
El juicio contra 11 acusados y una empresa, a los que se atribuye su participación en una red dedicada a construir 'narcolanchas' en Vigo y el norte de Portugal ha sido suspendido este jueves por cuarta vez, en esta ocasión por enfermedad de un procesado, y la sección quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra ha vuelto a señalarlo para abril.
Esta vista estuvo señalada inicialmente para noviembre del año pasado, pero fue suspendido por un cambio de abogado de uno de los acusados. El pasado 2 de febrero se celebró una vista para abordar las cuestiones previas y se fijó como fecha de inicio de las declaraciones este 16 de febrero.
Sin embargo, el lunes tuvo que ser suspendida la jornada porque uno de los letrados estaba indispuesto y se marcó el inicio para el martes. Ese día, nuevamente fue suspendido porque el mismo abogado informó de la imposibilidad de llegar a tiempo al juicio.
Este jueves, tras una espera de casi dos horas (porque uno de los acusados no estaba conectado por vídeoconferencia) se tuvo que acordar la suspensión otra vez. La explicación la daba el abogado de ese procesado que no estaba conectado: se encontraba en cama, aquejado por una ciática y no podía desplazarse a ningún sitio con internet para hacer la videoconferencia.
Así las cosas, la Audiencia ha acordado posponer la vista (que comenzará con las declaraciones de testigos policiales, ya que los acusados declararán al final) al mes de abril, y se han fijado como fechas del juicio los días 9, 10, 13, 14, 15, 16 y 17 de ese mes. Está por ver si ésas son las fechas definitivas, ya que varios letrados han advertido de que les coinciden con otros juicios.
CONTRABANDO DE EMBARCACIONES PROHIBIDAS
La Fiscalía considera que los 11 acusados (más una empresa de transportes de O Porriño) formaban una estructura "empresarial, personal y material" que, al menos entre septiembre de 2020 y junio de 2022, se dedicaba a construir lanchas semirrígidas de alta velocidad, constitutivas de género prohibido, que iban a ser destinadas a operaciones de narcotráfico.
Así, les atribuye delitos de contrabando de embarcaciones constitutivas de género prohibido, cometidos por medios de personas, entidades y organizaciones. Además, a uno de los encausados lo acusa también de tenencia ilícita de armas y de delito contra la salud pública, ya que en el registro de su domicilio se le intervinieron casi 300 gramos de hachís y, en su despacho de la empresa de transportes, una pistola detonadora semiautomática.
En el marco de esta investigación se tuvo conocimiento de la construcción de al menos 19 'narcolanchas', algunas de las cuales se probó que habían participado en alijos de hachís en el sur de la Península.
Por estos hechos, la Fiscalía pide para los acusados penas que van desde los 2 a los 9 años de prisión, y el pago de multas que suman en total más de 80 millones de euros. Para la empresa acusada pide multa de 14 millones de euros y dos años de prohibición de obtener ayudas o subvenciones públicas, o para beneficiarse de incentivos fiscales; además de un año y tres meses de suspensión de las actividades de importación, exportación o comercio de embarcaciones neumáticas y semirrígidas.
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