Ábalos dijo al juez que tuvo "muchísimas oportunidades" para fugarse y no lo hizo: "No tengo dónde ir, en ninguna parte"

A diferencia de su exasesor, Koldo García, quien también pidió al magistrado comprensión durante la audiencia, José Luis Ábalos hizo hincapié ante el Tribunal Supremo en la imposibilidad de abandonar el país y en la ausencia total de recursos para huir, subrayando que ni siquiera cuenta con residencia fuera de España. Según Europa Press, el exministro de Transportes explicó al juez Leopoldo Puente que, a pesar de haber contado con diversas ocasiones para escapar, optó siempre por permanecer localizable en territorio nacional. Ábalos recalcó al magistrado que su deseo de defender su inocencia constituye el principal motivo por el que nunca consideró la fuga como una opción, incluso cuando, como él expresó, “tuve muchísimas oportunidades”.

Durante su intervención, de acuerdo con lo publicado por Europa Press, Ábalos insistió en que no tiene intención de ocultarse ni ha intentado en ningún momento sustraerse a la acción de la justicia. El exministro argumentó: “No tengo dónde ir, en ninguna parte del mundo. No he hecho ningún intento”. Esta declaración formó parte de su alegato final ante el instructor, en la sesión de noviembre asignada a resolver sobre la posible aplicación de prisión preventiva, una petición que en esa fecha presentaron tanto la Fiscalía Anticorrupción como las acusaciones populares lideradas por el Partido Popular, quienes señalaban un alto riesgo de fuga y la gravedad de las penas solicitadas, que ascienden hasta 30 años de cárcel.

Ábalos utilizó el turno de palabra, tras la petición de la Fiscalía y las acusaciones, para referirse a su situación personal y a la transparencia de su vida financiera. Según informó Europa Press, el exdirigente socialista afirmó que sus ingresos y gastos son conocidos públicamente. Además, expuso que nunca ha solicitado permisos para salir del país, ni siquiera para vacaciones familiares. “Se conoce todo. Si hubiera querido fugarme he tenido muchísimas oportunidades. Pero no le he pedido un solo permiso para salir de España para disfrutar de unas vacaciones con mis hijos, a los que se las he negado”, manifestó el exministro ante el juez.

El exministro también mencionó su permanencia en España como una demostración de su voluntad de someterse a la justicia y de la falta de recursos y vínculos en el extranjero. Ábalos reprochó a las acusaciones y a la unidad investigadora el que se insinuara que poseía un inmueble en otro país. Negó tener segunda residencia y recordó que a pesar de las advertencias de prisión inminente, continuó asistiendo a todas las citas judiciales. Según reportó Europa Press, aseguró ante el juez: “No tengo donde ir, no tengo segunda residencia. Después de esta semana en que se me ha dicho que podía ir a prisión, estoy aquí”.

En su declaración, el exministro también mencionó su entonces condición de diputado como argumento para reforzar su arraigo. Señaló que asistía semanalmente al Congreso de los Diputados y, en días sin actividad parlamentaria, permanecía mayoritariamente en su domicilio, en lo que describió como una situación similar a un arresto domiciliario causada por la presión mediática persistente. Europa Press consignó las palabras del acusado en las que lamentaba: “Estoy todas las semanas en el Congreso, y cuando no, vivo en la práctica un arresto domiciliario en casa, de donde no salgo porque tengo presencia mediática día y noche como una actuación parapolicial”.

El abogado de Ábalos, Carlos Bautista, exfiscal, también intervino en la audiencia y descartó que existiera riesgo de fuga por parte de su cliente. Sugirió que el verdadero objetivo de las acusaciones era inducir una cooperación o declaración colaborativa mediante el encarcelamiento preventivo. Según detalló Europa Press, Bautista expresó: “De forma que lleguemos a juicio cautivos y desarmados y tengamos que aceptar lo que se nos ofrezca. Esa forma de hacer es inaceptable en esta sala. Es una práctica deleznable”.

Koldo García, exasesor y también investigado en el caso, pidió al magistrado que reconociera el derecho de los acusados a aprender y evolucionar con el proceso. García trasladó al juez que no pensaba abandonar España: “Lo único que puedo decir es que no me voy a ir a ninguna parte”, afirmó ante el tribunal según consignó Europa Press.

A pesar de las manifestaciones de Ábalos y García, el magistrado Leopoldo Puente acordó el ingreso en prisión preventiva de ambos, decisión basada en lo que identificó como tres elementos principales. Según informó Europa Press, el juez consideró determinante el hecho de haber propuesto ya la apertura del juicio oral por la existencia de “consistentes indicios” de la comisión de delitos graves relacionados con presuntas irregularidades en contratos públicos para la adquisición de material sanitario. También citó como factor la alta gravedad de las penas solicitadas, que, según sus resoluciones, son “tan relevantes que se comentan por sí solas”. Finalmente, la proximidad del comienzo del juicio en sí habría incrementado el riesgo procesal que justificó, desde su punto de vista, la adopción de la prisión provisional.

Los hechos que motivaron la investigación se centran en sospechas de manipulación y amaños en la contratación de suministros durante la etapa de Ábalos al frente del Ministerio de Transportes. Durante los interrogatorios y comparecencias, según la documentación recopilada por Europa Press, tanto Ábalos como García reiteraron su deseo de continuar colaborando con la justicia y subrayaron su inocencia frente a los cargos presentados. Ábalos remarcó ante el juez: “Sigo manteniendo mi inocencia. Ya sé que no es creíble, pero ese afán por demostrarla hace que permanezca en mi país. Ese afán es el que me hace estar aquí, defendiéndome. No me puedo defender fuera. Si se me quiere plantear algún escarmiento o una pena anticipada, si ese es el propósito, lo puedo entender, pero humanamente no lo entiendo. No he hecho ningún intento”.

Las resoluciones firmadas por el juez Puente, detalladas por Europa Press, establecen que el riesgo de fuga —especialmente por la gravedad de los delitos y la cercanía del juicio oral— hacía necesario recurrir a la prisión preventiva como medida cautelar. El instructor sostuvo que la gravedad de las acusaciones y la cuantía de las condenas solicitadas aumentaban el peligro de una posible evasión, desestimando los argumentos de arraigo y falta de recursos esgrimidos por los acusados.

Las partes implicadas mantienen posiciones confrontadas en torno a la interpretación de los hechos y a la pertinencia de la prisión provisional. Mientras la defensa incide en la inexistencia de elementos objetivos que acrediten riesgo de fuga y critica supuestas presiones para forzar colaboraciones, las acusaciones recalcan el alcance de las peticiones de pena y los datos indiciarios presentados en la instrucción como justificación de la medida adoptada.

La investigación sobre los supuestos amaños en contratos públicos continúa en fase judicial y se espera que en el futuro inmediato se sucedan nuevas comparecencias ante el tribunal, siguiendo el calendario que marcan las instancias judiciales. Según informó Europa Press, la resolución del caso dependerá de la valoración que realicen los jueces sobre los elementos probatorios y las argumentaciones presentadas por las distintas partes procesales en las próximas sesiones.