El fallo de la Audiencia Provincial de Madrid refleja que el fiscal no apreció indicios de delito en las actuaciones vinculadas con el proceso de selección de profesorado en la Universidad Carlos III en 2018, y por tanto solicitó la absolución de Juan Romo Urroz y de otros cinco altos cargos universitarios, según detalló Europa Press. En la vista, se argumentó que los acusados no incurrieron en prevaricación administrativa al gestionar la adjudicación de plazas a docente, rechazando que existiesen irregularidades en el procedimiento.
Tal como publicó Europa Press, la decisión judicial se apoya en la ausencia de impugnaciones oficiales sobre el proceso, según destacó la Fiscalía. El procedimiento de selección se desarrolló a partir del 13 de febrero de 2018, fecha en la que el Consejo de Gobierno de la Universidad constituyó una Comisión de Selección integrada por los cinco investigados. Esta comisión fue la responsable de determinar, a través de un concurso, la adjudicación de las plazas en cuestión para los cuerpos docentes de la institución.
Según consignó Europa Press, el juicio giró en torno a la validez y transparencia del proceso, especialmente después de que un candidato no seleccionado presentara denuncia penal. El denunciante argumentó que sus méritos habían sido desestimados por supuestas razones espurias y que existían vínculos personales entre la comisión examinadora y las personas seleccionadas, lo que habría, en su opinión, afectado la objetividad del concurso. Las bases y pruebas del proceso respondieron, no obstante, a lo previsto en la convocatoria, y la resolución final se publicó en el Boletín Oficial del Estado, donde se especificaba la selección de tres candidatos.
Durante la audiencia, el exrector Juan Romo Urroz afirmó que su papel consistió en firmar la convocatoria de plazas para el departamento de Tecnología Electrónica en diciembre de 2017 y aprobar la propuesta de la Comisión de Selección, cumpliendo así con las funciones propias de su cargo. La sentencia, a la que accedió Europa Press, recoge que los magistrados no identificaron desviaciones de la legalidad por parte de Romo ni del resto de los altos cargos y enfatiza que estos se limitaron a cumplir los trámites administrativos pertinentes.
La Fiscalía finalmente indicó que no existía delito y que el proceso se ajustó a la normativa interna y a las bases establecidas. La acusación particular, representada por el abogado Marcos García Montes, solicitaba hasta tres años de inhabilitación para Juan Romo, aunque esta petición fue rechazada. Según la misma información, el querellante había optado por la vía penal tras considerar que sus reclamaciones no prosperaron en el ámbito administrativo y contencioso-administrativo.
Europa Press destacó que la resolución señala la inexistencia de evidencias sobre la existencia de favoritismos o actuaciones contrarias a derecho por parte de los responsables universitarios. El tribunal valoró que la mecánica del proceso se mantuvo dentro de los cauces previstos, y que la ausencia de recursos o impugnaciones previos respalda la legalidad del concurso. La absolución, por tanto, afecta tanto al exrector como al resto de los directivos de la universidad enjuiciados por este asunto, poniendo fin al procedimiento iniciado por la denuncia del candidato no seleccionado.


