La Fiscalía espera que puedan recuperar sus propiedades la mayoría de víctimas del 'caso Cocoon', la macroestafa inmobiliaria consumada por una trama se quedó con más de un centenar de viviendas.
Lo solicitará el lunes en el juicio (que continúa para la parte civil), donde también pedirá que los acusados indemnicen con el valor actual de mercado en los casos en que las víctimas no puedan recuperar el inmueble porque un tercero lo ha adquirido de buena fe.
En este sentido, la Fiscalía se adhiere a las peticiones de las defensas y de las acusaciones particulares para que sean las aseguradoras quienes respondan de estas indemnizaciones.
Las víctimas no podrán recuperar sus inmuebles ni cobrar las indemnizaciones hasta que haya una sentencia firme, momento en que el tribunal la enviará al Registro de la Propiedad para que anule las escrituras públicas fraudulentas.
La sentencia de conformidad alcanzada este lunes en lo relativo a la parte penal permitirá acelerar el proceso, aunque las indemnizaciones serán más rápidas que la recuperación de los inmuebles porque habrá que dar mandato al Registro de la Propiedad.
EL PAPEL DEL NOTARIO
Los dos principales investigados del 'caso Cocoon' (en total había 14 procesados) son un abogado y un notario que aceptaron penas de hasta 4 años y 7 meses de prisión.
El abogado Francisco Comitre aceptó una condena de 4 años y 7 meses de prisión, la pena más elevada, por delito de estafa agravada en concurso medial con falsedad documental, blanqueo de capitales y pertenencia a grupo criminal.
El notario Enrique Peña aceptó 3 años y 2 meses de prisión (1 año y 9 meses por estafa agravada y 1 año y 5 meses por blanqueo), así como la inhabilitación definitiva para ejercer su profesión.
En su caso no formaba parte del grupo criminal, puesto que lo que se le atribuye con responsabilidad criminal no es un lucro, sino "un incumplimiento ciertamente intenso" de sus deberes notariales, que propiciaron que el grupo criminal pudiese cometer las estafas, según la Fiscalía.
El Ministerio Público considera que el incumplimiento de Peña fue tan intenso que trascendió la imprudencia porque sabía que estaba ignorando su obligación de revisar las operaciones que autorizaba para evitar la comisión de delitos y que, además, lo hizo de forma masiva.
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