El juicio del 'caso Mediador' continúa mañana con las declaraciones testificales de agentes de la Guardia Civil

Antonio Bautista, empresario implicado en el conocido 'caso Mediador', habría efectuado pagos iniciales que alcanzaron hasta los 2.000 euros y entregado obsequios valorados en cerca de 250 euros al general retirado de la Guardia Civil Francisco Espinosa, según la acusación de la Fiscalía recogida por Europa Press. Estas actividades se relacionan con una supuesta red de sobornos vinculada a la concesión de contratos públicos para la instalación de placas fotovoltaicas en Canarias. El Tribunal de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife analiza estos hechos en el juicio iniciado este jueves, dentro de la primera de las tres piezas separadas del caso.

De acuerdo con Europa Press, la Fiscalía solicita una condena de un año de prisión para cada uno de los tres acusados: Francisco Espinosa, Antonio Bautista y Marco Antonio Navarro Tacoronte, intermediario en la operación. Este proceso se realiza ante un jurado popular y se espera su desarrollo durante cuatro días. El primer día del juicio se centró en las cuestiones previas presentadas tanto por la acusación como por la defensa, mientras que la segunda jornada, que tendrá lugar a partir de las 9.30 horas, incorporará declaraciones de agentes de la Guardia Civil y otros testigos clave.

Durante la presentación de su escrito, la Fiscalía sustentó que Bautista contactó con Navarro Tacoronte por la supuesta capacidad de este para facilitar la obtención de contratos y subvenciones ante organismos públicos en Canarias. El documento judicial detalla que Navarro Tacoronte se presentaba como una persona influyente, afirmando estar "integrado" en el Ejecutivo regional, pese a carecer de vinculación formal con gobiernos o instituciones públicas. Utilizaba la imagen y posición de Espinosa, quien había ejercido como alto responsable de la Guardia Civil en Canarias durante cuatro años, para impresionar a empresarios y hacer creíble la presunta posibilidad de obtener beneficios comerciales a través del pago de comisiones o regalos.

Según describe Europa Press, los encuentros para negociar estas operaciones solían organizarse en restaurantes, donde Bautista asumía todos los costes y comenzaba a realizar obsequios, como las cajas de puros mencionadas y distintos viajes. La Fiscalía sostiene que estos gestos buscaban cimentar la confianza con los presuntos intermediarios, crear una apariencia de poder y asegurar la disposición de los empresarios a asumir los pagos exigidos a cambio de supuestas ventajas contractuales.

La defensa de Espinosa se apoyó en que, desde 2017, el exgeneral estaba separado de la función pública, manteniéndose en “servicios especiales” en el proyecto estatal GAR-SI Sahel y alegando carencia de relación con la administración. Negó que Espinosa hubiese realizado actos ilegales o utilizado su antigua posición en beneficio propio o ajeno. Según el letrado, las actuaciones evaluadas por la Fiscalía representan "situaciones privadas y particulares", como la presentación de conocidos o el asesoramiento profesional, y no constituyen ningún delito.

Por su parte, el abogado de Antonio Bautista enfatizó la falta de delito en las conductas atribuidas a su cliente, remarcando que no existía “elemento público” en las actividades realizadas y que no se había pagado cantidad alguna al exgeneral Espinosa, argumentando que cualquier pago obedecía solo a la intervención de Navarro Tacoronte. El letrado insistió ante el jurado en la necesidad de poner en duda las acusaciones de la Fiscalía, atribuyéndolas a la ausencia de pruebas contundentes y subrayando que los supuestos contactos con empresarios no generaron ningún resultado comercial para su representado.

Durante la sesión también intervino la defensa de Navarro Tacoronte. El abogado trasladó que las acusaciones de la Fiscalía deberían analizarse con distancia y objetividad, remarcando que la actividad profesional de su cliente se basaba en mediar exclusivamente entre empresarios particulares. Explicó que Navarro Tacoronte nunca asumió funciones públicas y que las relaciones forjadas se limitaban al ámbito privado, obteniendo remuneraciones por facilitar el contacto entre partes interesadas.

El medio Europa Press detalló que, al final del primer día del juicio, la Fiscalía anunció la incorporación de nuevas pruebas, incluyendo la comparecencia de dos agentes de la Guardia Civil y una grabación que considera “absolutamente pertinente” para la causa. Está planificada la continuación del juicio durante los próximos días, abriéndose en la siguiente jornada con testimonios de efectivos y otros testigos considerados clave por las partes en disputa.

Dentro del escrito de la Fiscalía, en el que se basan gran parte de los argumentos que analiza el jurado popular, se apunta a la creación de una estructura en la que los acusados presuntamente aprovechaban contactos y apariencia de influencia para obtener contratos y captar comisiones. Las partes demandan al jurado que evalúe las pruebas disponibles, cuestionando la existencia o no de delitos y la verdadera naturaleza pública o privada de las interacciones y compensaciones puestas en tela de juicio.

Este juicio, según informó Europa Press, representa la primera sección de tres investigaciones dentro del 'caso Mediador' y pone en foco las relaciones entre el sector privado y público en el desarrollo de proyectos energéticos en el archipiélago. Las sesiones continuarán a lo largo de la semana con la presentación de estándares probatorios, nuevos testimonios y la valoración jurídica de los hechos expuestos por acusación y defensa.