El Gobierno anuncia 500 nuevas plazas de jueces para reforzar sobre todo los tribunales de instancia

El Ministerio de Justicia prevé incorporar medio millar de magistrados este año, cifra inédita que permitirá modernizar el sistema, avanzar en eficiencia y reducir costos, impulsando así un modelo organizativo más ágil según fuentes oficiales

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La creación de nuevas plazas judiciales este año representa una inversión de 55,7 millones de euros, según cifras del Ministerio de Justicia. Esta cifra contrasta de forma significativa con el modelo anterior, en el que la suma se habría elevado a 260 millones para un número equivalente de unidades judiciales, reportó Europa Press. El Ministerio subrayó que con el nuevo modelo organizativo instaurado por la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia, se logra una drástica reducción de costos y una ganancia en flexibilidad, al permitir abrir plazas sin la necesidad de constituir un juzgado completo con toda su infraestructura asociada.

En un comunicado recogido por Europa Press, el Ministerio de Justicia anunció que el Gobierno pondrá en marcha este año 500 nuevas plazas de jueces, lo que permitirá reforzar especialmente los tribunales de instancia junto a otros órganos jurisdiccionales como las audiencias provinciales, los tribunales superiores de justicia, la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo. De acuerdo con la información oficial, se trata del mayor incremento de plazas judiciales en un solo ejercicio en la historia de la judicatura española. El departamento liderado por Félix Bolaños señaló que esta medida forma parte de una transformación estructural cuyo objetivo es dotar de mayor agilidad, eficiencia y proximidad al servicio público de la justicia.

El Ministerio destacó que la creación de estas 500 plazas en tan solo un año es superior a la suma de todas las plazas creadas durante la última década. Esa ampliación es factible por algunos de los cambios estructurales introducidos por la nueva ley, especialmente la sustitución de los antiguos juzgados —conformados por un solo juez y un equipo de funcionarios— por tribunales de instancia más flexibles y colegiados, respaldados por una oficina judicial común. Según explicó el Ministerio y publicó Europa Press, este nuevo modelo permite que una plaza cueste alrededor de 100.000 euros, muy por debajo de los aproximadamente 500.000 euros necesarios en el modelo tradicional.

De las 500 nuevos puestos, 363 estarán destinados a los tribunales de instancia, mientras que dos corresponderán al Tribunal Central de Instancia. Por su parte, los órganos colegiados recibirán 85 plazas: las audiencias provinciales sumarán 71, los tribunales superiores de justicia 7, la Audiencia Nacional 4 y el Tribunal Supremo 3, según detalló el Ministerio de Justicia. Otro grupo significativo lo constituyen 50 plazas de adscripción territorial, creadas para ser distribuidas circunstancialmente en función de las necesidades detectadas por la evolución de la carga de trabajo en los diferentes ámbitos judiciales, según explicó el Ministerio en declaraciones recogidas por Europa Press.

La puesta en marcha de esta medida supone un aumento del 8,5% en la planta judicial, que actualmente cuenta con 5.876 plazas. Desde el punto de vista organizativo, las autoridades subrayan que estas cifras representan un hito para la modernización del sistema, en tanto que responden a un diseño basado en la eficiencia operativa y la adaptabilidad a las demandas sociales y territoriales, aspectos que, según el Gobierno, hasta ahora resultaban difíciles de abordar con la estructura anterior.

Según Europa Press, el Ministerio hizo hincapié en los beneficios del nuevo modelo, el cual busca no solo responder al aumento en el volumen de trabajo de los tribunales sino también mejorar la atención a los ciudadanos a través de un servicio público más accesible. El cambio permite una mayor adaptabilidad en el despliegue de recursos y la posibilidad de ajustarlos de forma más dinámica a las necesidades puntuales de cada territorio. El modelo de tribunal colegiado facilita además la colaboración entre jueces y la especialización, cuestiones reiteradas por el Ministerio como claves para el avance del sistema judicial.

Las autoridades enfatizaron que la previsión de crecimiento alcanza niveles sin precedentes. El Ministerio de Justicia, según detalló Europa Press en su nota de prensa, identificó que estos cambios permitirán avanzar en la transformación ambiciosa que desde el Ejecutivo se promueve para acercar la justicia a la ciudadanía y mejorar su capacidad de respuesta frente a los desafíos contemporáneos.

El Ministerio también informó que la distribución de las plazas de adscripción territorial responde a la necesidad de dar respuesta rápida a fluctuaciones en la carga de trabajo. Esta modalidad flexibiliza la gestión de recursos humanos al posibilitar desplazamientos temporales según lo requiera la actividad jurisdiccional en cada región, reportó Europa Press.

Además de subrayar la magnitud de la inversión y la novedad del modelo, las autoridades indicaron que la prioridad en la asignación de plazas habrá de favorecer los órganos jurisdiccionales donde mayor sea la demanda, garantizando que los refuerzos tengan efecto directo en los puntos donde se detectan demoras o saturación en los procedimientos.

El Ministerio resaltó en su información a Europa Press que todo este despliegue se inscribe en la estrategia de transformación de la Administración de Justicia que lleva a cabo el actual Gobierno, orientada a consolidar un modelo más robusto, flexible y orientado a la eficiencia. Dicha estrategia, reiteró el comunicado, tiene entre sus objetivos fundamentales la modernización de estructuras, la incorporación de nuevas tecnologías y la adaptación del aparato judicial a las exigencias sociales.

El comunicado oficial, recogido por Europa Press, concluyó que la creación de este medio millar de plazas se presenta como una de las apuestas más significativas del Gobierno para responder tanto a la sobrecarga en los juzgados, como para avanzar en un diseño institucional orientado a la mejora de los servicios públicos esenciales.