Durante la travesía de un cayuco desde África occidental hacia las Islas Canarias, las condiciones extremas y el abandono marcados a lo largo del viaje condujeron a la desaparición de más de ochenta personas y el fallecimiento confirmado de al menos cuatro migrantes, mientras que solo 68 sobrevivientes lograron ser rescatados. A raíz de estos hechos, la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife comenzó este martes el juicio contra cinco ciudadanos de nacionalidad senegalesa, acusados de patronear la embarcación donde ocurrió esta tragedia, según detalló Europa Press.
La Fiscalía sostiene que los cinco encausados cobraron dinero a más de 150 personas de origen subsahariano, muchas de las cuales buscaron llegar a España de manera irregular. El viaje, según el escrito del Ministerio Público citado por Europa Press, se desarrolló a bordo de un cayuco considerado “inadecuado” para una travesía tan larga y peligrosa en mar abierto. La embarcación carecía de equipamiento esencial, como luces de posición, bengalas, sistemas de comunicación náutica o deflector de radar, y solo disponía de un GPS y algunos teléfonos móviles de los propios migrantes. La mayoría tampoco tenía chalecos salvavidas.
La situación en la embarcación resultó insostenible tras quedar a la deriva durante veinte días sin alimentos ni agua potable, aspectos que el Ministerio Fiscal subraya en su acusación. En un primer momento, el cayuco fue avistado y auxiliado por un petrolero, hasta que llegó un crucero que operaba cerca de El Hierro. Los rescatistas trasladaron a bordo del crucero a 68 supervivientes provenientes de Malí, Senegal, Burkina Faso, Gambia y Mauritania, así como los cuerpos de tres personas fallecidas. Al llegar al puerto de Santa Cruz de Tenerife solo desembarcaron 67, porque uno de los migrantes socorridos murió durante la travesía hacia tierra firme, pese a haber recibido atención médica a bordo.
De acuerdo con Europa Press, la investigación determinó que los cinco acusados se encargaron de tareas claves en el viaje, como la navegación con la ayuda del GPS, la fijación de la ruta, el intento de reparación del motor cuando se averió en alta mar y el reparto del escaso alimento disponible. Adicionalmente, el Ministerio Fiscal indica que los procesados mantuvieron el orden en la embarcación y ordenaron arrojar al mar los cadáveres de los pasajeros que fueron falleciendo durante el trayecto, un número que, según la acusación, supera los ochenta.
El dictamen de la Fiscalía destaca que los patrones tenían pleno conocimiento de la precariedad de medios, la insuficiencia de agua y comida, la masificación dentro del cayuco y la falta de condiciones mínimas para la seguridad de los pasajeros en un viaje por mar abierto. Las tres personas que murieron a bordo del crucero, antes de llegar a puerto, eran varones y presentaron como causa del fallecimiento insuficiencia respiratoria a consecuencia de tromboembolismo pulmonar y fallos multiorgánicos derivados de deshidratación y desequilibrio hidroelectrolítico.
A su llegada a Tenerife, cinco de los migrantes rescatados requirieron hospitalización inmediata debido a su grave estado de salud, reportó Europa Press. En el proceso judicial abierto, la Fiscalía acusa a los cinco detenidos de un delito agravado de favorecimiento de la inmigración irregular, cuatro delitos de homicidio por imprudencia grave y cinco delitos de lesiones por imprudencia grave.
El Ministerio Público solicita para uno de los encausados una pena de 21 años de prisión, mientras que para el resto la petición supera los 15 años de cárcel. Además, se pide que se les imponga el pago de una indemnización de 150.000 euros destinada a los herederos de las víctimas fallecidas y alrededor de 5.800 euros para las personas hospitalizadas a raíz de las lesiones sufridas durante el viaje, según los datos recopilados por Europa Press.
El episodio, que tuvo lugar en junio cuando el cayuco quedó a la deriva cerca de la isla de El Hierro, refleja la complejidad y los riesgos a los que se enfrentan quienes realizan estas travesías, ante la falta de controles y garantías mínimas que protejan la vida de los migrantes, resaltó Europa Press. Las circunstancias del rescate, la respuesta de los diferentes barcos involucrados y las secuelas para los sobrevivientes han centrado la atención tanto en los procedimientos judiciales en marcha como en el debate sobre la situación en la ruta migratoria hacia Canarias.
