Fiscalía pide cinco años de cárcel para el alcalde de Estepona (Málaga) por presunta malversación

La Fiscalía determinó que, tras el cese de la funcionaria implicada en el Ayuntamiento de Estepona, en noviembre de 2025 se presentó una instancia acompañada de un cheque bancario a nombre del Consistorio por un monto de 5.276,92 euros, correspondiente a las retribuciones recibidas por la mujer durante el periodo en que ejerció como personal eventual. Según reportó Europa Press, el Ministerio Público solicita que, en caso de no haberse acreditado el ingreso efectivo de esa cantidad en la Tesorería municipal, se imponga la obligación de indemnizar por dicho importe al Ayuntamiento en concepto de responsabilidad civil.

Europa Press informó que la Fiscalía de Málaga ha solicitado cinco años y medio de prisión para el alcalde de Estepona, José María García Urbano, por los presuntos delitos de malversación de fondos públicos y prevaricación relacionados con la contratación supuestamente irregular de una funcionaria, que presuntamente mantenía una relación sentimental con el regidor. Además, para la funcionaria en cuestión, el órgano acusador pide tres años y medio de cárcel, así como su inhabilitación para desempeñar cargos públicos durante ocho años, al acusarla de cooperar de manera necesaria en el presunto delito de malversación.

El escrito inicial presentado por la Fiscalía, consultado por Europa Press, expone que García Urbano, como alcalde de Estepona, suscribió en febrero de 2023 el decreto de contratación de la mujer, adscrita al Área de Control Externo del Ayuntamiento. Según el Ministerio Público, el alcalde era consciente de que la nueva funcionaria no iba a realizar tareas laborales, situación que culminó con la percepción de dos nóminas: una de 1.634,64 euros correspondiente a febrero y otra de 3.642,28 euros correspondiente a marzo. El documento consigna que la beneficiaria de estos pagos se apropió de las cantidades sin contraprestación laboral y que el perjuicio repercutió en el patrimonio municipal. Según la Fiscalía, el cese se dictó por decreto en marzo del mismo año.

Respecto a las obligaciones accesorias de la administración local, Europa Press explicó que la Fiscalía dejó constancia de la ausencia de información sobre el monto de los pagos realizados por el Ayuntamiento a la Tesorería de la Seguridad Social debido a la irregularidad de la contratación, incluyendo las nóminas correspondientes a los meses citados. Este elemento agrava, según el Ministerio Público, el presunto daño causado al erario público.

Tras la recepción de la acusación de la Fiscalía, la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia número 5 de Estepona dispuso trasladar el escrito a las partes defensoras para que formulen sus conclusiones, como recoge una providencia judicial dictada esa misma semana y referida por Europa Press.

Por su parte, la defensa de García Urbano sostiene que no existen indicios de ilegalidad en la contratación de la persona acusada durante su periodo de 46 días como cargo de confianza. De acuerdo con la argumentación presentada ante el tribunal y recogida por Europa Press, la parte defendida considera que la totalidad de las actuaciones parte de una “declaración falsa” de la mujer acusada, cuyas manifestaciones han sido desmontadas en otros procedimientos que terminaron archivados. El equipo legal del alcalde remarcó que ha interpuesto un recurso de apelación, solicitando el archivo de la causa, recurso que debe decidir la Audiencia Provincial.

Sobre la evaluación de las pruebas, la defensa señala que la resolución del pasado 4 de diciembre se basó en la declaración de la mujer ahora acusada en calidad de testigo, efectuada previamente en otro procedimiento que fue sobreseído tras comprobarse, según la defensa, la falsedad de sus afirmaciones. El argumento principal que esgrimen reside en que esta persona, cuando compareció como investigada en el procedimiento actual, renunció a realizar nuevas declaraciones o a ratificar las versiones anteriores. En palabras de la defensa, “la única declaración válidamente obtenida es aquella en la que se acogió a su derecho a no declarar, sin ratificar la prestada como testigo”.

La defensa también señala, según el mismo medio, que la acusada habría realizado múltiples denuncias contra García Urbano, amparándose en que su falta de veracidad no tendría consecuencias mientras actuaba como testigo. Añaden que, al ser reclamada en calidad de investigada, optó por no ratificar sus anteriores testimonios. Se apunta además que la denunciante intentó personarse inicialmente como parte perjudicada, pese a haber recibido más de 5.000 euros, y que su actitud, calificada por sus representantes legales como “de ánimo vindicativo,” pone en duda la veracidad de sus acusaciones.

El equipo jurídico del alcalde alega que si el procedimiento judicial pretendiera utilizar como prueba la declaración de la acusada cuando actuó como testigo, ésta carece de credibilidad y fiabilidad mínimas. Un punto importante es que, según la defensa, sus manifestaciones en el procedimiento archivado ya habían sido desmentidas por diligencias practicadas, desestimando sus afirmaciones sobre la duración del nombramiento, su no presencia en el Ayuntamiento y la alegada operación quirúrgica durante la vigencia de su puesto, asunto del que tampoco habría solicitado la baja laboral ante la administración local.

Por otro lado, la defensa señala —según reportó Europa Press— que la mujer cuenta con antecedentes de denuncias anteriores contra García Urbano que finalizaron con su sobreseimiento. Consideran que existe una estrategia deliberada para afectar la imagen y la trayectoria del alcalde y que detrás de esta conducta hay, a su juicio, intereses políticos alejados de los propios de un proceso penal. Mencionan igualmente que la mujer está representada por el mismo letrado que impulsa la acusación popular en representación del portavoz del grupo municipal Vox en el Ayuntamiento de Estepona, aseverando que existe coincidencia entre sus planteamientos y una supuesta falta de fiabilidad.

En ese contexto, la defensa insiste en la necesidad de archivar el caso ante lo que definen como ausencia de fundamentos incriminatorios y acusan al proceso de responder a motivaciones políticas y mediáticas para perjudicar la imagen del regidor de Estepona. Según la versión recogida por Europa Press, los letrados de García Urbano afirman que sólo se persigue su apartamiento del cargo y que la justicia ya ha avalado la inocencia del alcalde en procesos anteriores basados en denuncias similares.

Actualmente, el recurso de apelación interpuesto por los abogados de García Urbano está pendiente de resolución por parte de la Audiencia Provincial. Esto mantiene en suspenso la apertura de juicio oral contra el alcalde y la otra acusada por los detalles expuestos en el escrito del Ministerio Público. Según informó Europa Press, la causa continúa a la espera de que las partes presenten sus alegatos antes de que el órgano judicial competente tome la decisión final sobre la continuidad del proceso.