Uno de los menores migrantes residentes en un centro de protección de la isla comunicó a sus educadores que una persona adulta había realizado propuestas de carácter sexual, facilitándole incluso su número de teléfono. Según informó Europa Press, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJ) ratificó la condena a un año y seis meses de prisión contra un hombre acusado de solicitar favores sexuales a menores migrantes. La sentencia confirma la decisión de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife y detalla que el acusado ofrecía regalos, dinero, ropa y dispositivos electrónicos a cambio de obtener favores sexuales de jóvenes extranjeros en situación vulnerable.
El escrito de acusación, recogido por Europa Press, describió que el procesado acudía de manera regular en su vehículo a los alrededores del centro de acogida de menores, donde esperaba hasta que algunos jóvenes subían a su coche. Estos encuentros, que se producían en las tardes, según la denuncia, concluían horas después, cuando el vehículo regresaba. La situación fue denunciada ante la Policía Nacional por un trabajador del centro, quien observó el patrón de comportamiento varias veces.
Uno de los testimonios clave en el caso provino de un menor que relató a los educadores que el hombre lo había invitado a realizar paseos en su automóvil y le había formulado propuestas explícitas. El joven declaró, según la Fiscalía, que el adulto le pidió “acostarse con él” y que en otra ocasión “le solicitó que le enseñase el pene, acariciándole el muslo cuando volvían al centro”. El menor manifestó haber rechazado las peticiones y señaló que el acusado le compró prendas de vestir, afirmando también no ser homosexual.
Europa Press reportó que, tras estas acciones, el menor empezó a recibir llamadas y mensajes con fotografías de ropa y zapatillas. El joven decidió bloquear al individuo y notificó la situación al personal del centro. Los responsables reaccionaron incautando los teléfonos móviles de los menores implicados, lo que permitió investigar los intercambios de mensajes.
Los análisis posteriores de los dispositivos revelaron conversaciones por WhatsApp entre el adulto y uno de los menores, donde el joven recriminaba que, a pesar de haberle comprado un teléfono, “solo le quiso para eso”. En los mensajes aparecieron emoticonos de corazones y frases como “tengo ganas de verte", lo que contribuyó a que el menor informara nuevamente a los educadores y expresara sentirse incómodo y preocupado por el interés que el acusado manifestaba hacia él.
Ante la denuncia formal y previo auto judicial, la Policía Nacional procedió a la intervención de los teléfonos tanto del acusado como de los jóvenes afectados, según detalló el medio. El análisis de los terminales evidenció la eliminación de datos en el móvil del procesado, como la supresión de las líneas telefónicas asociadas a los menores y el borrado de ubicaciones, todas localizadas en las inmediaciones del domicilio del imputado. La policía también detectó en la galería de imágenes seis fotografías de zapatillas deportivas, evidenciando la naturaleza de algunos regalos ofrecidos.
Tal como informó Europa Press, el fallo judicial da por acreditado que la conducta del acusado incluyó la entrega de obsequios como chaquetas, pantalones, teléfonos móviles y dinero, además de invitar a los menores a comidas, insistiendo en repetir sus propuestas de tipo sexual. El tribunal valoró que existía una situación de vulnerabilidad por parte de las víctimas, quienes estaban bajo protección en el centro, y que el adulto se aprovechó de esta condición.
Los responsables del centro de protección, según reportó el medio, actuaron de conformidad con los protocolos de protección al detectar comportamientos inusuales entre los menores y una presencia reiterada de un adulto ajeno a la institución en los alrededores. La intervención permitió recabar pruebas relevantes, que incluyeron los registros de comunicación y el examen de los objetos ofrecidos.
La ratificación del TSJ de Canarias respalda la condena tras evaluar los elementos recabados durante la investigación, desde los testimonios presenciales hasta la documentación electrónica, aportando respaldo a las diligencias llevadas a cabo por la Policía Nacional y los educadores del centro. Según consignó Europa Press, esta resolución forma parte del marco legal de protección a los menores migrantes, subrayando la importancia del rol de los centros de acogida y de las medidas de intervención ante sospechas de delito.
Las declaraciones de los menores, los análisis técnicos de los teléfonos y la colaboración del personal del centro fueron elementos sustanciales para determinar la responsabilidad penal del acusado. Europe Press detalló además que se examinaron registros de comunicaciones, imágenes y localizaciones, así como la naturaleza de la relación establecida por el acusado con los jóvenes, caracterizada por la insistencia y la oferta de bienes materiales.
El fallo se suma a otras resoluciones que buscan reforzar la seguridad y el amparo de los menores extranjeros acogidos en centros de protección en Canarias. La información proporcionada por los jóvenes, sumada a la intervención de la Policía Nacional y a la decisión de la Audiencia Provincial y del TSJ de Canarias, permitió concluir el proceso judicial con la confirmación de la condena a prisión para el acusado.
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