. Se proponía una posible sanción de multa entre 501 y 6.000 euros bajo la consideración de que la conducta podía encajar como falta grave, aunque la Fiscalía defendía el cierre de la investigación. Tras analizar el caso, el órgano de gobierno de los jueces concluyó que, si bien las declaraciones habían generado polémica y reacciones dentro y fuera del entorno judicial, no reunían las características para ser consideradas como un incumplimiento grave a las normas de respeto y consideración exigidas a los miembros del poder judicial durante su participación en debates públicos y foros de discusión, reportó el medio original.

En respuesta a esas palabras, Irene Montero replicó públicamente, en declaraciones recogidas por el medio original: “De cajera a juez Velasco: cumpla la ley y póngase a estudiar”. Montero añadió además que la formación específica a jueces sobre estos temas está respaldada por la legislación y por normas internacionales. Según recogió la publicación original, Montero subrayó que “los estereotipos pueden hacer que los jueces interpreten erróneamente las leyes o las apliquen de forma defectuosa”.

Tal como consignó el medio fuente, tras estudiar los hechos y las posiciones de las partes implicadas, la mayoría de la Comisión Disciplinaria del CGPJ votó a favor de archivar el expediente. Sin embargo, los vocales Bodas, Fernández Seijo y Avilés anticiparon que emitirán un voto particular, lo que indica que no todos los miembros compartieron la interpretación de que el contexto justifica la ausencia de sanción. Los detalles sobre los argumentos de esos votos quedan pendientes de publicarse, pero reflejan el debate sobre los límites de la libertad de expresión de los jueces y la obligación de mantener la consideración hacia cargos públicos en espacios de debate.

El medio también reportó la resolución relacionada con otro caso: la Comisión Disciplinaria resolvió archivar el expediente abierto a Manuel Ruiz de Lara, otro magistrado de la Audiencia Nacional, cuyas publicaciones en la red social X (antes Twitter) generaron controversia. Ruiz de Lara había señalado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con acusaciones de “golpismo” y utilizó la expresión “Barbigoña” para referirse a la esposa del mandatario, Begoña Gómez. Al igual que en el caso de Velasco, el CGPJ consideró que en estas circunstancias las manifestaciones, pese a su tono crítico, no suponían una infracción disciplinaria grave dentro del marco normativo aplicable.

Estas decisiones, reflejadas por el medio original, muestran cómo la Comisión Disciplinaria del CGPJ gestiona los procedimientos que afectan a jueces por declaraciones públicas y el criterio que se aplica a la hora de valorar la posible comisión de faltas graves. Tanto la resolución sobre Eloy Velasco como sobre Manuel Ruiz de Lara abren el espacio a interpretaciones distintas dentro del propio órgano encargado de la disciplina interna de la judicatura.