
Podemos considera que la reciente decisión sobre la regularización extraordinaria de migrantes sin papeles constituye un avance significativo en el reconocimiento de derechos, lo que contribuye a agilizar el debate sobre la transferencia de competencias migratorias a Cataluña. Según informó Europa Press, representantes de la formación morada han dejado claro que solo estarán dispuestos a negociar este traspaso si se garantiza la exclusión total de cualquier elemento que implique discriminación racial.
De acuerdo con Europa Press, tanto Pablo Fernández, coportavoz de Podemos, como Irene Montero, número dos del partido, manifestaron esta postura en entrevistas concedidas a Radiocable y Rac1, respectivamente. Montero subrayó que la transferencia de competencias migratorias nunca se ha considerado problemática para la organización, argumentando que la plurinacionalidad es una de las bases que defienden como parte estructural del Estado. Montero afirmó: “Nunca nos hemos negado a sentarnos a negociar y hacer un traspaso de competencias que no tenga racismo. Si es libre de racismo, siempre se va a poder contar con nosotras. Y precisamente esta regularización extraordinaria efectivamente pone un paso muy importante en el reconocimiento de derechos de todas las personas”.
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Según detalló Europa Press, Montero atribuyó la posibilidad de la regularización al hecho de que Podemos adoptó una posición firme frente a la redacción inicial del traspaso que elaboraron el PSOE y Junts. La dirigente sostuvo que el desacuerdo del partido fue determinante para permitir esta nueva medida, expresando que la insistencia de Podemos frenó un enfoque legal que consideraban inaceptable debido a los elementos racistas presentes en el texto propuesto.
Pablo Fernández, por su parte, insistió en la defensa del autogobierno como uno de los principios básicos del partido, recordando que Podemos votó en contra de la proposición de ley impulsada conjuntamente por el PSOE y Junts para el traspaso de competencias a Cataluña. Fernández argumentó que identificaron elementos racistas en la exposición de motivos de ese documento y, por tal razón, rechazaron su respaldo. Fernández aseguró, conforme publicó Europa Press, que si el texto se presenta sin sesgos racistas, Podemos se sentará a negociar sobre la delegación de competencias.
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El medio Europa Press recogió también la crítica de Fernández a la reacción del Partido Popular y Vox frente a la regularización. El coportavoz de Podemos acusó a ambas formaciones de mostrar inclinaciones xenófobas y de clasismo, señalando que solo manifiestan simpatía hacia extranjeros con altos recursos. añadió que la actitud de la derecha impidió la aprobación de la revalorización de las pensiones y del denominado “escudo social” en el Congreso, llamándoles “auténticos miserables” con una supuesta “catadura moral infame”.
La labor de presión que, según Podemos, ha ejercido la formación para que esta regularización salga adelante ha sido resaltada tanto por Fernández como por Montero. Recordaron que la Iniciativa Legislativa Popular para la regularización se encontraba estancada en el Congreso, y que sus acciones han permitido que pueda avanzar. Para Fernández, esta aprobación demuestra que la verdadera agenda política consiste en fortalecer una izquierda que funcione de manera autónoma del Partido Socialista y así “arrancar derechos sociales a la socialdemocracia”, en clara referencia a lo que consideran una falta de iniciativa del Gobierno comprendido por el PSOE y Sumar en materia de políticas sociales.
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El despliegue de la regularización extraordinaria, recogido en el pacto alcanzado con el PSOE, es considerado por los dirigentes de Podemos como prueba de la necesidad de que la izquierda actúe de manera independiente de los socialistas. Esta declaración ha sido interpretada por Europa Press como un reproche a Sumar, a quien responsabilizan de insuficiente acción en el ámbito social.
Podemos ha reiterado que la disposición a negociar el traspaso de competencias migratorias a Cataluña no supone un obstáculo en sí mismo, siempre y cuando el texto que se proponga esté libre de cualquier forma de discriminación. El partido señala que solo así podrán participar en los debates legislativos y apoyar acuerdos que consideren inclusivos y respetuosos con los derechos humanos.
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