Alma Ezcurra (PP) dice que la regularización es por "clientelismo político": en el medio plazo aumentará el censo

Alma Ezcurra, vicesecretaria de Coordinación Sectorial del Partido Popular (PP), ha señalado que numerosos extranjeros que obtengan la regularización de su situación en España podrán participar en los futuros procesos electorales municipales tras dos años, condicionado a los acuerdos de reciprocidad suscritos entre sus países de origen y España. Así lo manifestó en declaraciones recogidas por Europa Press, donde enfocó la preocupación del partido ante las posibles repercusiones sobre el padrón electoral y la estabilidad democrática derivadas del plan de normalización propuesto por el Ejecutivo de Pedro Sánchez.

Según publicó Europa Press, Ezcurra calificó la iniciativa del Gobierno de una medida que responde a intereses de “clientelismo político”. La representante popular argumentó que el aumento previsto del número de personas regularizadas repercutirá en el censo electoral en el mediano plazo, especialmente si se tiene en cuenta el acceso a la nacionalidad para ciudadanos provenientes de Iberoamérica, Filipinas o Guinea Ecuatorial, quienes, de acuerdo con la regulación vigente, podrán solicitar la nacionalidad española después de permanecer legalmente dos años en el país. En estos casos, esas personas obtendrían derecho a voto en todos los niveles electorales una vez completado el proceso.

En su intervención en Radio Nacional, Alma Ezcurra defendió la posición histórica del PP frente a la inmigración, resaltando que su partido ha abogado por una tramitación de la regularización que implique requisitos estrictos. Según detalló Europa Press, Ezcurra resaltó que el PP apoyó en 2024 la tramitación de la Iniciativa Legislativa Popular sobre este tema, bajo un enfoque democrático, pero planteó enmiendas como la exigencia de un contrato de trabajo, la verificación de la ausencia de antecedentes penales y la demostración de integración real. La vicesecretaria afirmó que la postura del partido no ha cambiado y desmintió que el PP haya modificado su política migratoria para aproximarse a Vox.

La representante del PP subrayó que es necesario abordar las causas que empujan a las 840.000 personas que residen en España en situación irregular, según las cifras actuales citadas por Europa Press. Insistió en que sin actuaciones que ataquen el origen del fenómeno, el país perpetuará el problema de la inmigración irregular.

Ezcurra también argumentó que la regularización propuesta por el Gobierno podría generar un efecto de llamada, expresando que políticas como esta incentivan la llegada de inmigrantes dispuestos a atravesar situaciones peligrosas, confiando en que perseverando lograrán la documentación. Definió esta dinámica como perjudicial para el sistema, sosteniendo que la medida representa una injusticia comparativa con quienes accedieron a España cumpliendo con los procesos legales. Según sus declaraciones difundidas por Europa Press, resulta más fácil conseguir la residencia incumpliendo la normativa que siguiendo los cauces legales establecidos.

Respecto a la polémica generada por las declaraciones de Alberto Núñez Feijóo, presidente del PP, acerca de la alteración del censo electoral, Ezcurra precisó que Feijóo se había referido a dos procesos distintos. Por una parte, la Ley de nietos, a través de la cual han solicitado la nacionalidad española unas 2.500.000 personas, de las que aproximadamente 500.000 están en proceso de trámite y 300.000 han sido nacionalizadas, según los datos compartidos por Europa Press. Por otra parte, se refirió a la regularización masiva y sin control que planea el Gobierno de Sánchez. Ezcurra reiteró que quienes obtengan la residencia legal en virtud de esta regulación y cuyos países de origen tengan convenio de reciprocidad podrán votar en las elecciones municipales. Explicó además que los plazos de estos convenios varían entre tres y cinco años, razón por la cual el incremento del censo no se reflejaría de forma inmediata, sino en los procesos subsecuentes.

La dirigente aseguró que la regularización, aunque no cause un aumento del censo electoral en el corto plazo, sí lo hará en el mediano plazo, y reiteró su acusación al Ejecutivo de Pedro Sánchez de actuar por intereses electorales. Ezcurra insistió, según consignó Europa Press, en que el proceso de regularización también incumbe a la Unión Europea, a pesar de que desde Bruselas se sostiene que la gestión recae en cada país miembro. Para la vicesecretaria, las directrices del Gobierno español contradicen el espíritu europeo, pues, según argumenta, la medida va en dirección opuesta al Pacto Europeo de Migración y Asilo, afecta al funcionamiento del Espacio Schengen y entra en conflicto con la doctrina de la Comisión y el Consejo, organismos que abogan por el refuerzo de fronteras, la agilización de devoluciones y la mejora de las vías legales de entrada.

En relación a las declaraciones del Comisario de Interior y Migraciones de la Unión Europea, Ezcurra añadió que, aunque este responsable comunitario consideró que la regularización es una competencia interna de cada país, también presentó dos estrategias nuevas: una sobre migración y asilo y otra sobre visados, ambas en sentido opuesto al enfoque de regularización masiva anunciado por el Gobierno español, tal como difundió Europa Press.

En paralelo, la vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, indicó en diálogo con Telecinco, según recogió Europa Press, que Alberto Núñez Feijóo se dispondrá a exponer ante sus socios del Partido Popular Europeo en Zagreb sus críticas al plan gubernamental, haciendo hincapié en lo que considera falta de control de fronteras y ausencia de una política migratoria coherente en España. Gamarra agregó que la estrategia de regularización busca desviar la atención pública del accidente en Adamuz y disimular la situación parlamentaria del Gobierno.

De acuerdo con lo manifestado por Gamarra, el partido no ha decidido si recurrirá a la vía judicial la aprobación de la regularización, ya que se encuentran a la espera del texto definitivo de la medida para analizarlo en profundidad. Por el momento, Gamarra sostuvo que la regulación no podría garantizar la verificación de los antecedentes penales de las personas regularizadas, según la información presentada por Europa Press. Tampoco quiso valorar la postura de Bruselas sobre la naturaleza nacional del tema, aunque matizó que España, como frontera sur del continente, tiene la responsabilidad de sumarse a las políticas migratorias comunes de la Unión Europea, criterio que, desde su punto de vista, la regularización impulsada por el Gobierno no cumple.

Gamarra destacó, según Europa Press, que una regularización masiva dentro del espacio Schengen implica consecuencias para toda la región y consideró que el compromiso del Partido Popular con sus socios europeos se centra en el fortalecimiento del control fronterizo y un modelo de política migratoria distinto al que plantea el Ejecutivo español.