Investigada la concejal de Seguridad de Vigo en la causa judicial por el accidente mortal del 'Saltamontes'

El Ayuntamiento de Vigo reconoció en un comunicado que el 'Saltamontes', la atracción implicada en el accidente mortal ocurrido en Matamá durante las fiestas de agosto de 2024, operaba sin la correspondiente autorización municipal y que tanto su propietario como la comisión de fiestas fueron notificados de esta situación. De acuerdo con el medio de comunicación, el gobierno local hizo pública esta información tres días después del suceso, aportando datos sobre la ausencia de la documentación requerida para que la atracción pudiera funcionar legalmente.

Según reportó el medio, la jueza a cargo de la investigación sobre el accidente citó a declarar como investigada a la concejal de Seguridad de Vigo, Patricia Rodríguez Calviño, en el marco de la instrucción por el fatal accidente del 'Saltamontes'. Junto a ella, también deberán comparecer ante el tribunal el jefe del área municipal de Seguridad, Antonio V. M., y el perito que efectuó la inspección anual de la atracción, Antonio L. A. Estas comparecencias están programadas para el 3 de febrero, según consignó el medio.

El accidente tuvo lugar en la madrugada del 3 de agosto de 2024. Uno de los brazos del 'Saltamontes' se partió, lo que provocó que Iván C. H., un joven de 36 años, sufriera una caída que le produjo heridas mortales. Tras el siniestro, la jueza abrió diligencias e inició una serie de pesquisas para esclarecer si se habrían producido responsabilidades legales por la ausencia de permisos y fallos en la supervisión de la atracción.

El procedimiento judicial había comenzado con la investigación sobre el dueño del 'Saltamontes', identificado como G. M. M. D. S., y el presidente de la comisión de fiestas, C. G. M., según detalló el medio. El propietario de la atracción compareció ante la instructora en abril de 2025 y optó por su derecho a no declarar. Por su parte, el presidente de la comisión defendió su inocencia y pidió el sobreseimiento respecto a su situación.

Durante los meses siguientes, la jueza solicitó diversos informes y documentos al Ayuntamiento de Vigo. El medio detalló que entre los requerimientos figura la consulta sobre si la administración local intentó impedir la instalación del 'Saltamontes', pese a saber que no contaba con la autorización. También se demandó información sobre si existió la apertura de un expediente sancionador, y si se ordenó a la Policía Local el precinto de la atracción.

Otra de las solicitudes realizadas al Ayuntamiento según refirió el medio fue que explicase la inexistencia de un plan municipal dedicado a la inspección de atracciones o los fundamentos por los que, para el verano de 2025, se prohibió la instalación de este tipo de dispositivos en las fiestas.

Después del accidente, el ejecutivo municipal dirigido por Abel Caballero explicó que la Policía Local había inspeccionado el recinto de las fiestas el día anterior al siniestro, sin identificar “actividad” relacionada con la atracción. La oposición, integrada por PP y BNG, exigió aclaraciones por parte de Patricia Rodríguez Calviño y criticó la ausencia de un precinto sobre el ‘Saltamontes’, ya que carecía de los permisos necesarios.

El PP, según lo publicado, denunció que la misma atracción funcionó en la parroquia de Beade días antes del accidente, igualmente sin autorización municipal. Ante esta acusación, el grupo solicitó en un pleno la constitución de una comisión de investigación. Únicamente el BNG apoyó la propuesta, que fue rechazada por el grupo socialista bajo el argumento de preservación de la investigación judicial, motivo por el que no prosperó la iniciativa.

Durante el transcurso de la instrucción judicial, la jueza continuó recabando datos y requerimientos específicos tanto a las autoridades municipales como a los actores directamente involucrados en la organización de las fiestas y la prestación de servicios de inspección. Según informó el medio, estas actuaciones buscan establecer las responsabilidades en la cadena de supervisión, desde la obtención de permisos y revisiones técnicas, hasta la actuación de los funcionarios municipales.

La inclusión de tres nuevos investigados por mandato judicial amplía el alcance de la instrucción. Las personas citadas deberán clarificar su responsabilidad en torno a las autorizaciones administrativas, la supervisión y los mecanismos de control establecidos por el Ayuntamiento sobre las instalaciones de ocio en eventos municipales. Según detalló el medio, la investigación pretende establecer hasta qué punto los funcionarios y responsables públicos cumplieron con su deber de vigilancia, tanto en la emisión de permisos como en la respuesta posterior a la presencia de instalaciones sin la debida autorización.

El accidente del 'Saltamontes' y la consiguiente apertura de diligencias han puesto el foco sobre los protocolos municipales de inspección y la coordinación para la prevención de riesgos en eventos masivos. Las acciones de la jueza, referidas por el medio, se dirigen a determinar posibles incumplimientos legales y administrativos que permitieron que la atracción funcionara sin el aval municipal requerido. La instrucción también abarca el papel del perito responsable de la inspección técnica anual del ‘Saltamontes’ y su posible contribución al desenlace de los hechos.

A lo largo del proceso, la presión política y social aumentó sobre el Ayuntamiento y, en particular, sobre la concejalía de Seguridad. Las exigencias de transparencia aumentaron ante la falta de claridad sobre las medidas adoptadas por el consistorio tanto antes como después del accidente. Según repasó el medio, la controversia política se manifestó en la iniciativa del PP y el BNG de promover una comisión de investigación, iniciativa finalmente rechazada por la mayoría socialista en el pleno.

El expediente judicial continuará con las nuevas indagatorias en los próximos meses, mientras la instrucción sigue centrada en determinar responsabilidades sobre la ausencia de permisos, la actuación de la Policía Local y las pautas de actuación municipal ante situaciones similares. Según reportó el medio, la decisión de ampliar la lista de investigados responde a los hallazgos que apuntan a deficiencias sistémicas en los controles de seguridad y a la posible omisión de acciones exigidas por la normativa aplicable en instalaciones recreativas y festivas del municipio vigués.