Gobierno de Cantabria presenta hoy las medidas cautelarísimas frente a la orden de paralización del centro de Cartes

Begoña Gómez del Río, consejera de Inclusión Social de Cantabria, manifestó que su principal prioridad en este momento consiste en asegurar la protección, el cuidado y la integración de los menores migrantes acogidos en Cartes, remarcando que la atención institucional debe centrarse en evitar cualquier tipo de estigmatización hacia ellos. Estas declaraciones se producen en el contexto de la presentación, durante la mañana del miércoles 4 de febrero, de medidas cautelarísimas por parte del Gobierno de Cantabria ante los tribunales, con el objetivo de frenar la orden emitida por la alcaldesa de Cartes, Lorena Cueto, que dispone la paralización inmediata del funcionamiento del centro de acogida de emergencia habilitado para dieciocho menores migrantes no acompañados. Según informó el medio, la decisión de elevar el asunto a la vía judicial se produce después de que el Ejecutivo autonómico recibiera la notificación de suspensión durante la jornada del martes.

De acuerdo con la información recogida por el medio, la consejera Gómez del Río subrayó ante la prensa que la resolución municipal ya ha impulsado la judicialización del proceso y que, por el momento, la labor fundamental del Ejecutivo cántabro radica en garantizar la continuidad de la atención a los menores afectados. La consejera relató que dos de los menores llegaron al centro el martes y que se prevé el ingreso de otros cuatro más a lo largo del miércoles, lo que refleja que el proceso de acogida se mantiene activo pese al clima de incertidumbre provocado por la intervención municipal. Frente a las preguntas de los medios, Gómez del Río insistió en que todos los esfuerzos institucionales deben orientarse exclusivamente a la adecuada protección e integración de los menores bajo tutela del Estado.

La alcaldesa de Cartes, Lorena Cueto, dictó la resolución de suspensión apelando a motivos urbanísticos, según detalló el propio Gobierno de Cantabria ante los medios. La Fundación Cuin, organización gestora del centro de acogida, recibió la notificación municipal al mediodía del martes. Siguiendo lo reportado, la resolución advertía de posibles medidas coercitivas, tales como el desalojo y precinto del edificio, la imposición de multas y la interrupción de suministros básicos como agua y energía, en caso de que la orden de paralización no fuera acatada y la actividad del centro continuara desarrollándose.

La información difundida por el Gobierno de Cantabria y las declaraciones de la consejera de Inclusión Social contrastan con la versión trasladada posteriormente por la alcaldesa de Cartes. Según publicó el medio, la regidora negó en un comunicado que la resolución dictada implicara la paralización de la acogida de los menores, asegurando que la Corporación municipal va a "garantizar" el bienestar, protección y alojamiento de los jóvenes migrantes. Cueto explicó que su actuación responde a quejas vecinales recientemente registradas ante el Ayuntamiento, razón por la cual ordenó recabar informes jurídicos y técnicos a los servicios municipales. Estos informes, a su vez, derivaron en la recomendación de implantar una serie de medidas urbanísticas, sin que ello signifique –según el Ayuntamiento– la interrupción de la atención a los menores.

El medio también recogió pronunciamientos de otras autoridades concernidas por la situación del centro de acogida de Cartes. Pedro Casares, delegado del Gobierno en Cantabria y representante del PSOE, pidió ante la prensa que la infancia afectada no se convierta en el centro de una controversia mediática, con el objetivo de proteger la privacidad y el correcto desarrollo de los menores migrantes. Por su parte, Sira Rego, ministra de Juventud e Infancia y representante de Sumar, solicitó a la alcaldesa que "rectifique de inmediato, pida disculpas y cumpla la ley", en respuesta al conflicto originado tras la resolución municipal.

Según detalló el Ejecutivo autonómico, la presentación de medidas cautelarísimas ante los tribunales se plantea como un intento de impedir la ejecución efectiva de la suspensión ordenada por la alcaldesa, en tanto que la decisión afecta directamente a la continuidad de la política regional de atención urgente a menores migrantes no acompañados. El Gobierno de Cantabria sostiene que cualquier interrupción de este servicio podría suponer un perjuicio inmediato para los jóvenes acogidos, motivo por el cual ha optado por acelerar los trámites judiciales.

El contexto viene marcado por protestas vecinales y una controversia política que afecta tanto a la corporación municipal como a las instituciones regionales y estatales. Según consignó el medio, la Fundación Cuin actúa como responsable gestora del centro de emergencia, mientras que el Gobierno de Cantabria insiste en que la resolución municipal podría conllevar consecuencias como sanciones económicas, la clausura del edificio o la interrupción forzosa de los suministros básicos, en caso de desacato.

La resolución dictada desde la alcaldía de Cartes, emitida el martes por la tarde, se notificó a la Fundación Cuin y, según la titularidad de la Consejería de Inclusión Social, constituye una amenaza directa al funcionamiento habitual del centro. El Gobierno autonómico considera que la actuación del Ayuntamiento introduce un elemento de inseguridad jurídica para el sistema de acogida de menores, mientras que la alcaldesa sostiene que ninguna de las actuaciones emprendidas prevé la suspensión efectiva de la asistencia a los menores migrantes.

En la jornada del martes, la consejera Gómez del Río participó en la inauguración de los baños para personas ostomizadas en el ICASS, donde reiteró su preocupación por los menores y recalcó que el futuro del proceso dependerá de la respuesta judicial a la solicitud de medidas cautelarísimas. Según el medio, la consejera expresó que la principal preocupación de la Administración cántabra es "que estén protegidos, que estén atendidos y que nadie estigmatice a los menores".

La crisis institucional generada en torno a la gestión del centro de acogida de Cartes ilustra un choque entre administraciones de distinto signo político y con competencias que inciden en la atención a menores migrantes. El Gobierno de Cantabria insiste en su compromiso de mantener incólume la atención integral de los menores, mientras el Ayuntamiento de Cartes justifica la intervención municipal por la necesidad de cumplir con las normativas urbanísticas y dar respuesta a la inquietud ciudadana que ha cristalizado en denuncias recientes.

En la política de comunicación institucional, ambas partes han recurrido a comunicados y ruedas de prensa para exponer sus respectivas posiciones. La consejera subraya el carácter prioritario de la protección de los menores, en tanto que la alcaldesa insiste en que el Ayuntamiento no impedirá su acogida, aunque mantendrá el seguimiento de la legalidad urbanística. La intervención de responsables estatales como Pedro Casares y Sira Rego refuerza la dimensión nacional del asunto, marcando un eje de preocupación común por la protección y los derechos de los menores migrantes involucrados.