Ábalos comunica al Tribunal Supremo su renuncia al acta de diputado

La posibilidad de que parte de la investigación judicial sobre presuntos amaños de obra pública pase a la Audiencia Nacional ha cobrado fuerza tras el reciente anuncio de renuncia al acta de diputado por parte de José Luis Ábalos. Según Europa Press, la defensa del exministro comunicó formalmente a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo esta decisión, que ya había sido adelantada por Ábalos en la red social X. En el escrito, la representación legal del exministro adjuntó la renuncia y solicitó su registro conforme a los procedimientos jurídicos correspondientes. Esta renuncia tiene implicaciones directas sobre la instrucción judicial en curso, especialmente sobre la pieza separada vinculada a adjudicaciones públicas.

De acuerdo con la información difundida por Europa Press, aunque la dimisión de Ábalos como diputado no afecta el juicio pendiente por presuntas irregularidades en la compra de mascarillas durante la pandemia —proceso programado en el Tribunal Supremo para abril—, podría modificar la competencia respecto a otra rama del caso. Esta otra investigación, centrada en presuntos amaños para el cobro de comisiones en contratos públicos, podría ser redirigida a la Audiencia Nacional debido a la pérdida de la condición de aforado del exministro, estatus que había dado al Supremo su jurisdicción sobre el asunto.

El Supremo conserva su competencia en el proceso relacionado con la adquisición de mascarillas a partir de un acuerdo de 2014 que fija la fecha de apertura del juicio oral como el momento definitivo para determinar qué tribunal debe juzgar. Así, Ábalos continuará como procesado ante el Supremo, ya que el auto de apertura de juicio oral fue dictado el pasado diciembre por el magistrado instructor Leopoldo Puente. Si la renuncia al escaño hubiera ocurrido antes de la formalización de ese trámite, la causa habría permanecido en la Audiencia Nacional, órgano que inició la investigación del denominado ‘caso Koldo’.

Según detalló Europa Press, la acusación sostiene que Ábalos, en colaboración con su exasesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama, presuntamente se concertaron para utilizar la posición del entonces ministro y su influencia institucional con el fin de obtener beneficios económicos mediante la adjudicación de contratos públicos y otras oportunidades relacionadas con el acceso a la Administración.

Respecto al juicio pendiente, el Ministerio Fiscal solicita una condena de 24 años de prisión para Ábalos, mientras que para Koldo García la petición es de 19 años y medio, y para Aldama de siete años. Por otra parte, las acusaciones populares, encabezadas por el Partido Popular, han elevado la petición de condena para el exministro y su exasesor hasta 30 años, alineándose con la Fiscalía respecto a la pena solicitada para Aldama. Europa Press enfatizó que tanto la Fiscalía como las acusaciones populares solicitaron al magistrado instructor la prisión provisional de Ábalos y Koldo ante el presunto riesgo de fuga, solicitud que fue aceptada, lo que llevó a su ingreso en la prisión de Soto del Real en Madrid el pasado 27 de noviembre. Ambos permanecen privados de libertad, a la espera del desarrollo del juicio.

La instrucción judicial separó las pesquisas en dos: una parte principal vinculada a los contratos de mascarillas y una sección diferenciada centrada en la supuesta trama de comisiones en la construcción de obra pública. Esta última incluye también al exdirigente socialista Santos Cerdán y a varios empresarios y exdirectivos del sector, según informó Europa Press. Fuentes jurídicas consultadas por el mismo medio señalan que la competencia para investigar los presuntos amaños en obra pública quedaría en entredicho, y que correspondería a la Audiencia Nacional retomar la causa, siempre que el Tribunal Supremo reciba la notificación oficial de la renuncia de Ábalos.

Paralelamente, el juez Ismael Moreno, titular de un juzgado de la Audiencia Nacional, ya se ocupa de diversas líneas de investigación relacionadas con el ‘caso Koldo’. La pieza principal en ese tribunal aborda las supuestas irregularidades en la adquisición de mascarillas, e incorpora interrogatorios a figuras como la expresidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, y el exdirector de Carreteras, Javier Herrero, quienes han sido citados en calidad de investigados por presuntas irregularidades en obra pública, según detalló Europa Press.

Otra de las líneas en la Audiencia Nacional, mantenida bajo secreto de sumario, investiga posibles pagos en efectivo por parte del PSOE entre 2017 y 2024 a dirigentes, trabajadores y simpatizantes. De acuerdo con Europa Press, las sospechas señalan que tanto Ábalos como Koldo García podrían haber aprovechado la escasa fiscalización interna del partido para blanquear fondos obtenidos de las actividades bajo pesquisa, especialmente en el procedimiento relacionado con la devolución de gastos anticipados.

El nombre de Ábalos aparece asimismo en el denominado ‘caso hidrocarburos’, que conduce el juez Santiago Pedraz en la Audiencia Nacional. En esa investigación se analiza un posible fraude vinculado a la empresa Villafuel, en el que también figura como imputado Víctor de Aldama. Un informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, citado por Europa Press, atribuye a la trama un gasto de 1.000.000 de euros para influir en distintas personalidades, incluyendo al exministro. En concreto, el informe apunta a la compra del chalet de La Alcaidesa, en Cádiz, como un posible beneficio obtenido por Ábalos durante su etapa como ministro.

Las actuaciones judiciales en torno a Ábalos y su círculo más cercano han derivado en un mosaico de procedimientos en distintos órganos jurisdiccionales, según reportó Europa Press, con implicaciones que abarcan tanto la gestión de compras en el contexto de la pandemia de COVID-19 como la contratación pública y la fiscalización interna de formaciones políticas. El desenlace procesal dependerá en parte de si la Audiencia Nacional asume la competencia sobre la pieza separada, conforme a los cambios procesales motivados por la renuncia del exministro a su escaño parlamentario.