El PP lleva a Bruselas los accidentes de Adamuz y Gelida: pide evaluar el uso de fondos europeos en el mantenimiento

Algunas de las principales líneas ferroviarias en España han superado los veinte años de servicio y experimentan un volumen de tráfico mayor al previsto originalmente, un dato que ha encendido la alarma entre representantes populares. Tal como publicó Europa Press, el Partido Popular ha presentado una solicitud formal a la Comisión Europea para que evalúe cómo se han utilizado los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) en la modernización y el mantenimiento de la red ferroviaria española, en respuesta a los recientes descarrilamientos en Adamuz y Gelida, que provocaron la muerte de 46 personas y más de cien heridos.

De acuerdo con Europa Press, los eurodiputados Dolors Montserrat y Borja Giménez Larraz han formalizado dos preguntas escritas frente al organismo comunitario, solicitando un análisis detallado sobre la distribución de los fondos europeos destinados al sistema ferroviario español, especialmente ante lo que califican como un “colapso” de la red. Según estos parlamentarios, ADIF ha resultado el mayor destinatario del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia en España, con más de 5.800 millones de euros asignados desde 2021, cifra que lo sitúa al frente de los beneficiarios de fondos Next Generation en el país.

Los representantes populares han puesto énfasis en la distribución de dicho financiamiento: Europa Press detalló que los datos aportados por el Partido Popular muestran que un 84% del gasto en el ámbito de alta velocidad se ha orientado hacia la construcción de nuevas infraestructuras, mientras que únicamente el 16% se ha dirigido a mantenimiento y conservación. Esta proporción, apuntan, no se corresponde con las necesidades de una red cuyas principales líneas presentan un notable envejecimiento y se encuentran sometidas actualmente a una actividad muy superior a la inicialmente contemplada.

Europa Press informó que este enfoque en nuevas obras ha coincidido con un aumento de incidencias técnicas y con advertencias reiteradas de profesionales ferroviarios sobre el estado de la red. A este contexto se añade la sucesión de accidentes con víctimas mortales, que han motivado la petición expresa del PP a Bruselas para que investigue si la concentración de los fondos europeos en la construcción de nuevas líneas se ha traducido, de manera indirecta, en una disminución de las inversiones dirigidas al mantenimiento de la infraestructura ya existente.

En una segunda cuestión planteada por los eurodiputados Montserrat y Giménez Larraz, según reportó Europa Press, se examinan los efectos que la liberalización del transporte ferroviario de alta velocidad ha tenido sobre la infraestructura. Citan datos proporcionados por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) que reflejan que, en 2024, la alta velocidad desplazó cerca de 40 millones de pasajeros, lo que supone un 22% más que en 2023 y un aumento del 77% respecto a 2019, antes de la apertura del mercado. Este incremento produjo una mayor frecuencia en la circulación y trenes con cargas por eje más elevadas, lo que ha intensificado el desgaste en corredores cuya antigüedad supera las dos décadas.

A partir de estos datos, los parlamentarios populares han preguntado a la Comisión Europea si ha verificado que el Plan de Recuperación y Resiliencia garantiza una asignación suficiente de fondos para el mantenimiento, modernización y adaptación de la red ferroviaria española. También han requerido saber si el Ejecutivo comunitario contempla utilizar mecanismos de condicionalidad para asegurar que el dinero comunitario incida de forma real en el refuerzo de la seguridad de estas infraestructuras.

Europa Press consignó que el PP también trasladó su preocupación sobre la red de Rodalies de Cataluña, administrada por el Estado y caracterizada por “incidencias recurrentes, interrupciones de servicio y retrasos que afectan a centenares de miles de viajeros”. En este sentido, los eurodiputados han preguntado si ADIF está cumpliendo con sus responsabilidades en cuanto a mantenimiento y renovación de dicha red y si las deficiencias detectadas estarían contraviniendo las normas comunitarias en materia de seguridad ferroviaria. Han solicitado que la Comisión Europea precise qué acciones prevé desarrollar para asegurar la protección y el correcto funcionamiento del servicio en Rodalies.

El medio detalló, además, que desde la óptica del Partido Popular, la prioridad en el uso de los fondos europeos debe ubicarse en la seguridad y sostenibilidad de la red ferroviaria, particularmente ante las condiciones de antigüedad y el crecimiento sostenido del número de pasajeros. Los representantes populares insisten en que la revisión de los criterios de asignación y el destino de las ayudas comunitarias resulta imprescindible para esclarecer si la reducción en la inversión destinada a conservación ha tenido efectos negativos sobre la protección de los usuarios del tren en España.