Cataluña cree que la sentencia del TJUE sobre la inmunidad de Puigdemont "llega tarde"

Durante la reciente sesión de control al Govern celebrada en el Parlament, el conseller de Acción Exterior y Unión Europea, Jaume Duch, expresó su opinión sobre los tiempos en los que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha emitido su fallo relacionado con la inmunidad parlamentaria de Carles Puigdemont, líder de Junts, indicando que la decisión judicial debió haberse producido antes. Según informó la Agencia EFE, Duch manifestó que la resolución habría tenido una repercusión más significativa de haberse concretado en una etapa en la que pudiese producir efectos prácticos, ya que, cuando se anunció, ninguno de los tres afectados —Puigdemont, Toni Comín y Clara Ponsatí— ocupaba ya un escaño en el Parlamento Europeo, tras las elecciones de junio de 2024.

De acuerdo con EFE, Duch respondió en el Parlament a una pregunta formulada por el diputado Francesc de Dalmases, de Junts. “Me hubiese gustado que no se hubiese tenido que dictar, es decir, que las cosas se hubiesen hecho bien”, afirmó el conseller durante la sesión. Esta declaración surge tras la sentencia del TJUE, hecha pública el pasado 5 de febrero, que anuló el procedimiento mediante el cual el Parlamento Europeo levantó la inmunidad a Puigdemont y a los exconsellers Comín y Ponsatí, a raíz de defectos en el proceso.

El medio EFE detalló que el TJUE encontró que el ponente encargado de estudiar la solicitud de supresión de inmunidad pertenecía al mismo grupo parlamentario que Vox, partido que está personado en la causa del ‘procés’ en España. Según la instancia europea, esto no garantizaba la debida “exigencia de imparcialidad”, exigida para la tramitación de estos expedientes.

Sobre este aspecto, la sentencia determina que el procedimiento jurídico no cumplió con los estándares requeridos, lo que llevó a la anulación de la decisión de retirar la inmunidad de los citados políticos. Al momento de conocerse el fallo, ninguno de los tres implicados era ya miembro del Parlamento Europeo. Puigdemont, Comín y Ponsatí perdieron su escaño tras los resultados de las elecciones al hemiciclo europeo celebradas en junio de 2024, tal como publicó EFE.

Durante su intervención, Duch reiteró su “absoluto respeto por todas las decisiones judiciales, las que gustan y las que no gustan”, incluyendo aquellas que “corrigen decisiones previas o de otras instituciones”. Según reportó EFE, el conseller reafirmó también su postura en defensa de la aplicación de la ley de amnistía, argumentando que su objetivo es “que todo el mundo pueda estar aquí y volver a su casa”.

La anulación del procedimiento de supresión de la inmunidad constituye un nuevo elemento dentro de la evolución judicial de los procesos abiertos en torno a varios miembros del antiguo Govern catalán. El medio EFE indicó que la resolución del TJUE reabre el debate sobre la forma en la que las instituciones europeas gestionan este tipo de solicitudes, especialmente cuando existen circunstancias que pueden poner en duda la neutralidad de los actores implicados.

Las declaraciones de Duch se suman a las distintas reacciones surgidas tras el dictamen judicial europeo, en el que se cuestiona la imparcialidad de los órganos parlamentarios en casos que involucran directamente a partidos presentes en las causas judiciales. Según ha consignado EFE, el conseller señaló que hubiese preferido no haberse encontrado en la situación de tener que esperar una sentencia que, en su opinión, pierde repercusión al no influir de manera efectiva en el statu quo de Puigdemont, Comín y Ponsatí como eurodiputados.

El caso de Carles Puigdemont y sus exconsellers ha marcado la agenda política y judicial de Cataluña y España desde 2017. Tanto la defensa de la amnistía como la atención al respeto estricto de las resoluciones judiciales figuran entre los argumentos centrales del Govern, que, según Duch, mantiene un compromiso con la legalidad más allá de las simpatías o discrepancias políticas sobre los fallos.

Finalmente, tal como puntualizó EFE, el Govern insiste en una “defensa férrea” de la aplicación de la ley de amnistía, con la finalidad de que quienes se encuentran fuera de Cataluña por causas judiciales ligadas al ‘procés’ puedan regresar sin enfrentar consecuencias penales, e insiste en la necesidad de respetar tanto las decisiones de los tribunales españoles como las emitidas por instancias internacionales y europeas.