Madrid, 19 feb (EFE).- El empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha alegado en su escrito de defensa ante el juicio por supuesto fraude a la Hacienda que el condenado ex fiscal general Álvaro García Ortiz vulneró sus derechos a un proceso justo y que, además, no cometió ningún fraude fiscal.
En el escrito que ha presentado ante el Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid, la defensa de González Amador asegura también que no existe deuda tributaria alguna en los ejercicios fiscales de los años 2020 y 2021 y que las facturas que presentó son reales y no falsas.
La pareja de la presidente madrileña se enfrenta en este caso a la petición de la Fiscalía y la Abogacía del Estado de penas de tres años y nueve meses de cárcel y una multa de 448.927 euros por los delitos de fraude a Hacienda en 2021 y 2021, falsedad en documento mercantil, delito continuado contable y pertenencia a grupo criminal.
En primer lugar, los abogados de González Amador alegan en su defensa la vulneración de sus derechos fundamentales a la defensa y la presunción de inocencia en este procedimiento por la actuación en el asunto del entonces fiscal general del Estado, que fue condenado por ello a dos años de inhabilitación para el cargo y 7.200 euros de multa por un delito de revelación de datos reservados
"El procedimiento que nos ocupa constituye, desde antes de existir y durante todo su desarrollo, la antítesis del procedimiento penal justo", sostiene la defensa del acusado.
En concreto, alega que en él la pareja de Ayuso ha sufrido "la perversión de cuantos mecanismos garantes de la legalidad existen, hasta ser sustituidos por el delito", como evidencia la condena por el Supremo a García Ortiz.
Mantiene la defensa de González Mador en su escrito que sus derechos fundamentales a la defensa y a la presunción de inocencia han sido lesionados "por todos los miembros y autoridades del Poder Ejecutivo de forma continuada", entre ellos el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que declaró que la presidenta madrileña "es pareja de un delincuente confeso que ha defraudado a Hacienda" y "que ha cometido un delito fiscal".
"Este procedimiento penal fue precedido, antes de existir, por la actuación delictiva del Fiscal General del Estado", esto es, que "el máximo defensor y garante" de la legalidad y de la tutela de los derechos fundamentales de los ciudadanos, se transformó "en la atalaya desde la que lesionar, con una intensidad delincuencial, los derechos fundamentales" de González Amador.
"Los hechos realmente acaecidos no son constitutivos de delito alguno, ni de delito contra la Hacienda Pública tipificado en el artículo 305 del Código Penal, ni de falsedad documental, ni delito contable, ni de un delito de pertenencia a grupo criminal a que se refiere la Acusación Popular, PSOE/Mas Madrid", añade el escrito de defensa.
El pasado mes de noviembre la Audiencia Provincial de Madrid avaló el procesamiento de González Amador en esta causa junto a otros cuatro empresarios por defraudar, presuntamente, 350.951 euros entre 2020 y 2021, y utilizar para ello un supuesto entramado de facturas falsas. EFE
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