Abogados de acusados de amañar contratos de Cultura en Valencia alegan prescripción y nulidades para frenar la causa

El abogado defensor de Marcos Benavent ha centrado su estrategia en deslegitimar el proceso judicial mediante la impugnación de una serie de pruebas fundamentales, señalando que el procedimiento iniciado por la Fiscalía parte de grabaciones y material audiovisual cuestionado que fue aportado por Rosa Pérez. Con base en esta objeción, la representación legal de Benavent solicitó que el tribunal declare la nulidad del auto que autorizó el registro de varios domicilios, en particular el de la fallecida María José Alcón, argumentando falta de motivación suficiente y violación del derecho a la inviolabilidad del domicilio, derechos esenciales que a su entender afectan la tutela judicial efectiva. Además, se alegó la prescripción de los delitos imputados como vía para detener la causa abierta. De esta forma, las defensas buscan frenar el avance judicial sobre la presunta manipulación de contratos municipales en Valencia que involucra a Benavent y a otros cuatro acusados, de acuerdo con la información publicada por Europa Press.

El proceso, conocido como la pieza E del caso Imelsa, implica a antiguos directivos y representantes de empresas adjudicatarias de obras municipales durante los años 2003 y 2007, bajo la administración de la fallecida concejala de Cultura María José Alcón. Según reportó Europa Press, entre los encausados figuran Marcos Benavent —exgerente de la empresa pública Imelsa—, Vicente Burgos —exdirectivo de la Fundación Jaume II el Just y exmarido de Alcón— y tres apoderados o administradores de compañías que resultaron beneficiadas en las adjudicaciones: Enrique Aleixandre, Carlos Turró y Carlos Vicent. Los hechos investigados se centran en la concesión de contratos para trabajos de restauración, consolidación, limpieza y mantenimiento de monumentos históricos de la ciudad, como La Lonja, las Torres de Quart y los puentes de Serranos y la Trinidad. La instrucción judicial también incluyó al principio el contrato del Centro Cultural de la Rambleta, pero esa parte fue archivada en 2017.

Durante la vista oral celebrada en la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Valencia, las defensas de todos los procesados coincidieron en plantear la prescripción de los delitos atribuidos a sus representados, al considerar que han transcurrido los plazos legales establecidos de diez años para exigir responsabilidad penal, conforme a la normativa en vigor. Esta postura fue defendida tanto por el letrado de Benavent como por los abogados de Burgos, Aleixandre, Turró y Vicent, según detalló Europa Press. Además, varias de las representaciones legales cuestionaron la validez y legalidad de los registros efectuados por orden judicial en los domicilios y sedes de las empresas durante la fase de investigación, señalando supuestas irregularidades formales y defectos de motivación en las resoluciones que autorizaron estas diligencias de entrada y registro.

En contraposición, la Fiscalía sostuvo la legitimidad de todas las pruebas incorporadas, incluidas las grabaciones y fotografías proporcionadas por Rosa Pérez, así como la legalidad de los registros practicados. El ministerio público negó que los delitos estuvieran prescritos y resaltó que, en el caso de Benavent, “estaba cobrando sin estar trabajando”, según cita la publicación de Europa Press. Para la Fiscalía, el exresponsable de Imelsa estaba al tanto de su situación laboral irregular y mantenía en la práctica sus servicios exclusivos para el Partido Popular, lo que justificó la acusación de malversación de fondos públicos. El fiscal detalló que Benavent fue ubicado en la Fundación Jaume II el Just por el Partido Popular, con el consentimiento de Vicente Burgos, y que este último también percibía remuneración pública mientras cumplía funciones únicamente al servicio de la formación política, según consta en las declaraciones judiciales de los propios acusados.

El escrito fiscal precisa que, a raíz de estas prácticas, la Generalitat extinguió la fundación Jaume II el Just el 26 de diciembre de 2017, asumiendo el sector público unas pérdidas que superan los 13 millones de euros. Además, la fundación no había sido objeto de fiscalización por parte de la Sindicatura de Cuentas hasta que en 2016 presentó su primer informe de gestión. Durante el periodo investigado, Marcos Benavent habría solicitado y recaudado comisiones en metálico a empresarios interesados en licitar y ganar contratos públicos municipales. Según señala el ministerio público en el documento recogido por Europa Press, las empresas implicadas abonaban a Benavent un porcentaje variable de las adjudicaciones ya otorgadas, y posteriormente, estos ingresos eran repartidos entre los involucrados.

Las penas provisionales solicitadas por la Fiscalía contemplan para Benavent seis años y medio de prisión, además de una multa de 29.000 euros y la inhabilitación para empleo o cargo público durante varios años por los delitos de cohecho, prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos. Para Vicente Burgos, el ministerio público pide cinco años de prisión, y para los empresarios Aleixandre, Turró y Vicent, tres años de cárcel en cada caso. El proceso aborda hasta dónde llegó la supuesta red de adjudicaciones irregulares vinculadas a la Concejalía de Cultura de Valencia.

En la primera jornada de la vista, la Audiencia Provincial anunció que las cuestiones relativas a nulidades y prescripción planteadas por las defensas serán resueltas por la Sala al dictar sentencia, retrasando así cualquier decisión al respecto. Europa Press recogió la comparecencia de Marcos Benavent en la entrada de los juzgados, acompañado de su abogado Juan Carlos Navarro. Benavent respondió a los periodistas asegurando: “Yo no soy zombie. Los zombies son otros”, y, al ser interrogado sobre si trabajaba en la empresa, señaló: “Claro que trabajaba y ahora lo diré dentro”, en referencia a su declaración en la Sala.

Según las actuaciones judiciales citadas por Europa Press, la causa se inició a partir de la información entregada a la Fiscalía en un pendrive que contenía grabaciones y fotografías comprometedoras. El contenido de este dispositivo generó la apertura del procedimiento actual. Las defensas han puesto en duda tanto la legalidad de ese material como la cadena de custodia, reclamando la exclusión de estas pruebas del proceso.

El órgano judicial, tras escuchar los argumentos de todas las partes, estableció que resolverá tanto las cuestiones de fondo como las objeciones preliminares de nulidades y plazos al emitir la sentencia definitiva sobre el caso. La investigación relativa al contrato del Centro Cultural de la Rambleta quedó fuera del alcance de la presente causa tras su archivo en 2017. Según reportó Europa Press, este ha sido uno de los hitos recientes dentro de las diferentes piezas en que se descompone el caso Imelsa, centrado en distintos ámbitos de la gestión y adjudicación de fondos públicos en el municipio valenciano durante la primera década de los años 2000.