Barcelona, 13 feb (EFE).- La patronal Pimec ha reclamado este viernes un cambio en el Estatuto de los Trabajadores para que los permisos laborales que permiten ausentarse ante fenómenos de meteorología adversa o restricciones de la movilidad no sean remunerados por las empresas.
En el último mes, la Generalitat ha hecho referencia varias veces a que los empleados pueden acogerse al artículo 37.3 G del Estatuto de los Trabajadores para justificar sus ausencias por la crisis en el sistema ferroviario de Rodalies y esta semana ante el temporal de viento que restringió ayer la movilidad en toda Cataluña.
El presidente de Pimec, Antoni Cañete, ha señalado en un comunicado que "las empresas no son responsables del cambio climático ni del incremento de fenómenos meteorológicos extremos, y no pueden asumir de manera exclusiva y sistemática las consecuencias económicas derivadas de estas situaciones excepcionales".
Cañete ha apostillado que sus efectos "tampoco deben recaer sobre las personas trabajadoras".
Por todo ello, Pimec ha pedido una "modificación legislativa que articule mecanismos de corresponsabilidad y compensación" y propone que el llamado "permiso climático" no sea remunerado por las empresas.
La entidad ha informado de que impulsará "de manera inmediata" un grupo técnico de trabajo integrado por empresas de distintos sectores, expertos en prevención de riesgos laborales y representantes institucionales para proponer medidas que ayuden a redefinir los protocolos de actuación ante los episodios climáticos.
El artículo 37.3 G se incorporó al Estatuto de los Trabajadores a raíz de la aprobación del Real Decreto ley 8/2024 de medidas urgentes complementarias tras la dana que devastó Valencia en octubre de 2024.
El permiso permite ausentarse del lugar de trabajo hasta un máximo de cuatro días remunerados al año, sin obligación de recuperar las horas, cuando no se pueda acceder al trabajo por restricciones al desplazamiento o ante una situación de riesgo grave por una catástrofe o un fenómeno meteorológico adverso.
Se trata de una ausencia justificada y totalmente remunerada por la empresa.
La patronal ha hecho énfasis en que "comparte plenamente la necesidad de proteger la seguridad e integridad física de las personas trabajadoras ante situaciones de riesgo grave e inminente, y que en ningún caso se puede poner en peligro la salud por motivos laborales".
Sin embargo, considera que "la regulación actual es insuficiente y genera un desequilibrio en la asunción de costes". EFE
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