Piden hasta 51 años de cárcel para tres guardias civiles por sustraer efectos en registros en la Comunidad de Madrid

El proceso judicial contra tres guardias civiles involucra una serie de operativos en la Comunidad de Madrid durante 2020 en los que, según declaraciones de testigos ante la Audiencia Provincial de Madrid, las autoridades incautaron una gran cantidad de sustancias estupefacientes al detener a los acusados. El juicio, según informó la Fiscalía de Madrid, examina las acusaciones de robo con intimidación, extorsión, revelación de secretos y omisión del deber de perseguir delitos, entre otros cargos, atribuidos a los agentes mientras se encontraban en servicio activo.

Tal como publicó la Fiscalía de Madrid, la petición de penas varía de 51 años a cuatro años de prisión según el grado de implicación de cada procesado, pertenecientes a la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia de Madrid (USECIC). Los hechos imputados se centran en actuaciones dentro de diversos municipios de la región, donde los implicados, presuntamente, aprovecharon su posición oficial para cometer una serie de delitos de forma continuada. Entre estos comportamientos ilícitos, el Ministerio Público incluye la sustracción de objetos durante registros policiales, la intimidación y agresión a personas en zonas como la Cañada Real Galiana—área frecuentada por los agentes imputados—con el propósito de apropiarse tanto de dinero como de drogas, así como la apropiación de material perteneciente a la propia Guardia Civil.

Durante las primeras jornadas del juicio, según consignó la Fiscalía, prestaron declaración los agentes responsables de los seguimientos y vigilancias sobre los acusados, así como quienes participaron en la intervención de sus comunicaciones telefónicas. La investigación, que culminó con las detenciones en agosto de 2020, detalla que los procesados presuntamente accedieron sin autorización a bases de datos policiales y utilizaron la información obtenida en beneficio propio o para terceros, llegando a revelar datos clasificados a personas no autorizadas ajenas a las investigaciones oficiales.

De acuerdo con lo documentado por la Fiscalía de Madrid, entre los cargos no solo figura el abuso de autoridad, sino también la elaboración de denuncias con datos falsos, lo que habría permitido a los acusados encubrir o distorsionar pruebas durante el desarrollo de sus funciones institucionales. Además, la acusación sostiene que los agentes omitieron de manera deliberada su obligación de perseguir delitos, un aspecto central en el pliego acusatorio.

El detalle de las penas solicitadas varía según el nivel de participación: uno de los procesados enfrenta la posibilidad de una condena de 51 años de prisión, mientras que para los otros dos la Fiscalía solicita cuatro y cinco años de reclusión, respectivamente, según se desprende del escrito de acusación. Esta diferenciación responde a la consideración de la responsabilidad individual atribuida a cada uno de los implicados en las actividades ilícitas consignadas.

En el transcurso del juicio, el tribunal ha recibido testimonios de agentes que participaron en las escuchas telefónicas ordenadas durante la investigación, además de quienes llevaron a cabo tareas de vigilancia sobre los procesados, como parte de las actuaciones probatorias previas a la declaración de los inculpados, que se prevé para la próxima semana tras finalizar la fase de pruebas testificales y periciales.

Según describió la Fiscalía de Madrid, los procesados estaban adscritos a la USECIC y ostentaban el rango de agentes en activo mientras se desarrollaban los hechos investigados. Se les atribuye una actuación sistemática de aprovechamiento indebido de su condición de miembros de la autoridad, lo que habría facilitado el acceso y la apropiación de objetos y recursos tanto institucionales como de particulares implicados en operativos policiales.

El expediente judicial también incluye detalles sobre la metodología adoptada por los acusados para acceder a información reservada de las bases de datos policiales, datos que después ofrecían a personas ajenas a los procesos legales o utilizaban con fines particulares. La acusación pretende demostrar la existencia de un patrón de conducta reiterado que, según el Ministerio Público, se aparta de las obligaciones propias del cargo y constituye una grave vulneración de los deberes que corresponden a la función policial.

La Audiencia Provincial de Madrid continúa tomando declaraciones y pruebas sobre el caso, con la comparecencia de los tres agentes prevista una vez concluida la fase de presentación de pruebas y testimonios.