Víctimas de la dana acogen con "cautela" la petición de investigar a Mazón y esperan que la justicia no les "decepcione"

El paso de la jueza de instrucción de Catarroja de trasladar la investigación sobre la actuación de Carlos Mazón al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha sorprendido a los colectivos de damnificados por la dana del 29 de octubre de 2024, quienes han señalado que prefieren analizar detalladamente los argumentos presentados antes de avanzar una valoración definitiva. Según consignó Europa Press, esta decisión deriva de la apreciación inicial de una posible "inactividad negligente" del ex jefe del Consell en la jornada en que se produjo la barrancada, con resultado de 230 víctimas mortales, más otra persona cuya situación sigue en estudio.

De acuerdo con lo publicado por Europa Press, la jueza justifica llevar el expediente al TSJCV en función de la situación política de Mazón, quien, pese a haber dejado la presidencia de la Generalitat, mantiene el acta de diputado en Les Corts, por lo que la competencia pasa al alto tribunal de la Comunitat Valenciana. En la causa también figuran como investigados la exconsellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, y su antiguo segundo de abordo, Emilio Argüeso, ambos por su papel en la gestión del episodio.

Las asociaciones que agrupan a los afectados han manifestado que reciben este desarrollo con cautela, evaluando tanto la inesperada naturaleza del procedimiento como la necesidad de que la instrucción conserve el rigor mostrado hasta la fecha. Rosa Álvarez, presidenta de la Associació de Víctimes Mortals de la Dana, indicó a Europa Press que las familias y sus representantes legales no esperaban que la jueza elevara el expediente a la Sala de lo Civil y Penal en este momento, de ahí la preferencia por "mantener cautela a la espera de conocer bien los motivos" de la instructora. Álvarez expresó, además, que Mazón debía haber declarado de forma voluntaria ante el juzgado, tal como la magistrada le había solicitado en repetidas ocasiones. Subrayó la confianza de la asociación en la labor realizada hasta ahora por la jueza de Catarroja, a cuya gestión otorgó plena credibilidad.

La Associació Víctimes de la DANA 29 d'octubre de 2024 ha coincidido en la confianza en el desarrollo riguroso de la instrucción y reiteró la esperanza de que la justicia mantenga el compromiso mostrado, puesto que, según expresaron al medio Europa Press, hasta ahora el gobierno autonómico "ha decepcionado" las expectativas de los damnificados. Esta agrupación no se pronunció sobre las decisiones judiciales ni anticipó resultados, aunque sí insistió en la necesidad de que, en calidad de máximo responsable político durante la emergencia, Mazón se hubiera presentado de forma voluntaria ante el juzgado para aportar su versión y asumir posibles responsabilidades por las decisiones y omisiones del 29 de octubre de 2024.

Las asociaciones insisten en señalar que, si bien la responsabilidad penal quedará en el ámbito judicial, subsisten responsabilidades políticas que, desde su perspectiva, Mazón y otros miembros del entonces ejecutivo autonómico no han afrontado plenamente. Según argumentan los colectivos de afectados, Mazón continúa como diputado, situación que lo sitúa bajo el amparo del actual gobierno de Pérez Llorca, al igual que sucede con otros integrantes del Consell de la pasada legislatura, como Rovira, Camarero o Barrachina.

Tal como detalló Europa Press, la investigación sobre la catástrofe se centra en las posibles omisiones y decisiones tomadas por los responsables políticos en la gestión de la emergencia, analizando si existió una falta de respuesta adecuada ante la gravedad de la situación, lo que derivó en el elevado número de fallecidos. En este contexto, la judicatura considera que debe ser el TSJCV quien asuma el análisis de la posible implicación penal de Mazón, dada su condición de aforado.

El procedimiento es observado de cerca por los colectivos de víctimas, que aspiran a que ningún cargo público quede fuera del escrutinio judicial y administrativo por su actuación durante el episodio de la dana. Las agrupaciones enfatizan tanto la necesidad de que la investigación mantenga su rumbo como la importancia de que las resoluciones judiciales sirvan para clarificar si hubo responsabilidades individuales o colectivas en la cadena de decisiones que marcaron la gestión de la emergencia. A la espera de que el alto tribunal se pronuncie sobre la admisión del expediente, las víctimas y sus familiares siguen la evolución del caso con vigilancia y moderada expectativa, según relató Europa Press.